La Guardia Civil fotografió a funcionarios de ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes, accediendo a material ferroviario precintado judicialmente en el marco de la investigación del accidente de Adamuz, en Córdoba.
Las imágenes, incorporadas al atestado remitido al juzgado de Montoro, muestran cómo varios operarios manipulan y trasladan fragmentos de vía que ya se encontraban bajo custodia policial en una actuación que los agentes documentan de forma expresa por su relevancia dentro de la causa.
Tal y como ha podido saber este periódico, los hechos se producen en la base de mantenimiento de Hornachuelos, donde habían sido depositados días antes los denominados «cupones» (tramos completos de carril y traviesa) retirados del punto del siniestro. Ese material había sido agrupado, cubierto con lonas y señalizado con precintos oficiales de la Guardia Civil, en cumplimiento de los protocolos de cadena de custodia aplicables a una investigación judicial en curso.
Las fotografías incluidas en el informe policial reflejan con claridad cómo varios trabajadores acceden a la zona acordonada y manipulan los elementos ya intervenidos. En las imágenes se aprecia la retirada de piezas, su desplazamiento dentro de la nave e incluso la reorganización de algunos de los tramos de vía previamente depositados.
La Guardia Civil deja constancia de estos movimientos en su informe subrayando que el material afectado formaba parte de los elementos directamente vinculados al accidente ferroviario.
La cadena de custodia constituye un elemento esencial en cualquier investigación de este tipo. Su finalidad es garantizar que las pruebas no han sido alteradas, manipuladas o sustituidas desde su recogida hasta su análisis pericial. En el ámbito ferroviario, los componentes de la infraestructura resultan determinantes para reconstruir las causas de un siniestro. Cualquier intervención sobre ellos fuera de control judicial introduce un factor de incertidumbre que puede afectar a la validez de las conclusiones técnicas.
Fuentes de la investigación consultadas por este periódico apuntan a que la actuación documentada por los agentes no se encontraba amparada por una autorización judicial expresa en ese momento. La retirada o manipulación de material previamente precintado exige, en condiciones ordinarias, una orden específica o, al menos, la presencia y supervisión directa de los responsables de la custodia.
La ausencia de ese control es precisamente lo que lleva a la Guardia Civil a consignar los hechos en su informe. El contexto en el que se producen estas actuaciones añade un elemento adicional de relevancia.
Tal y como ha publicado este periódico, la propia Guardia Civil ya había identificado previamente al subdirector de Operaciones de Mantenimiento de ADIF como la persona que dio la orden de retirar y sustituir parte de los tramos de vía en la zona del accidente.
Esa decisión, transmitida de forma verbal a través de la estructura interna del gestor ferroviario, afectó a elementos directamente implicados en el siniestro y se ejecutó antes de que el material quedara plenamente bajo control judicial.Las imágenes ahora incorporadas a la causa refuerzan la línea de investigación abierta sobre la gestión de esos elementos.
No se trata únicamente de la retirada inicial de los cupones, sino también de lo ocurrido después, una vez que ya habían sido intervenidos por la Guardia Civil. La documentación gráfica permite a los investigadores fijar no solo la secuencia de los hechos, sino también las condiciones en las que se mantuvo el material y las personas que tuvieron acceso a él.
La jueza instructora deberá ahora determinar el alcance de estas actuaciones y si pueden tener consecuencias dentro del procedimiento. Entre las opciones que se abren se encuentra la práctica de nuevas diligencias, la citación de los operarios que aparecen en las imágenes o la solicitud de explicaciones formales a ADIF sobre los protocolos aplicados en la custodia del material retirado del accidente.
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