Impacto España Noticias
La tragedia ferroviaria de Adamuz ha devuelto a primer plano decisiones adoptadas años atrás en el seno de Adif. Documentación incorporada a la investigación del caso Koldo, en concreto correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil, refleja que un plan de ajuste presupuestario aplicado durante la presidencia de Isabel Pardo de Vera tuvo un impacto directo y significativo en el área de Conservación y Mantenimiento, precisamente la responsable del estado de la vía.
Isabel Pardo de Vera dirigió durante varios años el gestor ferroviario y actualmente figura como investigada en la causa que instruye la Audiencia Nacional. La exdirigente está imputada por delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.
Su nombre ha vuelto a situarse en el centro del debate público porque el origen administrativo de las actuaciones en el tramo de Adamuz se remonta a su etapa en la Administración.
En el marco de la investigación, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil accedió al correo corporativo de Pardo de Vera para analizar adjudicaciones públicas presuntamente vinculadas al cobro de comisiones. Entre los mensajes incorporados a las diligencias del magistrado Ismael Moreno destaca uno fechado el 20 de abril de 2020, en pleno contexto del confinamiento y del parón económico provocado por la pandemia.
Aquel correo, remitido por el entonces director financiero de Adif, Manuel Fresno Castro, detallaba el alcance del ajuste presupuestario que el organismo debía aplicar. El mensaje llegó tanto a Pardo de Vera como a Raúl Míguez Bailo, responsable del área de Mantenimiento en aquel momento y cesado recientemente por el ministro de Transportes.
El documento cifraba la reducción global en más de 95 millones de euros, con un recorte especialmente severo en los servicios exteriores.
La Dirección General de Conservación y Mantenimiento, que concentraba la mayor parte del presupuesto del ente público, fue el área más afectada. De los cerca de 500 millones previstos inicialmente para 2020, el montante final quedó en 457,6 millones, tras un ajuste superior a los 41 millones de euros, una cifra que duplicó la aplicada al siguiente departamento más perjudicado.
Muy por detrás quedó la Dirección General de Negocio y Operaciones Comerciales, que vio reducido su presupuesto en algo más de 18 millones. En contraste, el área de Presidencia, directamente vinculada a Pardo de Vera, fue la que sufrió el menor recorte de todo el plan, con una disminución de poco más de 640.000 euros. Incluso hubo un departamento, el de Servicios Generales y Ámbito de Red, que cerró el ejercicio con un saldo positivo.
Este reparto del ajuste presupuestario cobra especial relevancia tras el accidente de Adamuz, que ha vuelto a situar el estado de la infraestructura ferroviaria en el centro de la discusión política. VOX ha presentado una querella contra la expresidenta de Adif y atribuye la responsabilidad del siniestro al Ministerio de Transportes por lo que califica como graves negligencias en el mantenimiento de la red.
La crisis ferroviaria también ha tenido consecuencias internas. El ministro Óscar Puente decidió apartar de su cargo a Raúl Míguez, una figura estrechamente ligada a Pardo de Vera. Míguez fue su director adjunto en Adif y, posteriormente, su jefe de gabinete cuando ella asumió la Secretaría de Estado de Transportes.
Precisamente en ese periodo comenzaron a licitarse las obras de renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La primera adjudicación se formalizó en septiembre de 2021, apenas semanas después de la salida de Pardo de Vera de la presidencia de Adif para incorporarse al Ministerio como número dos de José Luis Ábalos.
El contrato superó los 49 millones de euros más IVA y contemplaba ajustes técnicos como modificaciones en la catenaria y la retirada de balasto en amplios tramos del trazado.
Meses después, en abril de 2022, se aprobó una segunda licitación centrada en el tramo concreto donde se produjo el siniestro de Adamuz. El importe ascendió a más de 52 millones de euros, impuestos incluidos, con partidas diferenciadas para obra y suministros. Unos contratos que hoy, a la luz de los recortes previos y de las investigaciones judiciales en curso, refuerzan el debate sobre las decisiones adoptadas en la cúspide de Adif y sus consecuencias en la seguridad ferroviaria.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
WhatsApp: 635967726
