Impacto España Noticias
El ataque sistemático a los símbolos religiosos en España ha alcanzado un nuevo y preocupante nivel de agresión institucional. En un acto que combina la provocación diplomática con la total falta de respeto a los espacios sagrados, el Ejecutivo de P.S. ha decidido iniciar movimientos de tierra y perforaciones pesadas en uno de los conjuntos monumentales más significativos de la península: el Valle de los Caídos.
Ante esta ofensiva frontal profanador contra el patrimonio histórico y espiritual, la sociedad civil ha encontrado un bastión de resistencia jurídica inquebrantable en la Fundación Española de Abogados Cristianos, cuya rápida intervención merece el más rotundo reconocimiento público.
La organización solicita medidas cautelarísimas para frenar los trabajos de intervención material iniciados el 8 de junio en la explanada de la Basílica. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha acudido de urgencia a la Audiencia Nacional para exigir la adopción de disposiciones judiciales inmediatas que impidan la continuidad de las obras iniciadas por el Gobierno en el Valle de los Caídos.
La gravedad de la situación no admite demoras burocráticas; la entrada de maquinaria pesada en el recinto sagrado constituye una agresión patrimonial que requiere una respuesta contundente desde los tribunales.
Es de justicia felicitar públicamente a Abogados Cristianos por su valentía, agilidad y constancia. En un panorama social donde muchas instituciones prefieren mirar hacia otro lado ante los atropellos del poder político, este equipo jurídico demuestra que la defensa de los derechos fundamentales y de la libertad religiosa no se negocia. Su recurso ante la Audiencia Nacional es un ejemplo de cómo la ley puede y debe ser utilizada para frenar los abusos de un Ejecutivo cristofóbico que actúa con desprecio absoluto hacia los sentimientos de millones de ciudadanos.
Denuncia que el Gobierno ha comenzado las catas y sondeos geotécnicos coincidiendo con la visita del Papa León XIV a España y sin esperar a que se resuelvan los recursos abiertos. La elección del calendario por parte del gabinete de P.S. no responde a criterios técnicos ni organizativos, sino a una calculada estrategia de menosprecio y burla a los católicos, empezando por el papa León XIV.
Introducir taladradoras y excavadoras en la explanada de la Basílica precisamente en las mismas fechas en que el Sumo Pontífice se encuentra en territorio nacional es un insulto deliberado a la iglesia católica y una burla a las formas diplomáticas internacionales.
Esta maniobra revela el carácter revanchista y de odio anticatólico de unas actuaciones ejecutadas a traición, aprovechando el foco mediático de la visita papal para avanzar en una agenda de hechos consumados. El Gobierno ha ignorado deliberadamente que existen múltiples procedimientos judiciales y recursos vivos sin resolver respecto al futuro del monumento.
Actuar de esta manera, saltándose los tiempos de la justicia, es una muestra de totalitarismo administrativo que busca anular la efectividad de las futuras sentencias judiciales mediante la destrucción previa del objeto del litigio.
Abogados Cristianos sostiene además que las actuaciones se habrían iniciado sin los permisos necesarios y advierte de que pueden causar daños irreversibles en un lugar sagrado y protegido. Los trabajos actuales, consistentes en sondeos geotécnicos y perforaciones directas sobre el suelo de granito de la explanada, no son tareas de mantenimiento ordinario. Constituyen la fase preliminar e indispensable para la ejecución del polémico y destructivo proyecto denominado “La base y la cruz”.
Esta intervención material es, en el fondo, una profanación encubierta bajo el lenguaje de la «resignificación». Modificar la estructura de una basílica protegida internacionalmente por los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede supone violar el derecho internacional y la inmunidad de los lugares de culto, un precedente peligrosísimo para el estado de derecho.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que “el Gobierno ha aprovechado la visita del Papa para dar un paso más en su ofensiva contra el Valle de los Caídos. Mientras España recibía al Pontífice, las máquinas entraban en uno de los lugares religiosos más importantes de nuestro país”.
Castellanos añade que “Sánchez está utilizando el Valle como cortina de humo para tapar sus escándalos de corrupción. No vamos a permitir que destruya un lugar sagrado ni que imponga su agenda ideológica por la vía de los hechos consumados”.
La denuncia de la fundación apunta también a una flagrante ilegalidad administrativa, ya que las obras se habrían iniciado eludiendo los permisos municipales e institucionales obligatorios para cualquier intervención en un conjunto protegido con la máxima catalogación patrimonial. La falta de transparencia y las prisas por perforar el suelo confirman que el Ejecutivo actúa al margen del procedimiento legal ordinario, utilizando la fuerza institucional para pisotear las normativas de protección histórica y religiosa que obligan a cualquier otro ciudadano u organización.
“Mientras España recibía al Papa, Sánchez metía las máquinas en el Valle de los Caídos. No es una casualidad: utiliza el ataque a los símbolos cristianos para desviar la atención de los escándalos de corrupción que acorralan a su Gobierno”.
El análisis de la realidad política española corrobora las palabras de Castellanos. Cada vez que el Ejecutivo se encuentra cercado por la acción de los tribunales o por investigaciones que afectan a su núcleo duro, activa la maquinaria del sectarismo ideológico contra los templos y la historia de España.
El Valle de los Caídos no es un recurso logístico propiedad del partido gobernante para ser profanado a conveniencia; es un lugar de enterramiento, oración y paz custodiado por una comunidad benedictina y amparado por tratados internacionales. Utilizar la agresión patrimonial a una basílica católica como una herramienta de distracción partidista demuestra una bajeza moral intolerable.
La batalla legal iniciada por la Fundación Española de Abogados Cristianos ante la Audiencia Nacional trasciende la defensa de unas hectáreas de granito en la sierra de Guadarrama. Lo que está en juego es el derecho de los ciudadanos a que sus convicciones más íntimas y sus espacios sagrados no sean convertidos en el campo de juego de la propaganda gubernamental.
Frenar de forma cautelarísima estas obras ilegales es una exigencia básica. Reiteramos nuestra felicitación a Abogados Cristianos por ejercer una defensa firme, profesional y rigurosa de la libertad religiosa frente a la arbitrariedad de un poder político cristofóbico que pretende situarse por encima de la ley y de lo sagrado.
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