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El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a Asier Arzalluz Goñi, exmiembro de la banda terrorista ETA. La decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos permitirá al etarra residir fuera del centro penitenciario bajo determinadas condiciones. La medida ha sido duramente criticada por asociaciones de víctimas del terrorismo, que cuestionan la concesión del beneficio sin que exista un arrepentimiento público por parte de Azalluz.
Arzalluz, integrante del denominado comando Totto de ETA, acumula condenas por delitos de extrema gravedad, entre ellos asesinato, intento de asesinato, atentados terroristas, detención ilegal y depósito de armas de guerra. El 2 de diciembre de 2024 fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle, cometido en Andoain en mayo de 2000. En esa sentencia, la Audiencia Nacional señaló que ni él ni su compañero de comando habían mostrado en más de dos décadas "ningún signo de arrepentimiento o de disculpa".
La concesión del tercer grado se produce apenas una semana después de que el Ejecutivo autonómico aplicara el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki. Gracias a esto se le permite salir de la prisión de Martutene de lunes a viernes y regresar a dormir al centro. Ambas decisiones se enmarcan en las competencias penitenciarias asumidas por el Gobierno vasco en 2021.
Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, dirigido por la socialista María Jesús San José, defienden que estas resoluciones se adoptan conforme a la legalidad vigente y a los informes técnicos correspondientes, dentro de un sistema orientado a la reinserción social.
"Una dirección marcada por la izquierda abertzale"
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado la medida y la ha calificado como un "tercer grado fraudulento". En un comunicado difundido, la asociación sostiene que la política penitenciaria del Gobierno vasco con los presos de ETA "continúa avanzando a toda velocidad en la dirección marcada por la izquierda abertzale: flexibilizar el cumplimiento de las condenas sin exigir el arrepentimiento real que establece la ley para progresar en grado".
La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, ha respondido a las declaraciones de la consejera de Justicia, quien ha asegurado que estas decisiones son "completamente legales". "Claro que son legales", ha afirmado Ordóñez, pero ha recordado que "la ley no obliga a conceder ni terceros grados, ni el artículo 100.2, ni ningún otro mecanismo de flexibilización del cumplimiento de las condenas". "La ley dice que se podrá conceder, no que se deba conceder. Ahí está la trampa", ha añadido.
Según el colectivo, el problema no es la existencia de la norma, sino la interpretación del requisito del arrepentimiento. "Se está vaciando deliberadamente de contenido este requisito esencial que la propia ley establece para progresar en grado. Se cumple formalmente con la legalidad, pero se pervierte su finalidad", ha sostenido Ordóñez, quien ha insistido en que "solo mediante el arrepentimiento sincero por sus crímenes y la deslegitimación pública del terrorismo podremos creer en su reinserción".
COVITE considera que, en el caso de delitos de terrorismo, el arrepentimiento no debería basarse en una carta privada, sino en "hechos objetivos y públicos que acrediten una ruptura real con la trayectoria criminal y con el entorno político y social que todavía justifica el terrorismo". Según el colectivo, en el caso de Arzalluz no se da esa desvinculación.
Arzalluz sigue en la última lista actualizada de Etxerat
El colectivo señala que el exmiembro de ETA figura en la última lista actualizada de Etxerat, organización que agrupa a presos de la banda vinculados a SORTU, y que su imagen continúa apareciendo en actos públicos a favor de la excarcelación de reclusos. "Estos hechos son incompatibles con cualquier arrepentimiento real.
Demuestran que no ha existido desvinculación alguna del entramado radical que alentó el terrorismo y todavía hoy lo justifica", ha asegurado Ordóñez.El colectivo ha subrayado que determinar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido es, a su juicio, sencillo: cuando existe un arrepentimiento real, el interno queda automáticamente apartado del entorno político y social de EH Bildu. "Ese es el único indicador fiable. Y no se da en este caso", han concluido desde COVITE.
La asociación ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra la progresión al tercer grado para impedir lo que define como una "amnistía encubierta" que afecta al derecho de las víctimas a la justicia. Ha recordado además que, en la fase de ejecución de condenas, las víctimas no pueden personarse, por lo que el Ministerio Público es la única institución que puede impugnar estas decisiones.
Con la concesión del tercer grado a Arzalluz, continúan las progresiones de grado y regímenes de semilibertad aplicados a presos de ETA desde la transferencia de la gestión penitenciaria al Gobierno vasco.
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