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El ex número 2 de Interior, Rafael Pérez, ha admitido este martes en el Tribunal Supremo que tuvo contacto con Koldo García para comprar mascarillas porque tenían conocimiento de que el Ministerio de Transportes tenía una línea de suministro. Sin embargo, ha negado que el exasesor ministerial le diese “indicaciones específicas” de que contratase a Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama, y que este le sugiriese que iba a recibir comisiones.
Pérez formaba parte del equipo de Marlaska desde su llegada al ministerio, en julio de 2018. Primero asumió las funciones de jefe de Gabinete del ministro y, posteriormente, el 17 de enero de 2020, fue nombrado secretario de Estado de Seguridad, responsabilidad que ha ocupado hasta la actualidad. Estaba citado a declarar en calidad de testigo por adjudicación de contratos de 3,4 y 1,2 millones de euros a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama vinculada al empresario Víctor de Aldama.
Según ha explicado ante los magistrados de la Sala de lo Penal, la adquisición de este material sanitario por parte de Interior se llevó a cabo a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Subsecretaría. Asimismo, ha concretado que la adjudicación final del contrato a la empresa del comisionista se debió a que se encontraban en una situación de “necesidad absoluta”.
En este sentido, ha señalado que, por aquel entonces, necesitaban material y millones de unidades en plazos muy reducidos, por lo que “absolutamente todo el personal del ministerio" se movilizó para ponerse en contacto con otras administraciones. Y fue en ese punto cuando tuvieron conocimiento de que el Ministerio de Transportes tenía una línea para conseguir esas mascarillas, aunque ha apostillado que nunca le dieron el nombre de una empresa concreta.
El interrogatorio también se ha centrado en el coste de las mascarillas. Y, aunque ha detallado que entre sus funciones no está hablar de precios específicos, ha reconocido por primera vez que una de las "cuestiones más polémicas" era que el precio era inferior al que se había otorgado a otras administraciones.
El ex número 2 de Interior, que ahora trabaja en el Tribunal Supremo tras su cese, ha recordado que, por aquel entonces, “eran momentos angustiosos, estábamos hablando de millones de unidades para Policía Nacional y Guardia Civil, pero no había mercado”. Ha insistido en que contrataron “de acuerdo a las posibilidades que tenían” las empresas y ha subrayado que no intervino en el procedimiento de contratación: “Para eso están los órganos técnicos”.
En esta sesión también ha declarado como testigo Ignacio Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, cuya declaración ha girado en torno a la reunión que se fraguó en el Ministerio de Industria el 28 de diciembre de 2020 con miembros de la trama de hidrocarburos para conseguir la licencia de Villafuel, la operadora de la que es administrador el socio de Aldama, Claudio Rivas.
A ese encuentro, según ha reconocido, acudieron, además de Rivas, Carmen Pano (la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz), el chófer Álvaro Gallego y dos funcionarios de carrera de la cartera ministerial.
Según ha explicado, esa reunión comenzó a fraguarse tras recibir “una llamada de una empresa de hidrocarburos”. Esa llamada fue precedida de un WhatsApp de Koldo García en el que le tan solo le especificaban las personas que iban a asistir al encuentro y que se iba a tratar un asunto de una comercializadora. No obstante, no ha sido capaz de recordar quién llevó la voz cantante de esa cita.
El fiscal Alejandro Luzón se ha interesado por saber si, posteriormente, dio parte de esa reunión a su ministra. “Como director de gabinete hacemos un cribado de todas las reuniones, pero no recuerdo si informé de ello porque ese día había cuatro temas importantes sobre la mesa”.
Al igual que tampoco recuerda si se trasladó al Ministerio de Transición Ecológica lo hablado en el encuentro a pesar de que era el órgano competente para tramitar las licencias.
Por último, también ha revelado una reunión que, hasta el momento, era desconocida con Aldama en el ministerio de Industria. Según ha concretado, la reunión fue “cerrada” por la ministra a la que acudieron un promotor musical “y otras personas” para pedir una subvención al ministerio para un evento musical.
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