VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LOS JUZGADOS DE VALLADOLID HACIA UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD

Samuel fue valorado por otros profesionales de la salud: psicólogos forenses, médicos expertos en daño corporal, expertos en lenguaje no verbal....todos concluyeron que era una persona maltratada física y psicológicamente por su padre, de forma sostenida en el tiempo
Cartas al Director23 de mayo de 2026 LA

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La violencia institucional judicial es el conjunto de acciones, omisiones, retrasos o tratos denigrantes cometidos por funcionarios y operadores del sistema de justicia (jueces, fiscales...). Su objetivo principal es obstaculizar, dilatar o impedir el pleno acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, provocando: Revictimización y descreimiento, Falta de protección adecuada y grave inseguridad jurídica.
Este periódico ya denunció la situación que estaba viviendo una persona con una grave discapacidad gracias a la amistad manifiesta entre un abogado y la familia Puente que entre todos ocupan puestos de relevancia en los juzgados de Valladolid y hoy en el mundo de la justicia.
1.- Año 2022. Una persona con 81 por ciento de discapacidad denuncia a su padre por maltrato ante 3 médicos de hospitales públicos. Su grave discapacidad no le impidió en ningún momento señalar con un gesto cómo era agarrado por su padre (casualmente policia local de Valladolid) y decir el nombre del padre. 
Imagen en el mensaje
Sus marcas, sus moratones en la cadera, que la persona señalaba como patadas realizadas por su padre. No impidieron que el fiscal, cuñado de Puente Manuel Javato dijese al juez que después de "una profusa investigación " ( QUE JAMÁS SE REALIZÓ), que la persona no era capaz de denunciar a su padre y que estaba malmetido por su madre (ESO SIN HABER VISTO JAMÁS NI A LA PERSONA , NI A LA MADRE),  puede un fiscal cuya misión es proteger al menor juzgarle sin haberle visto jamás? quién le contó que estaba malmetido por la madre? de dónde salían las marcas en su espalda, que casualmente guardaban relación con el brazo que la persona se lleva atrás? porqué tenía la cadera morada?
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Informe medico
Samuel fue valorado por otros profesionales de la salud: psicólogos forenses, médicos expertos en daño corporal, expertos en lenguaje no verbal....todos concluyeron que era una persona maltratada física y psicológicamente por su padre, de forma sostenida en el tiempo.
Caso sobreseído en instrucción 2 de Valladolid a petición del fiscal. Caso sobreseído a petición del fiscal y madre condenada a costas, en una sentencia sin precedentes.
6a10a535b2acc.r_d.2496-1664-1875Felipe González, tras la imputación de Zapatero: «El auto es impecable»
2.-Año 2025 El juez de 1ª instancia 10 de Valladolid, hace una valoración de la persona con discapacidad junto con el médico forense, ambas, personas que no saben de discapacidad, que incumpliendo todo lo establecido en la Constitución y leyes nacionales e internacionales, ignorando el informe que una psicóloga había hecho solicitando y advirtiendo de la absoluta necesidad de que la persona siempre debía estar acompañada y protegida, con ayuda y apoyo, pero se le denegó. Haciendo de su declaración un ACTO NULO DE PLENO DERECHO.
Fiscalía ausente, escondida
Hoy, la Audiencia Provincial de Valladolid sección 1 dictan una sentencia diciendo que el padre debe tener la curatela del discapacidad porque éste lo tiene todo con su progenitor, obviando los cuidados que éste está recibiendo de su madre.
 
Puede ser esto posible en un Estado de Derecho??? qué está fallando en el sistema judicial? porqué la fiscalía actúa oscureciendo y dañando así su imagen?
 Pendiente de resolver una denuncia por maltrato del padre al que hijo,  que puso el neurólogo  en el año 2025. A los que se han sumado otras denuncias de personas del entorno de la persona vulnerable. Hay más de 15 informes de profesionales de la salud sobre la mesa de los juzgados de Valladolid, hablando de la gravedad del asunto. Del profundo deterioro y sufrimiento de esta persona. De lo que está verbalizando cuando se siente seguro sobre el maltrato que está recibiendo. 
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Informe medico
Este caso recientemente conocido en Valladolid no debería analizarse como un simple conflicto familiar judicializado. Contiene elementos que obligan a una reflexión más profunda sobre el funcionamiento del sistema de justicia cuando entra en contacto con la vulnerabilidad.

Uno de esos elementos es especialmente relevante: la existencia de informes clínicos que apuntarían a posibles situaciones de deterioro o incluso de lesión, cuya relevancia en el procedimiento parece, cuando menos, discutida. Este tipo de indicios no pueden ser tratados como un elemento más del expediente. Activan una obligación reforzada de investigación y protección, porque lo que está en juego es la integridad de una persona en situación especialmente frágil.

Pero la cuestión no es solo qué se decide, sino cómo se decide. En contextos donde concurren discapacidad, conflicto intrafamiliar intenso e indicios de posible daño, la exigencia de garantías se eleva. No basta con que el procedimiento sea formalmente correcto; debe ser materialmente justo y equilibrado.

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Y aquí aparece un aspecto esencial: la imparcialidad. La imparcialidad no es solo un atributo del juez, sino una cualidad del proceso en su conjunto. Se proyecta en cómo se valoran los informes, en qué peso se da a los indicios, en si se neutralizan o no las desigualdades de partida. Cuando existe la percepción de que determinados elementos no han sido investigados o ponderados con la suficiente intensidad, lo que se resiente no es solo la decisión, sino la confianza en el sistema.

A ello se suma un riesgo menos visible, pero profundamente relevante. Cuando una persona se enfrenta a un procedimiento que no comprende, en el que no se siente escuchada y en el que percibe que sus decisiones no influyen, puede desarrollar lo que la psicología denomina indefensión aprendida: la convicción de que nada de lo que haga cambiará el resultado. Y cuando esto ocurre, la persona deja de participar, deja de decidir, deja de ser sujeto del proceso. 

Este tipo de situaciones no se resuelven con declaraciones de principios. Exigen medidas concretas: investigar con rigor los posibles indicios de daño, garantizar apoyos reales en el proceso, diseñar sistemas de apoyo neutrales cuando hay conflicto y asegurar que la justicia no solo se aplica, sino que se percibe como tal.

Porque la verdadera medida de un sistema de justicia no está en cómo resuelve los casos fáciles, sino en cómo protege en los más difíciles.

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