La inflación acumulada del 25% asfixia a las familias: el 36,4% de los hogares es incapaz de afrontar imprevistos tras el alza de precios básicos
Noticias08 de febrero de 2026
Impacto España Noticias
La pobreza alimentaria en España se ha convertido en uno de los síntomas más claros del fracaso económico del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras el Ejecutivo presume de cifras macroeconómicas, miles de familias reducen su dieta alimentaria porque ya no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado de forma habitual.
Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística confirman una realidad incómoda. En 2018, solo el 3,6% de los españoles no podía afrontar una comida completa cada dos días. Ese porcentaje subió al 5,4% en 2025, En términos reales, la pobreza alimentaria en España ha crecido un 50% desde que Sánchez ocupa La Moncloa.
Esta situación no responde a una casualidad. Responde a una combinación letal: salarios estancados, impuestos elevados y una inflación acumulada del 25% desde 2019. El resultado se refleja en las mesas de millones de hogares.
La inflación vacía la nevera de las familias
La encuesta de condiciones de vida del INE muestra otro dato demoledor. El 36,4% de los hogares españoles no puede afrontar un gasto imprevisto. Esta cifra no deja margen a la propaganda oficial. Más de un tercio de las familias vive al límite.
El problema no se reduce a un episodio puntual. La inflación golpea de forma directa al consumo básico. En 2025, el precio de los huevos subió más del 30%. La carne de vacuno aumentó un 18%. La carne de ave se encareció un 4,2%. El pescado fresco subió casi un 8%.
Estas cifras explican por qué la pobreza alimentaria en España avanza sin freno. Las familias recortan en calidad y en cantidad. Primero desaparece el pescado. Luego llega el turno de la carne. Al final, muchos hogares sobreviven con productos procesados y dietas de subsistencia.
El Gobierno insiste en que la economía crece. Sin embargo, ese crecimiento no llega a la clase media ni a los trabajadores. La presión fiscal, el encarecimiento energético y la inseguridad laboral destruyen cualquier mejora real.
Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de pobreza
El deterioro social se refleja también en la tasa AROPE. En 2025, el 25,7% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. En términos simples, uno de cada cuatro españoles vive con dificultades estructurales.
La situación resulta todavía más grave entre los menores. El 34% de los niños menores de 16 años se encuentra en situación de exclusión social. Esta cifra debería provocar una alarma nacional. Sin embargo, el Gobierno prefiere gastar millones en ideología de género, burocracia climática y estructuras ideológicas.
El 8,5% de los españoles reconoce que llega a fin de mes con mucha dificultad. Este porcentaje apenas mejora respecto al año anterior. La tendencia no cambia. La precariedad se cronifica.
La pobreza alimentaria en España no afecta solo a colectivos marginales. Afecta a trabajadores, familias con hijos y pensionistas. Personas que pagan impuestos, cumplen la ley y sostienen el sistema.
El fracaso del modelo económico socialista
El modelo económico de Sánchez se basa en gasto público descontrolado, dependencia de subvenciones y ausencia de reformas estructurales. El Gobierno multiplica ministerios, asesores y organismos ideológicos, pero no reduce el coste de la vida.
En lugar de apoyar a la familia, el Ejecutivo castiga el ahorro, penaliza el consumo energético y mantiene una fiscalidad asfixiante. La cesta de la compra se convierte en un lujo para miles de hogares. La pobreza alimentaria en España crece porque el Gobierno ha renunciado a proteger al ciudadano común. Sánchez prioriza la agenda 2030, los compromisos internacionales y la propaganda institucional.
Mientras tanto, los españoles pagan la factura. Pagan más por comer peor. Pagan más por vivir con menos. Es un Estado que no garantiza ni lo básico. La pobreza alimentaria en España refleja el verdadero balance social del sanchismo. Más inflación, menos poder adquisitivo y familias obligadas a renunciar a una alimentación digna.
Un país que no garantiza que sus ciudadanos puedan comer carne, pollo o pescado de forma habitual no avanza, retrocede. Un Estado que presume de crecimiento mientras uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de pobreza ha perdido el contacto con la realidad.
La verdadera justicia social no consiste en repartir subsidios. Consiste en permitir que las familias vivan de su trabajo con dignidad, libertad y seguridad económica.
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