Corrupción en el PP: la UCO concluye que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con dinero de mordidas

El documento sostiene que el dirigente habría recibido dinero en efectivo procedente de adjudicaciones públicas y que parte de esos fondos se habrían utilizado para pagar la hipoteca de una vivienda
Corrupción16 de marzo de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez que investiga una presunta trama de corrupción en la Diputación de Almería (PP) un nuevo informe en el que detalla los indicios que apuntan al expresidente de la institución provincial, Javier Aureliano García, y a varios de sus colaboradores.

 El documento sostiene que el dirigente habría recibido dinero en efectivo procedente de adjudicaciones públicas y que parte de esos fondos se habrían utilizado para pagar la hipoteca de una vivienda.

Según el informe policial, los investigadores han identificado diferentes mecanismos que habrían permitido introducir en el circuito financiero legal el dinero supuestamente obtenido de forma irregular. Entre esas operaciones figurarían movimientos de fondos realizados a través de cuentas vinculadas a familiares del político, así como el uso de estructuras societarias para justificar ingresos de origen presuntamente ilícito.

Los agentes señalan que García habría evitado ingresar directamente ese dinero en cuentas a su nombre. En su lugar, las cantidades habrían sido depositadas en una cuenta cuyos titulares eran sus padres —ya fallecidos— y su hermana María del Rosario. Desde esa misma cuenta se abonaban posteriormente las cuotas de una hipoteca vinculada a una vivienda del dirigente.

El informe también apunta a la participación de sus hermanos, María del Rosario y Juan Carlos, en algunas de las operaciones financieras detectadas. Según la Guardia Civil, ambos habrían utilizado una comunidad de bienes como instrumento para canalizar determinados pagos hacia productos bancarios a nombre de García. Para los investigadores, esa fórmula habría servido para dar apariencia legal a movimientos económicos que, en realidad, podrían proceder de actividades irregulares.

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De acuerdo con la investigación, el origen del dinero estaría relacionado con la supuesta manipulación de contratos públicos adjudicados por el Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación de Almería. La Guardia Civil menciona en su informe tres planes provinciales concretos: PCEM, PIBIO y Acelera 2020, en los que se habrían producido adjudicaciones presuntamente irregulares.

En el esquema descrito por los investigadores también aparece el nombre de Óscar Liria, quien fue vicepresidente tercero de la Diputación. Según la UCO, Liria habría recibido pagos en metálico de empresarios vinculados a los contratos investigados y posteriormente habría entregado parte de esas cantidades a García.

Otro de los implicados sería Fernando Giménez, considerado número dos dentro de la institución provincial. La investigación apunta a que habría introducido supuestos sobrecostes en un contrato relacionado con la compra de mascarillas valorado en cerca de un millón de euros. A cambio, habría recibido también pagos irregulares que, según la hipótesis policial, habrían sido gestionados a través de Liria.

La causa judicial se enmarca dentro de una operación iniciada en 2021, cuando fue detenido por primera vez Óscar Liria. La investigación se amplió posteriormente y culminó el pasado mes de noviembre con una nueva fase en la que fueron arrestados tanto Javier Aureliano García como Fernando Giménez.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería investiga a los implicados por su presunta participación en una organización dedicada al amaño de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales. En total, además de los cinco detenidos en las distintas fases de la operación, existen otros 17 investigados en la causa, entre ellos dos hermanos del expresidente de la Diputación.

Los agentes continúan analizando distintas pruebas obtenidas durante la investigación, incluyendo el contenido de teléfonos móviles incautados durante los registros. Además, el juzgado autorizó en su momento la intervención del teléfono del propio García, lo que permitió grabar conversaciones y reuniones con algunos de los investigados que ahora forman parte del material analizado por la UCO.

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