La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el cantante Julio Iglesias ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el que denunciaba la "actuación arbitraria" de la Fiscalía por no entregarle el contenido de su investigación.
El cantante fue denunciado por dos de sus exempleadas del hogar por supuestos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y delito contra los trabajadores. No obstante, el artista no ha llegado todavía a conocer la información recogida en el procedimiento archivado por la Fiscalía en enero. Por ello, presentó un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional denunciando la actitud de la Fiscalía que dirige Teresa Peramato.
En una diligencia de ordenación, el Tribunal Central de Instancia Sección de lo Contencioso-Administrativo nº 5 accede a estudiar el caso y exige a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le envíe toda la documentación sobre la denuncia contra Julio Iglesias.
"Requerir con carácter urgente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo de cinco días, a contar desde la recepción del requerimiento, remita el expediente administrativo en soporte electrónico, acompañado de los informes y datos que estime procedentes, con los apercibimientos contenidos en el Art 48 de la LJCA", se desprende de las diligencias.
De esta forma, se acuerda investigar el caso para conocer si la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional es "manifiestamente contraria a Derecho", como entendía el recurso planteado por el cantante. Este mismo, también cargaba contra la Fiscalía General del Estado después de que la Secretaría Técnica de la misma apoyase las decisiones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional: "Produce mayor estupor aún".
Existen precedentes
No es la primera ocasión en la que un supuesto damnificado por la actuación de la Fiscalía interpone un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo para denunciar su actuación. El fiscal Ignacio Stampa interpuso un recurso contra un decreto de la Fiscal Jefe Inspectora de julio de 2023 dictado por la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz por ocultarle un expediente de investigación contra él mismo.
Finalmente, la Sala Tercera del Tribunal Supremo condenó a la Fiscalía General del Estado de García Ortiz en 2024 argumentando que "la solicitud de información proviene de la persona a la que dicha información se refiere, es decir, del directamente afectado" y, por tanto, debía habérsela facilitado. Es un caso similar al de Julio Iglesias. El Supremo ordenó que el expediente llegase a Stampa y condenó a la Abogacía del Estado a pagar las costas de su defensa.
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