La sauna, ubicada en una zona céntrica próxima a la calle Princesa y la Plaza de España, fue gestionada durante años por sociedades vinculadas a miembros de la familia Gómez Serrano, entre ellos Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Corrupción12 de febrero de 2026 OKD
El 5 de enero de 2008, un cliente de la Sauna Princesa, un establecimiento situado en la calle Mártires de Alcalá número 5 de Madrid, presentó una reclamación oficial ante la Comunidad de Madrid tras detectar cargos bancarios que duplicaban ampliamente el importe que aseguraba haber pactado. La queja, tramitada por la Dirección General de Turismo de la Consejería de Economía, dejó constancia por escrito de un episodio que, según la documentación judicial y administrativa existente, no fue un hecho aislado en la trayectoria del local.
La sauna, ubicada en una zona céntrica próxima a la calle Princesa y la Plaza de España, fue gestionada durante años por sociedades vinculadas a miembros de la familia Gómez Serrano, entre ellos Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El servicio contratado y el precio acordado
Según el relato del reclamante recogido en la hoja oficial, el cliente acordó inicialmente un servicio de media hora por un precio de 150 euros. Al optar por el pago con tarjeta bancaria, se le informó de un recargo adicional de 24 euros. Posteriormente, ya en una de las habitaciones del establecimiento, una de las trabajadoras le ofreció ampliar el servicio con la participación de una segunda mujer por otros 150 euros durante el mismo periodo de tiempo, propuesta que el cliente aceptó.
El usuario rechazó expresamente la ampliación del tiempo a una hora completa, opción que también se le sugirió. De este modo, el importe total que entendía haber autorizado ascendía a 324 euros, suma de dos servicios de media hora más el suplemento por el uso de tarjeta.
Cargos bancarios no reconocidos
La controversia surgió al revisar los extractos bancarios posteriores. En lugar de los dos cargos que el cliente aseguraba haber firmado, aparecieron reflejados tres apuntes distintos: uno de 173 euros, otro de 174 euros y un tercero de 354 euros, este último sin explicación aparente.
Al solicitar aclaraciones en el propio establecimiento, el reclamante afirmó que la encargada del local le respondió que no existía una lista de precios y que los importes cobrados eran correctos. Ante la negativa a devolver la cantidad cuestionada y la dificultad para obtener una hoja de reclamaciones, el cliente solicitó la intervención de la Policía Municipal, que acudió al local aquella misma noche.
Precios y funcionamiento descritos por los tribunales
Los importes mencionados en la reclamación coinciden con los precios que figuran en diversas resoluciones judiciales relativas a la actividad de la Sauna Princesa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dejó constancia en varias sentencias de que el establecimiento cobraba 150 euros por media hora y 300 euros por una hora completa.
Las mismas resoluciones describieron el modelo económico aplicado: la empresa gestionaba directamente el cobro a los clientes y entregaba aproximadamente el 50 % del importe a las trabajadoras, quedándose con el resto. A estos ingresos se sumaban los procedentes de consumiciones, que alcanzaban precios elevados según consta en la documentación judicial.
Pronunciamientos del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo se pronunció en 2001 sobre la naturaleza de la actividad desarrollada en la Sauna Princesa, afirmando que en el local se ejercía la prostitución y que el establecimiento estaba acondicionado para dicho fin. Otras resoluciones posteriores detallaron la existencia de habitaciones en plantas superiores equipadas con camas, jacuzzis y saunas, destinadas a la prestación de estos servicios.
Estos pronunciamientos forman parte de un historial judicial que incluye también otros locales vinculados a la misma familia, como la Sauna Adán o la sauna situada en la Castellana, algunos de los cuales fueron objeto de sanciones, anulaciones de licencias y procedimientos laborales.
Denuncias, inspecciones y cambios societarios
Según informes oficiales de la Policía Municipal de Madrid, el establecimiento acumuló a lo largo de más de dos décadas un elevado número de denuncias e inspecciones. Estas actuaciones se relacionaron con cuestiones administrativas, laborales y de actividad.
La gestión del negocio pasó por distintas sociedades mercantiles. En 2006, la empresa San Bernardo 36 SL quedó en manos de Francisco Enrique Gómez Serrano, hermano de Sabiniano Gómez Serrano. En 2013 se produjo un nuevo traspaso de la propiedad a Ángel Prieto Paz, poniendo fin a la vinculación directa de la familia con el local.
Durante esos años, las sociedades vinculadas a la familia Gómez Serrano mantuvieron un patrimonio inmobiliario relevante, con propiedades en Madrid, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Segovia y otras localidades. Parte de estos bienes cambiaron de titularidad con el paso del tiempo, según consta en registros oficiales.
Testimonios de antiguos empleados
A este conjunto de resoluciones y actuaciones administrativas se suman testimonios de antiguos trabajadores del establecimiento, que describieron el funcionamiento interno del negocio, el sistema de recaudación y el reparto de beneficios. Estas declaraciones incluyeron referencias a Sabiniano Gómez Serrano y a otros miembros de la familia como responsables de la gestión y recogida de ingresos.
Algunos testimonios también aludieron a la presencia habitual de determinados clientes y a supuestos tratos de favor. Estas afirmaciones, de carácter testimonial, no siempre dieron lugar a condenas penales y deben interpretarse dentro del marco de declaraciones personales recogidas en procedimientos o investigaciones periodísticas.
Una reclamación que trasciende lo individual
La hoja de reclamaciones presentada en enero de 2008 se ha convertido en un documento significativo dentro del amplio expediente que rodea la trayectoria de la Sauna Princesa. Más allá de la cuantía económica reclamada, el caso refleja la opacidad en la fijación de precios y las dificultades de los clientes para obtener explicaciones claras sobre los cargos efectuados.
El episodio conecta con un entramado empresarial que fue objeto de pronunciamientos del Tribunal Supremo, resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sanciones administrativas y reiteradas inspecciones policiales durante años.
La documentación acumulada ofrece una visión detallada de un modelo de negocio que operó durante décadas en el centro de Madrid bajo la supervisión intermitente de las autoridades, y cuya actividad quedó definida y delimitada en múltiples resoluciones judiciales, más allá de los nombres propios vinculados a su gestión.
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