Impacto España Noticias
El Gobierno de Aragón, con la participación de Vox en el Ejecutivo autonómico, ha anunciado la realización de pruebas forenses de determinación de edad a 93 menores extranjeros no acompañados llegados a la comunidad desde el pasado otoño.
Según los datos facilitados por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigida por Alejandro Nolasco, un total de 116 menores extranjeros no acompañados han llegado a Aragón desde octubre. De ellos, únicamente 23 han acreditado de forma fehaciente su edad, mientras que el Ejecutivo autonómico realizará pruebas a los 93 restantes para verificar si realmente son menores.
La decisión llega después de que el vicepresidente aragonés informara de la detección de un supuesto «falso mena». Según explicó, esta persona aseguró tener 13 años, pero las pruebas realizadas determinaron que rondaba los 20 años.
Vox ha utilizado este caso para defender la ampliación de los controles de verificación de edad y reforzar los mecanismos de comprobación de identidad de los menores extranjeros no acompañados.
Desde el Ejecutivo autonómico mantienen sus discrepancias con el sistema utilizado por el Gobierno de Pedro Sánchez para distribuir menores migrantes entre las comunidades autónomas.
Según sostienen desde Vox Aragón, la comunidad ha recurrido en numerosas ocasiones los criterios de asignación aplicados por el Estado. El Gobierno autonómico argumenta razones técnicas y legales para evitar la llegada de algunos de los jóvenes inicialmente asignados.
El primer traslado de menores tuvo lugar el 9 de octubre y el último registrado hasta la fecha se produjo el 27 de abril. Aragón asegura que el Estado ordenó estas acogidas mediante resoluciones de obligado cumplimiento.
Durante su comparecencia, Alejandro Nolasco avanzó que Aragón derivará a la Delegación del Gobierno a todas aquellas personas que, tras las pruebas forenses, resulten ser mayores de 18 años.
El vicepresidente también reiteró las críticas de Vox al sistema actual de determinación de edad, al considerar que muchos migrantes declaran tener entre 16 y 17 años sin que existan comprobaciones suficientes.
La medida abre un nuevo debate sobre la gestión migratoria y la distribución de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas, una cuestión que sigue generando enfrentamiento político entre distintas administraciones.
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