Impacto España Noticias
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las dos de carácter progresista, han hecho público un comunicado en el que expresan su preocupación tras conocerse la presunta trama de las llamadas “cloacas del PSOE”, que habrían intentado desacreditar o presionar a miembros del Poder Judicial con el objetivo de influir en procedimientos judiciales que comprometen al Gobierno.
Recuerdan que, desde el 31 de mayo de 2026, se vienen publicando en medios de comunicación informaciones sobre actuaciones cometidas en el ámbito de esa trama, consistentes en investigaciones secretas a la magistrada, Beatriz Biedma, que incluirían espionajes a su persona, familia y entorno, con el fin de hostigarla y desacreditarla.
Esta juez, cabe recordar, fue la encargada de instruir la investigación contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y otros 10 investigados más por la creación y adjudicación ‘a dedo’ de una vacante en la Diputación de Badajoz.
Aunque las asociaciones firmantes subrayan la necesidad de respetar la presunción de inocencia de cualquier persona investigada, afirman que las informaciones conocidas generan una “profunda inquietud” ante la posibilidad de que las estrategias de deslegitimación hayan afectado a más integrantes de la carrera judicial.
Por otro lado, consideran “insuficiente” la declaración institucional emitida por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces ha mostrado su preocupación por las manifestaciones realizadas por responsables de altas instituciones del Estado cuestionando la independencia judicial y advirtiendo de que este tipo de mensajes erosionan la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho.
Los jueces y fiscales hacen hincapié en que “una vez más que el poder judicial actúa con plena independencia, y sometido únicamente al imperio de la ley. Todo intento de deslegitimar su función constituye un ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes”.
Lamentan, asimismo, la ausencia de reacción por parte de la Fiscalía General del Estado, ignorando su deber legal de defender la independencia judicial.
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