La medida daría poder policial sin denuncia previa. Protestar o rezar a menos de doscientos metros de clínicas ya será delito. No se persiguen delitos, se persigue opinión
Nacional16 de febrero de 2026 AE
Los comunistas de Sumar blindan el aborto. Esa es la realidad política que ya se dibuja en España tras el registro de una Proposición de Ley Orgánica el viernes pasado que busca convertir el aborto en un derecho blindado frente a cualquier disidencia pública. La iniciativa pretende imponer zonas de exclusión de doscientos metros alrededor de clínicas abortivas, donde rezar, protestar o mostrar carteles provida podría constituir delito, incluso sin denuncia previa.
La propuesta surge del entorno comunista de Yolanda Díaz y cuenta con el respaldo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El argumento oficial habla de “protección a las mujeres”. El efecto real consiste en restringir la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho de reunión.
Zonas de exclusión para silenciar la disidencia
Sumar quiere introducir en el Código Penal la figura de “conductas disuasorias, culpabilizadoras o intimidatorias” sin definirlas con claridad. Esa ambigüedad permite que cualquier gesto provida pueda considerarse delito. No se exige que exista grupo organizado. No se requiere denuncia previa. Basta con que la autoridad policial interprete que una persona “molesta” con su presencia.
La consecuencia resulta evidente: el Estado obtiene poder para actuar de oficio contra ciudadanos pacíficos. No se persigue violencia. No se castigan amenazas. Se penaliza la opinión.
De la democracia al perímetro ideológico
Sumar copia modelos extranjeros donde ya funcionan los llamados buffer zones. En esos países, el resultado siempre repite el mismo patrón: el espacio público deja de ser plural y se convierte en territorio ideológicamente controlado.
Doscientos metros de silencio obligatorio alrededor de clínicas abortivas no protegen derechos. Restringe la libertad de expresión e imponen una moral oficial.
Feminismo institucional y censura encubierta
Desde el discurso oficial, Sumar presenta la medida como lucha contra el “acoso”. Sin embargo, el texto legal no refuerza ayudas a madres vulnerables, no amplía recursos psicológicos y no promueve alternativas reales al aborto. Solo introduce castigo y despliega control. Solo crea infracción.
No se persiguen delitos, se persigue opinión.
Esa es la esencia de la propuesta: criminalizar la disidencia provida mientras se protege una única postura ideológica. Bajo la etiqueta de feminismo institucional, el Gobierno sustituye el debate por sanción. La discrepancia moral se transforma en problema de orden público.
Poder policial sin denuncia previa
La iniciativa permitiría que las fuerzas de seguridad actúen sin que nadie haya presentado denuncia. Basta con que un agente considere que alguien “interfiere” en el derecho al aborto.
Ese mecanismo rompe un principio básico del Estado de Derecho: no hay delito sin víctima concreta. Aquí, la víctima resulta abstracta. El daño se presume. La sanción se adelanta. Se abre así la puerta a multas, identificaciones, expulsiones y procesos penales contra personas cuyo único acto consiste en rezar en silencio o mostrar un mensaje provida.
Libertad bajo vigilancia permanente
Sumar habla de seguridad. En realidad, construye un modelo de vigilancia ideológica permanente donde la libertad de expresión deja de ser un derecho y pasa a convertirse en concesión administrativa.
La libertad religiosa deja de ser protegida y se transforma en riesgo sancionable. El derecho de reunión se limita según el contenido del mensaje.
La propuesta de Sumar no protege mujeres. Protege una ideología. No fortalece derechos. Debilita libertades. Impone pensamiento único.
España camina hacia un escenario donde rezar puede ser delito, opinar puede ser sanción y discrepar puede ser persecución administrativa. Ese es el modelo de un Estado que teme la verdad y castiga la conciencia.
Los comunistas de Sumar no blindan derechos, blindan el aborto porque ya no tolera la libertad.
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