Plus Ultra y Zapatero: La aerolínea pagó 707.000 euros q empresas de un amigo de José Luis Rodríguez Zapatero; 661.000 acabaron en manos de él y sus hijas

 Remunerar su supuesta mediación ante el Gobierno de Pedro Sánchez para que Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021
Corrupción11 de marzo de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias

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La aerolínea Plus Ultra abonó al menos 707.000 euros a las empresas que gestionaba el empresario Julio Martínez Martínez, persona del entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por unos supuestos trabajos de asesoramiento. Sin embargo, la mayor parte de ese dinero terminó en manos del propio Zapatero y de sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

Según fuentes próximas a la investigación citadas por EC, la familia habría recibido 661.000 euros, lo que equivale aproximadamente al 93% del total pagado por la compañía aérea.

El objetivo, según esa hipótesis, habría sido remunerar su supuesta mediación ante el Gobierno de Pedro Sánchez para que Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021.

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De acuerdo con esta línea de investigación, las facturas emitidas por Zapatero y sus hijas —canalizadas a través de su agencia de publicidad Whathefav SL— por trabajos de consultoría y comunicación digital podrían no corresponder a servicios reales.

Los investigadores destacan además que el empresario Julio Martínez Martínez apenas conservó una parte mínima de los fondos que circularon por sus compañías, algo que consideran difícil de justificar desde el punto de vista empresarial y que apuntaría a un papel meramente instrumental dentro del entramado.

Otro elemento que llama la atención de los investigadores es el momento en el que se produjeron los pagos. La aerolínea realizó transferencias a las empresas de Martínez entre 2020 y diciembre de 2025, pero la mayor parte del dinero llegó a las cuentas del entramado después de que el Gobierno aprobara la ayuda pública a la aerolínea.

Para canalizar los fondos se utilizaron tres sociedades: Análisis Relevante SL, Voli Analítica SL e Iot Domotic Europe SL. En el caso de Análisis Relevante SL, la empresa contó hasta 2025 con la participación de Sergio Sánchez Benítez, antiguo director de Comunicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y actual responsable de Relaciones Institucionales, vinculado además al adjunto a la presidencia de Telefónica, Javier de Paz, considerado cercano a Zapatero. Sánchez poseía de forma discreta el 25% del capital de esa sociedad.

El propio Sánchez ha afirmado que él fue quien elaboró los informes que posteriormente utilizó Zapatero para justificar las facturas de consultoría presentadas a Plus Ultra. En una comparecencia en el Senado, el expresidente reconoció que contó con la colaboración del exresponsable de comunicación del CNI para preparar dichos documentos.

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También aseguró haber realizado «informes orales», además de organizar «seminarios y webinars» para la aerolínea, aunque hasta el momento no se han encontrado evidencias de esos trabajos adicionales.

Sánchez sostiene que el último informe se completó en enero de 2024. No obstante, las facturas emitidas por Zapatero y sus hijas a través de Whathefav SL continuaron enviándose a las empresas de Martínez hasta diciembre de 2025. Ese mismo mes la UDEF detuvo al empresario y registró sus domicilios y oficinas por orden del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción.

La causa se tramita ahora en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Además de los pagos investigados, los investigadores también analizan si Plus Ultra pudo participar en operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con presuntas tramas corruptas procedentes de Venezuela.

En el procedimiento figuran como investigados, junto al propio Julio Martínez Martínez, el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, su consejero delegado, Roberto Roselli, y un abogado español que habría constituido varias de las sociedades supuestamente utilizadas en el esquema de lavado de dinero.

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