Impacto España Noticias
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo histórico sobre la política de retornos de la Unión Europea que endurecerá significativamente las condiciones para aquellos inmigrantes a quienes se les deniegue la petición de asilo.
La principal novedad de la normativa es el aval a la externalización de centros de deportación a territorios extracomunitarios, consolidando un marco normativo inspirado en el modelo bilateral acordado recientemente entre Italia y Albania.
Pedro Sánchez ha quedado prácticamente aislado en la Unión Europea tras votar en contra del giro restrictivo que los Veintisiete han dado este lunes a la política migratoria comunitaria.
Los ministros del Interior de la UE han aprobado un nuevo reglamento destinado a simplificar y acelerar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular, con el respaldo de una amplia mayoría y la oposición casi en solitario de España, después de ocho meses de negociaciones.
En paralelo, los ministros aprobaron también, con el voto en contra de España, el nuevo reglamento sobre “países terceros seguros”, que permitirá a los Estados miembros trasladar a migrantes a países extracomunitarios para tramitar allí sus solicitudes de asilo, incluso aunque no tengan ningún vínculo con ese país ni hayan transitado por su territorio.
Bastará con que exista un acuerdo similar al firmado entre Italia y Albania. Esta modificación supone un cambio sustancial del concepto de protección internacional vigente hasta ahora.
El acuerdo llega tras superar las discrepancias sobre el calendario de implementación. Mientras la Eurocámara pretendía acelerar el proceso al próximo mes de enero, los Veintisiete solicitaban un año de margen.
Finalmente, la mayoría de las disposiciones entrarán en vigor en un plazo de doce meses, pero la validación legal de estos centros en terceros países y el incremento del apoyo a Frontex se aplicarán de forma inmediata tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
Grande-Marlaska expresó “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre estos centros de retorno, y advirtió de que podrían provocar un “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con países considerados socios clave en la prevención de la migración irregular en origen. El Gobierno español tampoco ve con buenos ojos que el reglamento no establezca el reconocimiento obligatorio en toda la UE de las decisiones de expulsión dictadas por cualquier Estado miembro, ya que se mantiene la voluntariedad actual y, con ella, la fragmentación del sistema.
Otra de las disposiciones más controvertidas es la que permite mantener a los migrantes en detención durante un periodo de hasta dos años, prorrogable en plazos sucesivos de seis meses. España considera que este modelo equivale, en la práctica, a una detención indefinida.
El reglamento impone además a los migrantes la obligación de cooperar con las autoridades nacionales durante todo el procedimiento de retorno. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones adicionales como multas, detención o ampliación del internamiento. Las deportaciones forzosas serán obligatorias cuando el migrante no coopere, se fugue a otro Estado miembro, incumpla el plazo de salida voluntaria o suponga un riesgo para la seguridad.
La directiva endurece las obligaciones de los solicitantes de asilo, quienes estarán obligados por ley a cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión si su petición es rechazada. En caso de no colaborar o si se detecta riesgo de fuga, la norma contempla periodos de detención de hasta 24 meses.
Esta medida cautelar se aplicará también a familias con niños y a menores no acompañados bajo la premisa de «último recurso», aunque la externalización de centros estará prohibida para los menores sin acompañante.
La reforma sobre los inmigrantes ha suscitado duras críticas de organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de Rescate (IRC), que denuncia «peligrosos vacíos legales» y la ausencia de salvaguardias suficientes para evitar detenciones ilegales y la violación de los derechos humanos en suelo extracomunitario.
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