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Novedades del ‘caso Leire’. A petición de las acusaciones populares, el juez instructor que investiga las presuntas cloacas socialistas reclama el informe de la llamada ‘fontanera’ de Ferraz sobre supuestas conexiones entre Villarejo y el caso ERE. En concreto, ordenó este lunes a la Policía Judicial que examine con urgencia el pendrive que Leire Díez entregó al histórico socialista Gaspar Zarrías.
Además del pendrive, el juez espera el audio mejorado de la grabación del fiscal Ignacio Stampa de su encuentro entre Leire Díez y Javier Pérez Dolset -también imputado-.
En cuanto a Zarrías, el magistrado también le requirió el ordenador donde supuestamente clonó el dispositivo original. De esta manera, busca verificar el contenido completo del informe que ahora analizará la Policía Científica.
El dispositivo contiene un informe elaborado por la exmilitante socialista sobre posibles conexiones entre el excomisario José Manuel Villarejo y el caso ERE. Zarrías declaró como testigo ante el magistrado y explicó que el USB albergaba el trabajo realizado por Díez.
Gaspar Zarrías contrató a Leire Díez durante cuatro meses, entre junio y octubre de 2024, en su consultora Zarro Sociedad Consultora. La llamada «fontanera» de Ferraz percibió una nómina de 4.000 euros mensuales.
Según su declaración, dejó de contar con sus servicios al no conseguir evidenciar nexos entre Villarejo y la judicialización de los ERE, procedimiento por el que el propio Zarrías fue condenado. El socialista indicó que no se habían podido demostrar esos vínculos, pero puso el material a disposición del instructor.
Según la denuncia del fiscal Ignacio Stampa y sus grabaciones del encuentro del 7 de mayo de 2025, Leire Díez y Javier Pérez Dolset intentaron obtener información sensible a cambio de favores o influencias.
En esa reunión, según la denuncia, ambos le habrían ofrecido ventajas profesionales, como presuntos enviados del PSOE, a cambio de información comprometedora sobre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, el magistrado Manuel García-Castellón, el jefe de la UCO y el exfiscal José Grinda. Todo ello, siempre supuestamente, para permitir desmontar casos contra el partido y el entorno presidencial.
La Policía debe determinar si la grabación se realizó por uno de los asistentes o por un tercero y si el material es fiable o pudo manipularse. Igualmente, los agentes analizarán el vídeo de la reunión online que mantuvieron Díez, Dolset y el empresario Alejandro Hamlyn en el despacho del abogado Jacobo Teijelo
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