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La regularización masiva de inmigrantes ilegales promovida por el Gobierno vuelve a situarse en el centro del debate jurídico y político. La organización cívica Hazte Oír ha confirmado que recurrirá la medida ante el Tribunal Supremo.
La entidad presentará un recurso contencioso-administrativo en cuanto el Ejecutivo publique la regularización en el Boletín Oficial del Estado. Solicitará además medidas cautelares para frenar su aplicación inmediata.
Hazte Oír sostiene que la iniciativa del PSOE y Podemos no responde a una política migratoria ordinaria. A su juicio, el Gobierno busca alterar de forma acelerada la composición del cuerpo social con capacidad de influir en procesos electorales.
Desde la organización advierten de una actuación administrativa con finalidad política. Consideran que el Ejecutivo pretende consolidar una ventaja partidista mediante una regularización masiva sin debate parlamentario real.
La regularización masiva de inmigrantes ilegales genera así un conflicto institucional que llegará a la máxima instancia judicial del país.
Acusaciones de uso electoralista del poder
Hazte Oír considera que el PSOE intenta convertir una decisión de enorme impacto social en un instrumento de ventaja electoral. La organización califica la medida como una “compra de voluntades” a través del poder reglamentario. Según su análisis jurídico, el Gobierno vulnera principios básicos del Estado de Derecho. Señala la quiebra de la neutralidad institucional y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Se presenta, según Hazte Oír, como una actuación orientada a modificar el equilibrio del electorado. La entidad insiste en que el Ejecutivo utiliza la acción administrativa para condicionar el escenario político.
“No estamos ante una política pública ordinaria”, señalan fuentes de la organización. Alertan de un intento deliberado de influir en futuras convocatorias electorales mediante decisiones irreversibles. Este planteamiento sitúa la regularización en un terreno ajeno a la gestión responsable de la inmigración.
Fundamentos jurídicos del recurso
Hazte Oír subraya que una regularización masiva de inmigrantes ilegales exige una justificación reforzada y una motivación rigurosa. La organización recuerda que la Constitución impone límites claros a la actuación del poder ejecutivo y podría modificar de forma permanente el censo social y electoral del país. HO sostiene que el Gobierno no puede adoptar decisiones de este alcance sin respetar el principio de legalidad. Tampoco puede imponer cambios sociales profundos por vía administrativa.
El recurso se presentará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Hazte Oír actuará dentro del plazo legal de dos meses desde la publicación en el BOE.
Inmigración, soberanía y Estado de Derecho
El debate sobre la regularización masiva de inmigrantes trasciende la cuestión migratoria. Afecta directamente a la soberanía nacional y a la limpieza de los procesos electorales. España necesita una política migratoria ordenada, legal y compatible con el interés general. No puede aceptar decisiones improvisadas al servicio de mayorías parlamentarias inestables.
Desde Hazte Oír insisten en que la inmigración no puede utilizarse como herramienta política. Alertan de los riesgos sociales, económicos y jurídicos de una regularización acelerada. La entidad recuerda que el respeto a la ley protege tanto a los nacionales como a los inmigrantes legales. Sin seguridad jurídica, el sistema pierde credibilidad y cohesión.
La regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno abre una fractura institucional que exige respuesta judicial.
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