La tesis defendida por Garzón es sencilla y difícil de rebatir desde la lógica sindical: solo quienes convocan una huelga pueden desconvocarla. Negociar con terceros —aunque sean sindicatos mayoritarios— no sustituye a los promotores del paro
Corrupción13 de febrero de 2026
Impacto España NoticiasLa política tiene un límite: la realidad. Cuando un ministro comparece y anuncia que ha alcanzado un acuerdo para desconvocar una huelga en un servicio esencial como el ferroviario, la ciudadanía entiende que ese acuerdo ha sido negociado con quienes convocaron el paro y que el conflicto ha quedado resuelto.
Eso fue lo que hizo Óscar Puente al comunicar que su departamento había cerrado un pacto con Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT). El mensaje era claro: el Gobierno había gestionado con eficacia la crisis y evitado un colapso ferroviario.
Sin embargo, días después, en el plató de Todo es mentira, el programa de Risto Mejide en Cuatro, el presidente del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMA), Francisco Garzón, ofreció una versión que dinamita el relato oficial: los sindicatos convocantes no participaron en la negociación ni firmaron el acuerdo anunciado.
No estamos ante una mera discrepancia sindical. Estamos ante un problema de credibilidad institucional.
La gestión tras la tragedia: entre la defensa propia y la percepción de falta de empatía
La controversia sobre el acuerdo sindical no es el único frente que ha erosionado la figura de Óscar Puente. Su gestión y sus declaraciones tras el accidente ferroviario que dejó 47 fallecidos han sido también objeto de fuerte crítica política y social.
En comparecencias públicas posteriores al siniestro, el ministro defendió la actuación de su departamento y sostuvo que se había actuado conforme a los protocolos y responsabilidades establecidos. Desde el punto de vista institucional, es comprensible que un responsable político subraye el cumplimiento de los procedimientos y evite asumir culpas antes de que concluyan las investigaciones técnicas y judiciales.
Sin embargo, parte de la opinión pública interpretó sus palabras como excesivamente defensivas y centradas en justificar la actuación del Ministerio. Para asociaciones de víctimas y sectores críticos, el énfasis en que “se hizo todo correctamente” contrastó con la dimensión humana de la tragedia.
En situaciones de esta magnitud, la gestión política no se mide únicamente en términos de cumplimiento normativo. También se evalúa en clave de empatía, sensibilidad y asunción simbólica de responsabilidad. No se trata necesariamente de atribuir culpa penal —cuestión que corresponde a los tribunales— sino de valorar si el tono y el mensaje transmitido estuvieron a la altura del dolor generado.
La percepción de frialdad o falta de autocrítica puede tener un impacto duradero. En crisis con víctimas mortales, la ciudadanía espera no solo explicaciones técnicas, sino también cercanía y reconocimiento del sufrimiento causado.
Cuando esa dimensión emocional se percibe insuficiente, el debate trasciende lo jurídico y se instala en el terreno de la legitimidad política.
La cuestión central: ¿quién puede cerrar una huelga?
En derecho laboral, una huelga no es una abstracción. Es un acto formal convocado por organizaciones concretas que registran la convocatoria y asumen su responsabilidad jurídica.
La tesis defendida por Garzón es sencilla y difícil de rebatir desde la lógica sindical: solo quienes convocan una huelga pueden desconvocarla. Negociar con terceros —aunque sean sindicatos mayoritarios— no sustituye a los promotores del paro.
El Ministerio puede alegar que CC.OO. y UGT ostentan representatividad suficiente en el sector. Es cierto que ambas centrales tienen presencia mayoritaria en muchos comités de empresa y cuentan con legitimación formal para negociar materias laborales.
Pero aquí no se discutía un convenio general. Se discutía una huelga concreta, con convocantes identificados. Y según lo expuesto públicamente por el presidente de SEMA, esos convocantes quedaron fuera de la mesa.
La diferencia entre legalidad formal y legitimidad material es la grieta por la que se cuela la desconfianza.
Un acuerdo útil políticamente
El anuncio del acuerdo cumplió un objetivo inmediato: transmitir normalidad. Evitar titulares sobre estaciones paralizadas. Mostrar capacidad de gestión. Proyectar control.
En política, los tiempos importan. Y cerrar un conflicto antes de que estalle tiene valor estratégico.
Pero si el acuerdo no integraba a quienes impulsaron la huelga, entonces el anuncio fue, como mínimo, incompleto. Y cuando la información pública es incompleta en un asunto de esta magnitud, el problema ya no es técnico: es político.
Porque la ciudadanía no distingue entre “representatividad abstracta” y “convocantes reales”. La ciudadanía escucha que “hay acuerdo” y entiende que el conflicto ha terminado.
Si no era así, el Gobierno tenía la obligación de explicarlo con precisión.
El papel de CC.OO. y UGT
Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores son actores centrales del diálogo social en España. Reciben financiación pública dentro del marco legal que regula la actividad sindical, al igual que organizaciones empresariales y otras entidades sociales.
Ese modelo es legal. Pero la percepción pública no siempre distingue entre financiación institucional y proximidad política.
Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha cultivado una relación fluida con los sindicatos mayoritarios. Esa cooperación ha permitido acuerdos laborales relevantes. Pero también ha alimentado la crítica de quienes consideran que la confrontación sindical con el poder ha desaparecido desde hace siete años.
En este conflicto concreto, la crítica no es ideológica sino procedimental: si CC.OO. y UGT no convocaron la huelga, ¿era suficiente su firma para darla por desactivada?
Esa pregunta sigue sin respuesta clara.
No se puede desconvocar lo que no se ha convocado
La huelga fue registrada y promovida por sindicatos concretos. No por CC.OO. y UGT. Según explicó Garzón, su organización no fue llamada a negociar y no rubricó documento alguno.
Desde el punto de vista sindical, el argumento es demoledor: solo quienes convocan una huelga pueden desconvocarla. Negociar con terceros puede servir para otros fines, pero no sustituye a los promotores del conflicto.
El Ministerio puede escudarse en la representatividad formal de CC.OO. y UGT. Pero aquí no hablamos de un convenio colectivo genérico: hablamos de una huelga concreta, con convocantes identificados.
Anunciar su desactivación sin su firma es, como mínimo, una temeridad política y un fraude a la ciudadania.
El contexto: tensión acumulada en el sistema ferroviario
El conflicto no surge en el vacío. La red ferroviaria española ha vivido en los últimos años episodios de tensión: incidencias técnicas, problemas de material rodante, retrasos reiterados y debates sobre mantenimiento e inversión.
En ese clima, cualquier error de comunicación adquiere mayor gravedad. Porque no se interpreta como un hecho aislado, sino como parte de una gestión cuestionada.
En democracia, la responsabilidad política no exige una condena judicial. Exige asumir las consecuencias cuando la confianza pública se erosiona.
Si el acuerdo anunciado no incluía a los convocantes, el ministro debía prever el impacto de esa omisión.
La dimensión ética del cargo
Óscar Puente es un político de perfil combativo, acostumbrado al choque dialéctico y a insultar a los que lo critican, incluso a ciudadanos que se quejan del ministro. Pero la gestión de un ministerio no se mide en tuits ni en titulares. Se mide en capacidad de integrar, negociar y cerrar conflictos sin dejar cabos sueltos.
Cuando un presidente sindical desmiente en televisión nacional la existencia del acuerdo tal y como fue presentado, el problema ya no es un desacuerdo técnico. Es un cuestionamiento directo a la narrativa oficial.
La pregunta no es si hubo una mesa con CC.OO. y UGT. La pregunta es si el Gobierno explicó toda la verdad sobre el alcance real de ese pacto.
Un pacto con quienes no convocaron
Óscar Puente anunció que había alcanzado un entendimiento con Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), presentándolo como la solución que permitía desactivar la huelga y devolver la normalidad al servicio ferroviario.
Sin embargo, según explicó el presidente de SEMA en televisión, ni su sindicato ni otros convocantes participaron en la negociación. Más aún, recordó que CC.OO. y UGT no promovieron esa huelga concreta y que, según su versión, ni siquiera eran partidarios de convocarla.
La crítica es directa: no se puede cerrar un conflicto con quienes no lo iniciaron, ni desconvocar una huelga desde fuera si quienes la registraron oficialmente no suscriben el acuerdo.
La política no puede ser escenografía
España necesita estabilidad institucional. Pero la estabilidad no puede construirse sobre escenificaciones.
Si el conflicto seguía abierto con los convocantes, anunciar su cierre fue precipitado.
Si el acuerdo era parcial, debía explicarse como parcial.
Si faltaban firmas, debía reconocerse.
Porque la confianza pública no se sostiene en ruedas de prensa, sino en coherencia.
Y cuando la política sustituye a la negociación real, el coste no lo paga el ministro en un debate televisivo. Lo paga la credibilidad del sistema.
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