La deriva institucional que vive España ha alcanzado un nuevo y preocupante hito en el epicentro de su soberanía nacional. El PSOE y sus socios de coalición han vuelto a demostrar que no tienen reparos en modificar las reglas del juego democrático a mitad de la partida con el único objetivo de garantizar su supervivencia política.
Bajo la batuta de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, la Mesa del Congreso de los Diputados ha activado una maquinaria exprés para consumar lo que a todas luces se presenta como una flagrante capitulación ante el chantaje permanente de las fuerzas separatistas. Se trata de una reforma exprés y hecha a la medida para desvirtuar los equilibrios parlamentarios tradicionales y debilitar los contrapesos del Estado de derecho.
La holgada mayoría que el PSOE y los comunistas de Sumar que ostentan en la Mesa del Congreso de los Diputados ha sido la herramienta fundamental para que este órgano rector acuerde tramitar, por la vía de máxima urgencia, la proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso. Con esta iniciativa, firmada en la sombra por el bloque de la investidura, la izquierda intenta rebajar drásticamente los requisitos legales exigidos para constituir grupos parlamentarios propios en el Congreso.
El plan consiste en reducir el umbral mínimo exigido del 5% de los votos a un exiguo 3%. Esta maniobra técnica no busca la eficiencia ni la modernización de la institución, sino regalar privilegios financieros y políticos a las formaciones nacionalistas y separatistas que sostienen a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
Esta urgencia parlamentaria persigue un calendario muy agresivo: forzar que la reforma supere todos los trámites del Congreso en el mes de julio, obligando al Senado a despacharla en apenas veinte días. Aunque en el horizonte político inmediato no existe una perspectiva real de adelanto electoral, el Gobierno y sus terminales partidistas ya están preparando minuciosamente el escenario para las próximas elecciones generales.
Las encuestas y los estudios demoscópicos coinciden en pronosticar una derrota electoral para el PSOE y sus socios habituales tanto los comunistas como los separatistas. Ante la evidente posibilidad de quedarse en minoría parlamentaria, el sanchismo busca blindar de antemano a sus aliados periféricos. El objetivo es que, incluso perdiendo una gran cantidad de sufragios, el conglomerado de siglas que apoya a Sánchez mantenga la condición de grupo parlamentario con todos los beneficios económicos, de portavocía y de tiempos de intervención que de ello se derivan.
El primer paso de esta estrategia coordinada se consolidó cuando un grupo de parlamentarios de la mayoría gubernamental presentó formalmente la proposición de ley de reforma del Reglamento. El núcleo de la iniciativa se centra en una profunda y tramposa modificación del artículo 23 de la norma parlamentaria. De aprobarse los planes de Armengol, el punto uno de dicho artículo pasará a quedar redactado bajo una fórmula diseñada al dictado de los intereses nacionalistas:
«Las diputadas y los diputados, en número no inferior a 15, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario quienes integren una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido un número de escaños no inferior al 5% y, al menos, el 10% de los votos correspondientes al conjunto de las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el 3% de los emitidos en el conjunto de la Nación».
En el punto dos del citado artículo, los proponentes introducen una cláusula de control interno para evitar fugas o dobles juegos dentro de sus propias coaliciones líquidas. Proponen que, en ningún caso, «pueden constituir Grupo Parlamentario separado quienes pertenezcan a un mismo partido. Tampoco podrán formar Grupo Parlamentario separado quienes, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado».
Bajo la apariencia de mantener un orden interno, el sanchismo intenta atar de pies y manos a las distintas facciones de su propio bloque, impidiendo que discrepancias menores pongan en peligro la cohesión de la matemática parlamentaria que necesitan para bloquear cualquier alternativa de gobierno constitucionalista.
En la exposición de motivos del texto presentado, los partidos del Ejecutivo recurren a la habitual verborrea neolenguaje y a los eufemismos institucionales para camuflar lo que en la calle se entiende como una cesión incondicional.
El texto justifica la reforma alegando que, en la actualidad, los requisitos previstos para la constitución de un grupo parlamentario «pueden generar, en determinados supuestos, rigideces no siempre acordes con la pluralidad expresada en los procesos de elección de representantes».
El cinismo de los argumentos oficiales no se queda ahí. Los promotores de la iniciativa aseguran sin rubor que la reforma tiene como finalidad «actualizar el régimen de constitución de los Grupos Parlamentarios, con el doble propósito de favorecer una proyección más plena de la participación política de la ciudadanía por medio de sus representantes y del pluralismo en la organización y el funcionamiento interno del Congreso, y de reforzar la coherencia del marco reglamentario aplicable».
Sin embargo, detrás de palabras tan pomposas como «pluralismo» o «participación» se esconde una realidad mucho más prosaica: la necesidad de regalar millones de euros en subvenciones públicas a partidos cuyo único programa político consiste en la desconexión y la destrucción de la unidad nacional.
La proposición de ley fue tomada en consideración por el pleno del Congreso de los Diputados contando con el firme y rotundo rechazo del bloque de la oposición formado por el Partido Popular, Vox y UPN. Durante el debate, la oposición desmontó minuciosamente los argumentos del Gobierno, desnudando la verdadera naturaleza de una reforma que violenta el espíritu de la Transición y rebaja las exigencias democráticas para premiar la deslealtad institucional.
Una vez superado el trámite de la toma en consideración gracias al bloque de la investidura, el PSOE y sus socios han decidido pisar a fondo el acelerador para evitar el debate social y hurtar la discusión a los expertos jurídicos de las Cortes. Para ello, llevaron las órdenes directamente a la Mesa presidida por Francina Armengol, imponiendo la tramitación por la vía de urgencia en la Comisión de Reglamento.
Esta argucia procedimental implica reducir a menos de la mitad los plazos ordinarios de tramitación, recortando el tiempo de estudio de dos meses a tan solo veinte días en fase de ponencia. De esta forma, el sanchismo planea utilizar el mes de julio —tradicionalmente inhábil a efectos parlamentarios ordinarios— para aprobar el texto de forma definitiva en un pleno extraordinario del Congreso.
Posteriormente, el proyecto será remitido al Senado, donde el mecanismo de urgencia obligará a la Cámara Alta a resolver el trámite en el mismo periodo perentorio de veinte días. Al inicio del próximo periodo de sesiones, la degradación del Reglamento ya será una realidad consumada.
La conclusión es devastadora: Francina Armengol ha convertido la Presidencia del Congreso en una gestoría al servicio exclusivo de los intereses personales de Pedro Sánchez. Al plegarse una vez más ante las exigencias de los partidos separatistas, el PSOE no solo devalúa el prestigio de las instituciones del Estado, sino que financia y potencia con recursos públicos a quienes tienen como único objetivo declarado socavar la convivencia y la Constitución española.
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