Más autoridad y respaldo para los profesionales sanitarios a la hora de intervenir y velar por la salud pública. Es uno de los objetivos de la futura ley de Salud Pública del Principado, cuyo proyecto aprobó este mismo lunes el Consejo de Gobierno y ahora iniciará su tramitación parlamentaria en la Junta.
Los sanitarios podrán, por ejemplo, ejercer su autoridad para obligar a alguien a ponerse una vacuna en aras de evitar el «riesgo para la salud colectiva», tal y como expuso la consejera, Concepción Saavedra. La norma no asegura que una persona reacia a inmunizarse lo haga, pero sí refuerza la capacidad de los profesionales para advertir de ello. «Depende qué casos o qué vacunas, pero la cuestión es que no se ponga en riesgo al resto de la sociedad.
Los profesionales serán autoridad sanitaria y esto les facilitará, también, a inspecciones en residencias para realizar pruebas diagnósticas», abundó Saavedra, quien resaltó que el texto incorpora muchos aprendizajes de la pandemia de covid a la vez que incluye más medidas para «fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta ante emergencias sanitarias».
La norma refuerza los derechos de la ciudadanía a la protección de la salud, a recibir información veraz y comprensible, a participar en las políticas públicas y a que todas las actuaciones garanticen la dignidad, la confidencialidad y la seguridad. Igualmente, fija deberes, como los citados de evitar conductas que pongan en riesgo la salud colectiva, colaborar con las autoridades sanitarias y contribuir a la protección de la sociedad en conjunto.
«El objetivo es claro: reducir las desigualdades en salud y garantizar que el lugar donde residimos o nuestras condiciones de vida no determinen nuestras oportunidades de vivir con salud», resaltó Saavedra, quien compareció junto al portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez tras la reunión del consejo. La dirigente definió el texto como «valiente y ambicioso, que mira al futuro sin perder de vista el presente y es un refuerzo de la salud pública como pilar del sistema sanitario».
Según el Principado, la ley –extensa, con 6 títulos y más de 80 artículos– parte de la premisa de que la salud no depende únicamente de la atención sanitaria, sino también de factores sociales, económicos, laborales, ambientales, culturales y educativos. Este hecho exige un marco normativo que permita actuar sobre estos determinantes «para reducir desigualdades».
Aborda seis retos: integrar la salud en todas las políticas, avanzar en el enfoque «One Health» (la estrategia integral que reconoce la interdependencia entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente); reforzar la equidad, impulsar la acción comunitaria, fortalecer la integración de la salud pública en el sistema sanitario y consolidar un liderazgo público capaz de coordinar sectores y prevenir enfermedades evitables.
El texto se aprueba una semana después de que haya recibido luz verde el proyecto de ley de Salud Mental. En lo que va de legislatura, según Guillermo Martínez, van una docena de leyes aprobadas y este apenas un año que queda por delante el Gobierno regional tiene en el disparadero unas cuantas más como la ley de Estancias Turísticas (sobre la tasa turística), la de Cultura e Identidad o la de Mecenazgo.
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