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El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha acordado prorrogar un mes más el secreto de sumario en la investigación del ‘caso Plus Ultra’.
La medida se extenderá hasta el próximo 28 de abril con el objetivo principal de localizar “activos ocultos o disimulados” y completar la identificación de todos los integrantes de la supuesta organización criminal vinculada al blanqueo de capitales.
Según el auto del juez, levantar ahora el secreto “comprometería gravemente” la eficacia de la investigación, ya que se trata de una estructura delictiva con ramificaciones internacionales que opera en España, Francia, Suiza y otros países.
Calama subraya que las diligencias requieren “una actuación sigilosa, coordinada y técnicamente compleja” para analizar transferencias de fondos al extranjero, sociedades interpuestas y documentación intervenida. También se busca evitar el riesgo de destrucción de pruebas, alteración de documentos o fuga de los implicados.
La causa investiga el supuesto uso indebido de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a Plus Ultra Líneas Aéreas en marzo de 2021 a través de la SEPI como rescate por la pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que parte de ese dinero público se habría destinado a devolver préstamos concedidos por sociedades de la trama, vinculadas supuestamente al blanqueo de fondos procedentes de malversación en Venezuela y de la venta de oro del Banco Central venezolano.
Entre los investigados en libertad con medidas cautelares figuran el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola; su consejero delegado, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, propietario de la consultora para la que trabaja el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez Sola negó en su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado cualquier relación con blanqueo de fondos venezolanos.
La instrucción comenzó en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional a finales de febrero. Calama aceptó la competencia el pasado 3 de abril tras la abstención del juez Ismael Moreno.
Con esta nueva prórroga, la Audiencia Nacional mantiene el procedimiento bajo reserva exclusiva para la Fiscalía mientras avanza en análisis financieros, requerimientos internacionales y el estudio de dispositivos electrónicos. La decisión del magistrado subraya la complejidad transnacional del caso y la necesidad de preservar la integridad de las pesquisas antes de que las partes tengan acceso al sumario.
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