«No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)» ni centros para ilegales. Con ese epígrafe del acuerdo de coalición del nuevo Gobierno extremeño PP-VOX, arrancan las medidas para solventar, dentro de las competencias de la Junta, las imposiciones de Sánchez en materia de inmigración ilegal.
Desde el primer día del nuevo Gobierno PP-VOX, la nueva Junta de Extremadura rechazará frontalmente la política de inmigración del Gobierno de Sánchez “y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.
La Junta tampoco participará “en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”.
Desde el primer día del nuevo Gobierno extremeño, el acuerdo contempla que no se habilite “ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes”.
En relación al presupuesto, el acuerdo incluye que «se llevará a cabo una auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal, con el objetivo de reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente».
El documento del acuerdo indica otra medida de urgencia que arrancará antes de fin del 2026: “frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que promueve la llegada masiva de menores ilegales mientras hipoteca el futuro de nuestros jóvenes, la Junta de Extremadura trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”.
Con el fin de lograrlo, la Junta, dentro “del ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales (…), promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”.
Antes de fin de este año, para salvaguardar a la población, la Junta extremará “la seguridad dentro y fuera de los centros donde se alojan menores no acompañados con medidas judiciales y supervisará el cumplimiento del estricto régimen disciplinario que les haya sido dictado”.
Además, el acuerdo contempla que “se dotarán los recursos y mecanismos de control necesarios para impedir que se altere la convivencia y el orden público, se genere inseguridad, se perturbe la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles y que los menores no acompañados gocen de cualquier privilegio o impunidad”.
La coalición de Gobierno abordará desde el primer día de legislatura uno de los polémicos coladeros de falsos menas: la verificación de edad.
En esa línea, “se habilitará la oportuna consignación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad. Estas pruebas se aplicarán para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios.
El reglamento de retorno de la UE que ignora Sánchez deliberadamente. Antes de septiembre, los grupos parlamentarios que integran la coalición “instarán al Gobierno de España a adaptar, de forma inmediata a la legislación nacional, el nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, orientado a endurecer la política migratoria”.
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