Impacto España Noticias
La polémica sobre los negocios vinculados a la familia política de Pedro Sánchez suma un nuevo capítulo tras conocerse un contrato de arrendamiento que permitió al padre de Begoña Gómez mantener durante más de cuatro décadas el alquiler de un local público en pleno centro de Madrid.
El inmueble, propiedad de Muface, fue arrendado originalmente para la exposición y venta de muebles, aunque con el paso de los años terminó siendo utilizado como sauna y, según diversos informes policiales, como escenario de actividades relacionadas con la prostitución masculina.
La documentación, publicada por ED, muestra que el contrato fue firmado en 1980 y establecía una renta mensual de 49.700 pesetas, equivalentes a 298,70 euros. El local estaba situado en la calle San Bernardo de Madrid y contaba con una superficie superior a los 400 metros cuadrados distribuidos en varias plantas.
La cláusula principal del contrato especificaba expresamente que el local debía destinarse a la exposición y venta de muebles. Además, el arrendamiento incluía servicios generales del edificio como limpieza, conserjería, ascensor, agua y otros gastos comunes.
Según la información publicada, la renta se actualizó conforme al IPC durante décadas, aunque continuó situándose por debajo de los precios de mercado de una de las zonas más cotizadas del centro de Madrid.
La vigencia del contrato se prolongó gracias a la legislación de arrendamientos urbanos entonces existente, que permitía la prórroga obligatoria para el propietario mientras el inquilino decidiera mantener la actividad. El alquiler no finalizó hasta marzo de 2022, cuando Pedro Sánchez ya ocupaba la Presidencia del Gobierno.
La documentación también recoge diversas actuaciones administrativas relacionadas con el inmueble. Durante los años ochenta, el entonces arrendatario solicitó licencias y presentó proyectos de reforma para adaptar el local a nuevas actividades.
Entre las modificaciones figuraban cambios en la distribución interior, nuevas instalaciones eléctricas y obras destinadas a regularizar la situación administrativa del establecimiento tras diferentes incidencias relacionadas con las licencias municipales.
Según la información difundida, Muface habría señalado posteriormente que no constaba comunicación expresa de algunas de estas reformas pese a que el contrato contemplaba la necesidad de autorización previa para ejecutar modificaciones estructurales.
Uno de los aspectos más controvertidos del caso se encuentra en varios informes policiales incorporados a distintas actuaciones administrativas. En ellos, agentes que inspeccionaron el establecimiento durante los años noventa reflejaron la existencia de actividades vinculadas a la prostitución masculina.
Los documentos describen la presencia de cabinas, salas de proyección de contenido pornográfico y diversas circunstancias que llevaron a los investigadores a concluir que el local no desarrollaba la actividad inicialmente autorizada.
Las actuaciones policiales dieron lugar a propuestas de precinto y a diferentes procedimientos administrativos relacionados con el funcionamiento del establecimiento.
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