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La opinión del letrado europeo, que no es vinculante para el Alto Tribunal cuando dicte sentencia pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos, indica que el derecho comunitario no impide a un Estado miembro establecer un centro de internamiento fuera de sus fronteras, pero que en cualquier caso debe cumplir "todas las garantías" reconocidas por la UE como si lo estuviera.
"El Abogado General considera que, en principio, el Tribunal de Justicia debería considerar que el Protocolo y la normativa italiana relativa a dicho protocolo son compatibles con el derecho de la Unión, siempre que se respeten plenamente los derechos y las garantías individuales de los migrantes previstos en el sistema europeo de asilo", se lee en su dictamen.
Entre los derechos a respetar se incluye el de obtener asesoramiento jurídico y asistencia lingüística y a tener contacto con la familia y con las autoridades pertinentes. Además, se debe garantizar que los menores y otras personas vulnerables puedan disfrutar "del conjunto de garantías establecidas" en el sistema de asilo, lo que incluye el derecho a los servicios sanitarios y a la educación.
Las conclusiones del abogado general también recuerdan que los migrantes tienen el derecho de acceso al juez y a un procedimiento rápido de revisión judicial para evitar un internamiento indebido, y establecen que la norma que permite a los solicitantes de asilo permanecer en un Estado miembro mientras se tramitan sus solicitudes no les da derecho a ser devueltos al territorio de dicho Estado miembro.
El asunto, para que el TJUE comenzará ahora sus deliberaciones, inició cuando dos migrantes que habían sido internados previamente en Italia en virtud de sendas órdenes de expulsión fueron trasladados a un centro en Albania. Mientras estaban allí, solicitaron protección internacional.
Poco después, se dictaron nuevas órdenes de internamiento contra ellos y se remitieron al Tribunal de Apelación de Roma para su aprobación, que decidió no confirmar dichas órdenes, al considerar que la normativa nacional en cuestión era incompatible con el Derecho de la Unión. A continuación, las autoridades italianas recurrieron ante el Tribunal Supremo de Casación, que ha planteado dos cuestiones prejudiciales al TJUE.
El tribunal italiano ha solicitado específicamente que se dilucide si el Derecho de la Unión sobre el retorno de nacionales de terceros países que se encuentran en situación irregular y sobre los procedimientos de protección internacional permite el internamiento de solicitantes de asilo en Albania y si permite su internamiento en un Estado tercero en vez de en el Estado miembro responsable de examinar sus solicitudes.
El Gobierno de Giorgia Meloni cerró en 2023 con Albania un acuerdo por el que este último país aceptaba acoger a migrantes rescatados en aguas internacionales, poniendo así en marcha uno de los planes estrella de su Ejecutivo con la idea de combatir la inmigración irregular y disuadir futuras llegadas.
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