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Los recortes retroactivos a las primas de energías renovables aplicados por España siguen pasando factura años después. El Gobierno español arrastra una deuda superior a los 2.310 millones de euros —incluyendo sobrecostes financieros y legales— derivada de 27 laudos arbitrales perdidos, y las consecuencias prácticas de ese incumplimiento se multiplican en distintas jurisdicciones.
Bélgica ha retenido ya cerca de 840 millones de euros procedentes de los pagos mensuales que Eurocontrol abona a España por la gestión del tráfico aéreo.
Estos embargos responden a resoluciones dictadas en el marco de casos como los de Eurus Energy —filial del grupo Toyota—, RREEF u Operafund, cuyos titulares han optado por esta vía ejecutiva ante la negativa de la Administración Sánchez a satisfacer voluntariamente las indemnizaciones vinculantes fijadas en laudos de obligado cumplimiento.
Así lo ha explicado el equipo jurídico de los acreedores en un encuentro con la prensa celebrado recientemente en Madrid al que ha acudido este diario y durante el cual se explicó que, frente a esta presión, la Abogacía del Estado ha planteado consignar las cantidades estrictamente reclamadas por los denunciantes en una cuenta de depósito judicial en Bélgica —el llamado procedimiento escrow— con el objetivo de lograr el levantamiento de los embargos y frenar la acumulación de nuevos importes bloqueados.
La propuesta reduciría la cifra retenida hasta aproximadamente 250 millones, pero los acreedores señalan que el mero hecho de ofrecer esa consignación a cambio de liberar la parte restante de los 840 millones que hoy se encuentran bloqueados socava los argumentos de inmunidad soberana que España ha esgrimido hasta ahora, puesto que implica aceptar, en la práctica, la validez de las medidas de ejecución, lo que contradice esa posición procesal.
Además, depositar el dinero de esta forma cuestiona la tesis que el Gobierno venía utilizando sobre la normativa europea de ayudas de Estado para justificar el impago.
Más allá de Bélgica, los acreedores han abierto frentes en varios países. En los Países Bajos ha trascendido recientemente el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, un inmueble en pleno centro de la ciudad valorado en 10 millones de euros que podría ser subastado públicamente en las próximas fechas como medida compensatoria.
En Estados Unidos, siete sentencias firmes —sin posibilidad de recurso— obligan a España a abonar 688 millones de euros en indemnizaciones. Ante los reiterados incumplimientos, los acreedores han puesto en marcha procedimientos de descubrimiento de activos que afectarían, entre otros extremos, a la operativa de la selección española de fútbol de cara al Mundial de 2026.
En el ámbito anglosajón, el Tribunal Supremo del Reino Unido ha ratificado de forma definitiva que España debe afrontar sus deudas para evitar nuevos embargos en las islas, y se esperan avances a lo largo de este año.
En la misma línea se han pronunciado el Tribunal Supremo de Australia —que ha reconocido cuatro reclamaciones por un total de 469 millones— y el Tribunal Supremo de Singapur, que acaba de avalar un primer laudo contra España valorado en más de 100 millones de euros.
Los demandantes reclaman al Gobierno un acuerdo global similar al que en su momento se cerró con la empresa JGC, y advierten de que la alternativa es seguir acumulando condenas y embargos en todo el mundo, con el consiguiente deterioro de la imagen de España como destino fiable para la inversión internacional.
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