Leire tenía un borrador de una ley de Bolaños para censurar noticias

Leire Díez trabajó en un borrador del plan del Gobierno de Pedro Sánchez para reformar la Ley Orgánica del derecho de rectificación, la ofensiva legislativa contra los medios de comunicación que Moncloa lanzó por sorpresa en septiembre de 2024 para tratar de neutralizar las informaciones sobre los negocios de Begoña Gómez y su imputación en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por múltiples delitos. El proyecto de Moncloa se está tramitando en estos momentos en el Congreso de los Diputados.

 La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino a la fontanera de Ferraz, entre las páginas de un cuaderno, una hoja con artículos de la nueva norma. El documento, que está incorporado al sumario del caso Leire, se titulaba "solución a las difamaciones y acusaciones falsas" y esbozaba un texto que ponía en el punto de mira a los policías, guardias civiles, jueces, fiscales y periodistas que estaban investigando la corrupción del PSOE y de la familia del presidente.

 El hallazgo de este documento en manos de Leire Díez evidencia que las cloacas de Ferraz, tras ponerse en marcha durante los cinco días de reflexión de Sánchez, se involucraron en la batalla del Gobierno contra la prensa crítica. En un primer momento, Ferraz se aferró al concepto de "máquina del fango" para despreciar las revelaciones sobre Begoña Gómez y el llamado caso Koldo. Pero, en el verano de 2024, Moncloa demostró que pretendía ir mucho más allá.

 Con la excusa de que España tenía que trasponer una directiva europea sobre medios de comunicación, el Ejecutivo diseñó un paquete de medidas que implicaba a varios ministerios e incluía una batería de reformas legales. El proyecto se presentó en el Consejo de Ministros del 17 de septiembre de 2024 y fue bautizado con el nombre de Plan de Acción Democrática.

Supuestamente, el objetivo era mejorar la transparencia de los medios, regular la publicidad institucional, proteger a los periodistas de presiones externas y garantizar el derecho a recibir información veraz. Pero, en la práctica, el plan minaba la independencia de la prensa e impedía la publicación de noticias incómodas para el Gobierno. La propuesta de Moncloa se dirigía especialmente contra los medios digitales después de que El Confidencial destapara el caso Begoña Gómez.

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 En diciembre de ese año se conoció la primera iniciativa del Plan de Acción Democrática y fue una declaración de intenciones. La impulsó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y consistió en la aprobación de un anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación. Según el Gobierno, el nuevo texto iba a actualizar la norma en vigor de 1984 con el fin de "mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados".

 El anteproyecto ampliaba el plazo que tiene un individuo o una institución para ejercer el derecho de rectificación si considera que una información no veraz. Pero lo más novedoso era que el texto diluía tanto el concepto de veracidad que permitía cuestionar cualquier noticia. El supuesto afectado podía rectificar una noticia entera con el argumento de que faltaba contexto o algún dato colateral.

 En los medios digitales, la rectificación debía sustituir íntegramente la información original, que dejaría de estar disponible. Es decir, que el anteproyecto abría la puerta a que el Ejecutivo de Sánchez eliminara todas las noticias incómodas que se habían publicado sobre Begoña Gómez utilizando cualquier pretexto. Es obvio que el simple riesgo de ser desmentido, aunque la información fuera cierta, podía desencadenar la autocensura.

 Pero, según revela ahora el sumario que instruye el juez Santiago Pedraz, Leire Díez elaboró a lo largo de 2025 una propuesta aún más radical. La fontanera del PSOE confeccionó varios artículos para la nueva ley que permitían amenazar a los medios díscolos y a sus fuentes de información con indemnizaciones millonarias.

Por un lado, fijaba que el "medio de comunicación que publicara información económica de persona física o jurídica que no se ajuste a la realidad tendrá que compensar al difamado con una cantidad resultante de multiplicar la información publicada por un factor de 20". "En casos sucesivos el factor multiplicador será de 50".

 El texto intervenido por la UCO a Leire Díez no especificaba qué quería decir que una información no se ajustaba a la realidad. De nuevo, el objetivo era que la respuesta dependiera exclusivamente de Moncloa. La exmilitante del PSOE usaba otra vez esa fórmula para sancionar a los medios de comunicación que atribuyeran una "falta o delito económico" a una persona con indemnizaciones igualmente astronómicas.

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 La mano derecha de Santos Cerdán también apuntaba en su propuesta contra "el funcionario público, de cualquier posición, que acusara a persona física o jurídica de una falta o delito económico con información o datos que no se ajusten a la realidad". "Tendrá que compensar al acusado con una cantidad resultante de multiplicar la información utilizada por un factor de 20 si fuera la primera ocasión" o de "50" en casos sucesivos.

El borrador que escondía Leire Díez se refería expresamente a "funcionarios de los cuerpos de seguridad", "fiscales que realizaran querellas, oficios o escritos que realicen imputaciones con datos falsos" y "jueces que firmaran autos de imputación o acusación con datos falsos o que no se ajusten a la realidad". Una disposición transitoria concedía 30 días desde la aplicación de la norma para retirar la supuesta información falsa en circulación. A partir de ese plazo, los responsables quedaban obligados a abonar la multa correspondiente.

 Bolaños dio por concluido el periodo de consultas de la reforma de la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación el pasado 13 de enero. El Consejo de Ministros aprobó ese día el proyecto de ley y lo envió a las Cortes. La redacción que salió de Moncloa mantenía los puntos más polémicos del anteproyecto, pero no incluyó los artículos de Leire.

El Gobierno consideró, entre otros motivos, que la propuesta de su fontanera deformaba el proceso de instrucción judicial, que contempla que los hechos a los que se enfrenta un acusado puedan ser desmentidos en la fase de la vista oral. En otros puntos, los artículos de la fontanera estaban más cerca del delito de prevaricación que del derecho de rectificación.

 Con todo, el proyecto coarta tanto el derecho a la información y la publicación de noticias críticas con el poder que Moncloa no ha logrado que pase el filtro de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. El periodo de enmiendas se ha prorrogado periódicamente desde enero para dejar la norma en un limbo. El PSOE no tiene los apoyos parlamentarios necesarios para impulsar su reforma legal.

 Sin embargo, la intervención de este documento demuestra que las cloacas de Ferraz se sumaron a la campaña del Gobierno contra los medios de comunicación, jueces, fiscales y funcionarios de las Fuerzas de Seguridad y que llegaron a participar en la elaboración de un proyecto de ley de Bolaños.

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