Impacto España Noticias
El titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, José María Escribano, ha abierto la primera investigación penal sobre el rescate concedido a Air Europa durante la pandemia. El magistrado ha citado como investigado por prevaricación a Bartolomé Lora, quien era presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2020, y ha solicitado identificar a todos los miembros del Consejo Gestor que aprobaron la operación.
Según un acta confidencial, el 29 de octubre de 2020 el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobó “por unanimidad” la concesión de 475 millones de euros a la aerolínea del grupo Globalia.
Entre los vocales con voz y voto figuraban la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; los entonces subsecretarios Pilar Paneque (Hacienda) y Raül Blanco (Industria), así como Pedro Saura (actual presidente de Correos) y Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de Moncloa.
El juez ha requerido a la SEPI el expediente completo, actas, borradores, informes técnicos y comunicaciones internas, con especial atención a las deudas e impedimentos de la compañía. También quiere identificar a los técnicos que instruyeron el expediente y al secretario del Consejo, Javier Loriente. Lora deberá declarar el próximo 3 de julio.
Esta ayuda fue la más rápida de las concedidas por el fondo creado durante la crisis del coronavirus y requirió la aprobación posterior del Consejo de Ministros el 3 de noviembre de 2020. Air Europa devolvió el préstamo el año pasado tras la entrada de Turkish Airlines en su capital, pero persisten las dudas sobre la tramitación.
La investigación parte de querellas presentadas por el PP y VOX. En paralelo, el caso ha aparecido en otras causas, como las relacionadas con posibles comisiones al exministro José Luis Ábalos o los contactos del expresidente de Globalia, Javier Hidalgo, con Begoña Gómez, aunque esa línea fue archivada por la Audiencia de Madrid.
En abril, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, Lora defendió la “rigurosidad” del control de la SEPI y recordó que el Tribunal de Cuentas validó los expedientes. Sin embargo, el órgano fiscalizador destacó la inusual celeridad del rescate y la presencia de De la Rocha.
Este nuevo procedimiento judicial reabre el debate sobre la gestión de las ayudas públicas durante la pandemia y podría implicar a varios altos cargos que en su momento ocupaban puestos clave en la Administración. La SEPI debe entregar toda la documentación solicitada para que el juez determine si hubo arbitrariedad en la aprobación de una de las operaciones más controvertidas del fondo de solvencia.
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