Impacto España Noticias
El último informe de la misión del Parlamento Europeo tras su visita a Canarias ha puesto cifras a una realidad incómoda: cerca de la mitad de los supuestos menores extranjeros no acompañados sometidos a pruebas de determinación de edad fueron finalmente declarados adultos.
El dato, contundente y difícil de relativizar, reabre el debate sobre la gestión migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y sobre las consecuencias de una política que sus críticos califican como de “puertas abiertas”.
La cuestión no es menor. Hablamos de miles de personas que llegan a territorio español por la ruta atlántica, muchas de ellas identificadas inicialmente como menores de edad, lo que activa automáticamente un sistema de protección específico, más garantista y costoso, pensado para salvaguardar a niños y adolescentes en situación de desamparo. Sin embargo, si casi la mitad de los evaluados resultan ser mayores de edad tras las pruebas médicas, el margen de error inicial es, como mínimo, preocupante.
El dato que cambia el relato
Durante años, el discurso oficial ha insistido en la necesidad de reforzar la protección de la infancia migrante, apelando a compromisos internacionales y a la obligación moral de atender a quienes huyen de situaciones extremas. No obstante, el informe europeo introduce un elemento de distorsión en ese relato: una proporción significativa de quienes son derivados al sistema de menores no lo serían realmente.
Las pruebas de determinación de edad —radiografías óseas, estudios dentales y otros métodos médicos— no están exentas de polémica, pero constituyen actualmente el mecanismo técnico disponible cuando existen dudas fundadas sobre la edad declarada. Que casi uno de cada dos casos analizados termine siendo adulto sugiere que la identificación inicial está fallando de forma sistemática.
El problema no es solo estadístico. Es estructural.
Presión sobre un sistema desbordado
El archipiélago lleva años soportando una presión migratoria creciente. Centros de acogida saturados, instalaciones provisionales convertidas en soluciones permanentes y servicios sociales al límite forman parte del paisaje habitual en las islas. La situación es especialmente delicada en enclaves como El Hierro, donde la capacidad administrativa y asistencial es limitada.
Cuando una persona es registrada como menor, pasa automáticamente a depender del sistema de protección de la comunidad autónoma. Esto implica recursos específicos: alojamiento diferenciado, educadores, escolarización, asistencia psicológica y jurídica. El coste económico es considerable, pero más relevante aún es el impacto organizativo.
Si una parte sustancial de esos casos no corresponde realmente a menores, el sistema se ve tensionado innecesariamente. Los recursos que deberían destinarse a niños verdaderamente vulnerables se diluyen en una gestión que, según el informe europeo, parte de una base defectuosa.
El incentivo perverso
Uno de los aspectos más delicados del debate es el posible “efecto llamada” asociado a la condición de menor. En la práctica, ser considerado menor de edad otorga mayores garantías de permanencia en territorio español y reduce el riesgo de expulsión inmediata.
En un contexto de fronteras permeables y controles desbordados, el incentivo es evidente: declararse menor puede suponer una ventaja estratégica. Si además el sistema de identificación inicial es laxo o carece de mecanismos eficaces de verificación inmediata, el problema se amplifica.
El Ejecutivo ha defendido reiteradamente su política migratoria como humanitaria y respetuosa con los derechos fundamentales. Sin embargo, la gestión de fronteras no puede basarse únicamente en declaraciones de principios. Requiere procedimientos sólidos, verificaciones rigurosas y coordinación eficaz entre administraciones.
La crítica a la política de “puertas abiertas”
Los detractores de la estrategia del Gobierno sostienen que la combinación de mensajes políticos ambiguos, regularizaciones extraordinarias y ausencia de un control fronterizo robusto ha contribuido a consolidar la percepción de que España es una puerta de entrada accesible a Europa.
La ruta atlántica, especialmente activa en los últimos años, no puede analizarse al margen de ese contexto. Cada embarcación que llega refuerza la narrativa en los países de origen de que el acceso es posible y que, una vez en suelo español, las probabilidades de permanencia son elevadas.
El dato del informe europeo no demuestra por sí solo una política de puertas abiertas, pero sí cuestiona la eficacia de los mecanismos de control. Si el sistema no distingue con precisión entre menores y adultos en casi la mitad de los casos evaluados, el problema no es únicamente humanitario: es de gobernanza.
Impacto social y político
La gestión migratoria se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate político en España y en Europa. La saturación de recursos, la percepción de inseguridad en determinados entornos y el coste presupuestario alimentan una creciente polarización.
En Canarias, la sensación de abandono institucional es recurrente. Las autoridades autonómicas han reclamado en múltiples ocasiones una mayor implicación del Estado y una distribución solidaria de menores entre comunidades. Sin embargo, el debate sobre la edad real de muchos de estos jóvenes introduce un nuevo elemento de tensión: ¿están las comunidades asumiendo responsabilidades que no les corresponden?
Al mismo tiempo, organizaciones sociales advierten del riesgo de estigmatización y recuerdan que detrás de cada cifra hay una persona. La respuesta, por tanto, no puede ser simplista. Pero tampoco puede ignorar los datos.
¿Reformar el sistema?
El informe europeo abre la puerta a revisar los protocolos de identificación y determinación de edad. Algunas posibles líneas de actuación incluyen:
Mejorar la cooperación con los países de origen para la verificación documental.
Establecer pruebas médicas más homogéneas y rápidas.
Garantizar seguridad jurídica tanto para el afectado como para la administración.
Reforzar los controles en frontera para evitar registros erróneos iniciales.
Sin embargo, cualquier reforma técnica será insuficiente si no va acompañada de una revisión estratégica de la política migratoria en su conjunto. La gestión de flujos masivos no puede improvisarse ni sustentarse únicamente en criterios ideológicos.
Entre la responsabilidad y la realidad
La inmigración es un fenómeno complejo que exige equilibrio entre humanidad y legalidad. Negar la dimensión humanitaria sería injusto; ignorar los fallos del sistema, irresponsable.
El dato de que casi la mitad de los supuestos menores evaluados resultaran adultos no es anecdótico. Es un síntoma. Un síntoma de que algo no funciona como debería en el engranaje institucional que gestiona uno de los mayores retos contemporáneos de España.
La política migratoria no puede construirse sobre eslóganes. Requiere rigor, previsión y control efectivo. Si el informe europeo sirve para impulsar una revisión profunda y honesta del modelo actual, habrá cumplido una función esencial. Si se limita a convertirse en munición partidista, el problema seguirá intacto.
Y mientras tanto, Canarias continuará en primera línea de una crisis que no admite ni improvisaciones ni discursos complacientes.
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