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En Valladolid, un conflicto judicial prolongado en torno a la capacidad jurídica de una persona con discapacidad ha generado un profundo enfrentamiento entre familia, sistema judicial e informes médicos. El caso, aún abierto en varias instancias, ha sido descrito por la parte denunciante como un ejemplo extremo de lo que denomina violencia institucional.
Según este relato, la persona afectada habría sido sometida a decisiones judiciales y sanitarias que no habrían tenido suficientemente en cuenta múltiples informes médicos previos, mientras el procedimiento avanzaba hacia la designación de medidas de apoyo y curatela.
La madre de la persona afectada sostiene que su hijo, con discapacidad reconocida al 81%, ha sido objeto de un proceso progresivo de vulneración de derechos. Según su versión, existen numerosos informes emitidos por especialistas en neurología, psicología clínica, medicina forense y otros ámbitos sanitarios que advertirían de un deterioro significativo y posibles situaciones de maltrato por parte de su padre.
En paralelo, otras resoluciones judiciales habrían interpretado de forma distinta la situación, generando una profunda discrepancia entre la valoración clínica aportada por la familia y la apreciación institucional del caso.
¿Qué labor fundamental tiene el ministerio fiscal?
Según la Ley 50/81 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: Su función es promover e impulsar la acción de la justicia, asegurar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la justicia y la protección de los derechos de algunos colectivos, como menores, personas con discapacidad, etc.
¿Dónde puede acudir una persona para defenderse en España del incumplimiento del deber del Ministerio fiscal?
Resulta que a un juez se le puede revocar, pero un fiscal, que, por razón de amistad manifiesta, no renuncie a un caso, como ya denunciamos, sucedió con el fiscal marido de Sofia Puente, en los juzgados de Valladolid, Manuel Javato.
¿Cuánto puede sobrevivir una persona a un maltrato psicológico, económico e institucional permitido y amparado por la justicia de los juzgados de Valladolid?
Juzgados que oyen sin cuestionarse nada, como se jacta el amigo y compañero de Oscar Puente de ganar todos los juicios, el ex marido riéndose de su ex mujer porque siempre “casualmente” la condenan a ella a costas.
¿La justica no debería ir más allá?
Una mujer que se está haciendo cargo de su hijo, con autismo, con una discapacidad del 81%. Que fue condenada por los juzgados de Valladolid hasta en dos ocasiones a pagar las costas por el juicio de maltrato a su hijo, en una sentencia con pocos precedentes, cuando ella ni siquiera inició el proceso, fueron tres médicos diferentes de hospitales públicos quién lo hizo, todo porque el abogado de su ex, es intimo de Oscar Puente y ex socio de bufet, hay entra siempre el cuñado de Oscar Puente, el fiscal Manuel Javato.
Son muchas las personas de su entorno que están viviendo el acoso sin tregua del ex marido hacia su ex mujer: denuncias por deudas de cantidades que no son ciertas, intento de operar a su hijo de urgencia del corazón, sin contar con la madre, echarla del hospital cuando su hijo ha estado a punto de morir atragantado, dar el padre Deprax a su hijo para sedarle sin comunicarle nada a la madre, con las graves repercusiones que esto provoca en la salud de su hijo, según indican los medicos y peritos forenses, que jamás facilita la comunicación entre madre e hijo en los periodos que pasa con él, …..que denuncia por controlar el testamento que el padre de ella le deja a su nieto.
En el marco de sus alegaciones, la denunciante menciona a diversas personas vinculadas al ámbito institucional y jurídico de Valladolid, entre ellas:
Según la versión de la familia, estas menciones se enmarcarían en un contexto más amplio de relaciones personales y profesionales dentro del entorno jurídico y político de la ciudad.
Este artículo recoge dichas referencias exclusivamente como parte del relato aportado por la denunciante, sin atribuir hechos concretos ni afirmaciones verificadas sobre dichas personas.
El Ministro Oscar Puente, gobierna de forma encubierta presuntamente, al Ministerio de Justicia, después de colocar en el palco principal a su hermana Sofia, (antes fiscal en los juzgados de Valladolid), de llevar a Esther Pérez (otrora fiscal jefe provincial de los juzgados de Valladolid) hoy en la Dirección General de Seguridad Jurídica, de premiar a la antes fiscal de menores en los juzgados de Valladolid, hoy en la Fiscalía de Menores de la FGE: María Teresa Vicente Calvo, el juez Margareto ya en la Audiencia Provincial de Valladolid, Emilio Vega en la Audiencia Provincial de León, la mujer de éste, la jueza, Soledad Ortega también en la Audiencia Provincial de Valladolid, otra hermana del cuñado de Puente de juez en los juzgados de Valladolid……tienen haciendo cola, a otros fiscales de la misma ciudad que siguen ganando puntos gracias a la colaboración del abogado, amigo íntimo y ex compañero de bufete de Puente, César Gómez Rojo.
El procedimiento se sitúa en el marco de la Ley 8/2021, que reformó el sistema de apoyos a la capacidad jurídica en España, sustituyendo modelos de sustitución por sistemas basados en el apoyo a la voluntad de la persona con discapacidad.
Sin embargo, la familia sostiene que la aplicación práctica de este modelo no siempre respeta, a su juicio, la totalidad de los informes clínicos disponibles ni garantiza una evaluación suficientemente adaptada a las necesidades reales de la persona afectada.
En este caso, según la denunciante, la curatela habría sido atribuida al padre, pese a la existencia de informes médicos previos que alertarían de posibles situaciones de trato inadecuado. El juicio presuntamente amañado, el padre policía local de Valladolid, su abogado intimo y exsocio de Oscar Puente, el fiscal Manuel Javato, cuñado del ministro, no han admitido ninguna prueba de los presuntos maltratos, incumpliendo la ley, y dejando de proteger a una persona discapacitadad.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la forma en la que la persona afectada habría participado en el procedimiento judicial.
Según el relato familiar, la comparecencia se habría producido sin apoyos suficientes ni adaptaciones adecuadas, lo que habría provocado bloqueo emocional, miedo intenso y dificultades de comunicación.
La familia sostiene que esta situación podría haber afectado de forma significativa a la valoración de su capacidad, al no haberse garantizado plenamente los ajustes razonables exigidos por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La denunciante afirma la existencia de múltiples informes médicos elaborados por profesionales de distintas disciplinas, que describirían deterioro progresivo y posibles situaciones de maltrato o trato inadecuado.
Sin embargo, según su versión, estos informes no habrían tenido el mismo peso que otras evaluaciones más puntuales realizadas en contexto judicial o forense.
Esta discrepancia entre seguimiento clínico prolongado y valoración institucional puntual constituye uno de los núcleos centrales del conflicto.
Si el caso que hoy nos ocupa es la interacción de lo que ya hemos denunciado en este periódico repetidas veces, la presunta corrupción de unos juzgados, de una fiscalía, que está provocando el sufrimiento una persona de Valladolid, con un 81 por ciento de discapacidad, que de forma reiterada, está sufriendo y siendo ignorada y abandonada, por quién está obligado por ley a protegerle: el Ministerio Fiscal y sus jueces.
El caso se inscribe en un proceso judicial largo y complejo, con múltiples procedimientos, recursos y resoluciones sucesivas.
La familia describe un importante impacto económico derivado de condenas en costas y de la prolongación del litigio, así como un desgaste emocional significativo.
Este fenómeno, habitual en conflictos de alta intensidad judicial, es interpretado por la denunciante como una forma de desgaste procesal que afecta directamente a la capacidad de defensa de la parte más vulnerable.
La denunciante también sostiene que determinados actores del entorno jurídico y profesional de Valladolid podrían estar vinculados a redes de influencia o relaciones personales relevantes dentro del ámbito institucional.
Estas afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente y se recogen exclusivamente como parte del relato de la familia, sin que este artículo atribuya hechos concretos o responsabilidades individuales.
Tratar de operar a un hijo, a espaldas de su madre, y ya de forma reiterada, es una forma de utilizar a un hijo para hacer daño a la madre, es VIOLENCIA VICARIA. Y con la acción del Ministerio Fiscal, y los juzgados de Valladolid, VIOLENCIA INSTITUCIONAL.
La auditoría de Plus Ultra detalla una comisión de 531.000 euros a una sociedad vinculada a ZapateroNo queda ahí, el ministerio fiscal ESTÁ ROBANDO el derecho a una persona con discapacidad el estar acompañado de su madre en una situación difícil, y hasta traumática como puede ser un hospital y un quirófano, los informes de los profesionales así lo atestiguan.
Que sea la madre la que está avisando al padre de todos los problemas físicos que le están sobreviniendo al hijo, y esos mismos problemas trate el padre de utilizarlos contra la madre…sólo tiene un nombre. Repetimos: VIOLENCIA VICARIA.
La primera vez que el padre hizo este intento, la madre fue avisada por el propio cirujano. Pero esta vez, fue el propio hospital Campo Grande de Valladolid quién informó a la madre de lo que el padre estaba pretendiendo.
Más allá del caso concreto, el conflicto pone sobre la mesa cuestiones más amplias sobre el funcionamiento del sistema judicial en materia de discapacidad:
Organizaciones de derechos humanos y asociaciones de discapacidad llevan años alertando de la necesidad de reforzar estos ámbitos para evitar que situaciones de vulnerabilidad se vean agravadas por el propio funcionamiento institucional.
En el juicio de jurisdicción voluntaria que la madre se vio obligada a solicitar, el Ministerio Fiscal hace sus conclusiones de una forma GENÉRICA, PARTIDISTA Y SIN UN SOLO FUNDAMENTO diciendo que se dé poder al padre para operar cuando quiera a su hijo privando de derechos fundamentales al incapaz, dejando en manos del médico forense la decisión cuando precisamente es el único que no sabe de cardiología.
Fiscal que resulta ser. Fiscal Delegado Provincial de Valladolid nombrado por la Fiscalía General del Estado, de la que a estas alturas no hace falta dar más datos.
Justo en este momento que desde muchas instituciones se denuncia el asfixiante intento de instrumentalización política de la Fiscalía por determinados sectores que, persiguiendo otros fines, solo consiguen debilitar la justicia y la democracia. Nosotros venimos denunciando hace tiempo, que este rincón de la justicia que es la Fiscalía de Valladolid se ha convertido, a través de fiscales con nombres y apellidos en un entorno de desprotección total hacia los más vulnerables.
Lo que están haciendo desde la Fiscalía de Valladolid es dar poder a personas que, parece, están por encima de la legalidad. Y, que eso se aplique a alguien que, precisamente, tiene la función de velar por la legalidad no deja de ser algo extraordinariamente preocupante y abre el camino de la arbitrariedad de los poderosos, que es el cáncer de cualquier Estado democrático de Derecho
El caso de Valladolid, aún en evolución judicial, refleja la complejidad de los procedimientos de capacidad jurídica cuando confluyen discapacidad, conflicto familiar e interpretación institucional de pruebas médicas contradictorias.
Más allá de las posiciones enfrentadas, el debate central gira en torno a una cuestión clave: cómo garantizar que una persona con discapacidad pueda ser escuchada y protegida en condiciones reales de igualdad dentro del sistema judicial.
Mientras no exista una respuesta homogénea a esta cuestión, seguirán apareciendo conflictos en los que la percepción de injusticia se convierte, en sí misma, en parte del problema institucional.
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