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Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para mejorar la situación laboral de los presos que realizan actividades laborales en centros penitenciarios con el fin de que se publique cada puesto de trabajo vacante y se convoque un concurso público para cubrirlo, así como para prohibir que la misma actividad laboral sea retribuida en unos casos y en otros no.
La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Interior, reclama también que se reconozca el derecho de la persona presa trabajadora a tiempo parcial a disponer de un registro de horas trabajadas en iguales condiciones que la persona trabajadora libre.
Asimismo, plantea un sistema de retribución que se ajuste a lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria en el sentido de que se tome realmente como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y añade la reparación real y efectiva del trabajador para el caso de que se declare mediante resolución administrativa o judicial la disconformidad a derecho el cese de la relación laboral.
Del mismo modo, Sumar pide el reconocimiento del trabajador preso del derecho fundamental a la libertad sindical y la aplicación supletoria del Estatuto de los Trabajadores para resolver controversias no reguladas por el Real Decreto tales como modificaciones de condiciones o suspensiones.
Además, propone que, en el caso de que la prestación por desempleo resulte, en su cómputo total, inferior a la actual prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que viene a sustituir al subsidio por excarcelación, el excarcelado "podrá optar entre ambas por la que considere más beneficiosa".
En su exposición de motivos, Sumar desea que el acceso, desarrollo y extinción de la relación laboral de los reos se adecúe a los criterios exigidos para la contratación de personal laboral de la Administración y que sus condiciones laborales alcancen unos mínimos "propios de cualquier otra relación laboral".
“EEUU se pondrá del lado de Marruecos si lleva a cabo una acción hostil contra España”- Kram Kharief"Ante la desigualdad injustificada que existe entre las relaciones laborales de las personas presas respecto a las libres y ante las deficientes condiciones laborales en las que se desarrolla el trabajo en prisión, es precisa una equiparación de los derechos laborales de las personas trabajadoras presas respecto al trabajo en libertad. La inexistencia de sindicatos que acompañen a las personas privadas de libertad supone una dificultad añadida en la defensa de sus derechos", exponen.
El texto señala que "la falta de transparencia en el acceso a los puestos de trabajo en prisión es absoluta" y que, según datos de 2024, tan solo un 20 % de la población reclusa tiene acceso a un trabajo, de modo que apenas 11.000 personas de los 55.000 reclusos tienen acceso a la actividad laboral, "reflejando así una gran brecha entre la gran demanda y la mínima oferta".
También expone que no existe un control horario, que la retribución no alcanza el SMI y que "se ha dado incluso el caso de que, encontrándose varias personas presas realizando el mismo trabajo, se retribuye a unas sí y a otras no alegando limitaciones presupuestarias".
Sobre la extinción de la relación laboral, indican que el preso que pleitea contra la Entidad Pública de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo "sólo puede aspirar a obtener un reconocimiento judicial de ilegalidad y una readmisión en el puesto de trabajo para el supuesto de que siga interna, pero no, por ejemplo, unos salarios de tramitación ni una indemnización por el cese indebido de la relación laboral".
Finalmente, en relación con la excarcelación, la iniciativa sostiene que, si se ha trabajado en prisión y se ha cotizado el tiempo suficiente, se genera una prestación que es inferior en tiempo e importe al actual IMV que sustituye al subsidio por excarcelación.
Y agrega que la integración del subsidio en el Ingreso Mínimo Vital "ha generado una situación de desprotección para las personas que salen de prisión sin recursos", ya que el acceso al IMV puede demorarse entre 4 y 12 meses, "con requisitos más restrictivos y una elevada carga burocrática".
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