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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a seis meses de cárcel a un hombre por un delito de odio y lesiones contra una mujer musulmana, a la que insultó y agredió en plena calle por llevar hiyab.
La sentencia es firme y recoge el acuerdo al que llegaron el acusado y la Fiscalía antes del juicio que se iba a celebrar el pasado 15 de octubre, por el que E.M.P.D. reconoció los hechos imputados y vio rebajada la petición inicial del Ministerio Público, que solicitaba un año y medio de cárcel.
El fallo le condena a seis meses de cárcel, aunque acuerda que no ingrese porque no se cumplen los requisitos legales —menos de dos años y sin antecedentes— y le prohíbe ejercer profesiones u oficios educativos, docentes, deportivos o de tiempo libre durante seis años. Asimismo, establece una orden de alejamiento y de comunicación con la víctima.
En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 900 euros por daños morales y 100 euros por las lesiones sufridas, más los intereses legales.
El fallo declara probado que el 5 de junio de 2024, movido por prejuicios hacia personas que profesan el Islam, el acusado se dirigió a la víctima para increparla públicamente con expresiones "totalmente despreciativas y degradantes", tanto hacia ella como hacia el colectivo religioso que representaba.
En presencia de otras personas, el acusado le gritó reiteradamente insultos islamófobos y vejatorios, instándola a abandonar España con frases como: "Oye mora, que te estoy hablando… vete a tu país". La víctima intentó grabar los hechos con su teléfono móvil, momento en que el condenado se abalanzó sobre ella, amenazándola con expresiones como: "Te voy a matar, hija de puta, no me grabes".
Durante el forcejeo, el acusado retorció con fuerza el brazo de la mujer, causándole erosiones superficiales. La víctima sufrió un notable estado de desasosiego e intranquilidad, según recoge la sentencia. La actuación policial culminó con la detención del hombre, quien reiteró expresiones de desprecio y hostilidad ante los agentes, reforzando el componente discriminatorio de su conducta.
Los magistrados subrayan la función preventiva y reparadora de las medidas impuestas, especialmente la obligación de realizar un curso de igualdad y no discriminación, orientado a evitar la reiteración de conductas similares y concienciar sobre la gravedad de los delitos motivados por el odio y la intolerancia.
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