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El acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura ha incluido la supresión del Programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí, una medida que afecta directamente a más de 200 alumnos en el municipio de Talayuela. En consecuencia, la decisión ha generado preocupación en los centros educativos implicados.
En concreto, el programa se venía impartiendo en dos colegios públicos: el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell. Además, estas clases se desarrollaban fuera del horario lectivo, como actividad complementaria, y estaban financiadas íntegramente por Marruecos en el marco de un acuerdo internacional con el Ministerio de Educación.
La supresión del programa forma parte del acuerdo de Vox y PP en Extremadura que permitió la investidura de María Guardiola. Por tanto, la medida responde a compromisos políticos adquiridos entre ambas formaciones. Sin embargo, su aplicación ha tenido un impacto directo en la comunidad educativa de los centros afectados.
Asimismo, el programa no solo ofrecía enseñanza lingüística, sino que también servía como herramienta de apoyo en la relación entre colegios y familias. De hecho, los docentes destacan que la presencia de profesorado especializado facilitaba la comunicación y la integración en el entorno escolar.
Por otro lado, desde los centros educativos se ha expresado preocupación por la eliminación de estas clases. En este sentido, representantes de la comunidad musulmana han subrayado el valor del programa como instrumento de convivencia y desarrollo cultural, algo que desde Vox en Extremadura no se comparte.
Youseff Meziane, representante local, ha defendido que la asignatura suponía una herramienta clave para el crecimiento lingüístico y la convivencia. Por ello, ha pedido que se reconsidere la decisión adoptada.
Del mismo modo, desde la dirección del CEIP Gonzalo Encabo se ha criticado la medida, calificándola de innecesaria y señalando su utilidad tanto para el alumnado como para el profesorado. Además, se ha destacado su papel como elemento mediador en el día a día del centro.
Cabe destacar que este programa educativo no era obligatorio, sino voluntario y complementario. Además, su financiación corría a cargo del Gobierno marroquí, dentro de acuerdos bilaterales con España. Por consiguiente, las comunidades autónomas tienen la potestad de decidir su implantación en los centros y así se hacía hasta ahora con el gobierno de María Guardiola.
Mientras tanto, la supresión en Talayuela ha abierto un nuevo foco de debate político y educativo en la región, especialmente por su impacto directo en los alumnos y en la organización de los centros escolares afectados.
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