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Datos desvelados por el ‘XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia’ apuntan a una situación crítica en el sistema asistencial español: decenas de miles de personas fallecen cada año sin haber recibido la ayuda que les corresponde. El estudio, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado en el Congreso de los Diputados, cifra en más de 34.000 los fallecidos en lista de espera.
El informe detalla que, dentro de ese total, más de 17.000 personas murieron sin que se resolviera su expediente, mientras que una cifra muy similar perdió la vida sin haber llegado siquiera a ejercer los derechos reconocidos. En términos prácticos, esto se traduce en un fallecimiento cada cuarto de hora dentro del sistema, una situación que los autores atribuyen a la complejidad administrativa y a la lentitud en la gestión.
Desde la aprobación de la ley de dependencia hace casi dos décadas, cerca de 3,7 millones de ciudadanos han recibido algún tipo de prestación. Sin embargo, alrededor de 900.000 han fallecido aguardando una resolución, lo que evidencia, según el informe, importantes carencias estructurales.
Uno de los aspectos más controvertidos del análisis es que una parte significativa de la reducción de las listas de espera no se debe a mejoras en la gestión, sino a la propia mortalidad de los solicitantes. En concreto, el 44% de la disminución se explicaría por este motivo. Además, territorios como Madrid o Canarias registraron en 2024 un incremento de personas pendientes de recibir ayudas.
El documento también refleja un aumento en la presión sobre el sistema: crecen las solicitudes, las resoluciones y el número de personas con dependencia reconocida. Esta tendencia, unida al envejecimiento de la población, está tensionando aún más unos recursos ya limitados.
En cuanto a las prestaciones, la más extendida sigue siendo la ayuda económica para cuidados en el entorno familiar, que alcanza a más de 600.000 personas con una cuantía media mensual relativamente baja. Paralelamente, la ayuda a domicilio presenta intensidades horarias que, según los expertos, resultan insuficientes, especialmente en los casos de mayor grado de dependencia, donde apenas se cubren unas pocas horas diarias.
Las diferencias territoriales son otro de los puntos destacados. El informe subraya una notable desigualdad entre comunidades autónomas tanto en cobertura como en calidad del servicio. Algunas regiones obtienen valoraciones altas, mientras que otras se sitúan claramente por debajo, reflejando un sistema fragmentado y con resultados dispares según el lugar de residencia.
Ante este escenario, los responsables del estudio reclaman un incremento presupuestario significativo para poder garantizar una atención adecuada. Calculan que sería necesario destinar al menos 1.000 millones de euros adicionales para corregir las deficiencias actuales.
A esta situación se suma un factor que, según distintas voces críticas, podría intensificar aún más la presión sobre los servicios sociales: el aumento de población derivado de la inmigración y los procesos de regularización en marcha. Consideran que la llegada de nuevos residentes en un sistema ya tensionado podría dificultar todavía más la capacidad de respuesta si no se acompaña de una ampliación proporcional de los recursos disponibles.
En conjunto, el dictamen dibuja un panorama en el que la demanda crece a mayor ritmo que la capacidad de atención, dejando a miles de personas en una espera que, en demasiados casos, termina sin respuesta.
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