El Supremo incorpora al juicio contra Ábalos el informe de la UCO que sostiene que habría cobrado «un millon»

El próximo 7 de abril, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, saldrán de la prisión de Soto del Real en la que llevan durmiendo más de tres meses para acudir al Tribunal Supremo. 

La cita judicial marca el inicio de su primer juicio por el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ambos se enfrentan a penas que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión por supuestos delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

Pero no estarán solos. Junto a ellos, también se sentará en el banquillo de los acusados Víctor de Aldama. El empresario, que es el único de los tres procesados que se encuentra en libertad, se enfrenta a una pena muy inferior a la de sus 'colegas' por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada que alcanzan un máximo de 7 años de prisón.

Por otro lado, también declararán en calidad de testigo personas vinculadas a la causa de hidrocarburos y de los pagos en metálico que el PSOE hizo en favor de sus trabajadores. Este es el caso de Carmen Pano, la empresaria que dijo haber entregado en la sede del partido socialista 90.000 euros en efectivo y su hija, Leonor Pano.

 También tendrá que acudir Mariano Moreno Pavón, el exgerente del PSOE que manifestó en su declaración que en el partido no había un control exhausto de los tickets; y Celia Rodríguez, una de las trabajadoras.

En cuanto a los testigos con vínculos en el caso hidrocarburos, también declararán Claudio Rivas, dueño de Villafuel, o el empresario Manuel Salles. Sin embargo, estos no van a ser los únicos tintes que habrá en el juicio relacionado con la trama de los carburantes.

Y es que, el pasado 12 de febrero, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó en la audiencia previa que se tuviese en cuenta como prueba en el juico el último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionado con la trama de hidrocarburos que se está investigando en la Audiencia Nacional.

El informe de la UCO sobre hidrocarburos

En concreto, el representante del Ministerio Público se refería al escrito en el que el Instituto Armado determinó que la trama del fuel "compró la voluntad" de Ábalos con un total de un millón de euros en "dádivas" para beneficiar a Villafuel, que buscaba la concesión de la licencia de operadora de hidrocarburos.

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Según la UCO, "la organización criminal dirigida por Claudio Rivas dispuso, aproximadamente, de un millón de euros destinados al abono de contraprestaciones económicas ilícitas" dirigidas al exministro de Transportes. 

Los agentes llegaron a esta conclusión tras interceptar una serie de mensajes. "Se les ha dado mucho dinero, más de 1 kilo", reveló Leonor Pano, hija de la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, en una conversación interceptada por los agentes.

Buena parte de esas contraprestaciones en favor de Ábalos se destinaron a la compra de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) por casi 600.000 euros.

Lugar en el que el exministro disfrutó de sus vacaciones en el verano de 2021. Una vivienda que además "intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza", rezaba el citado informe.

Por lo que, a juicio del fiscal Anticorrupción, el informe guardaba relación con los hechos. Ahora, los magistrados de la Sala de lo Penal han aceptado que este escrito forme parte del juicio, que se analizará con detenimiento durante las sesiones.

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