Impacto España Noticias
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha obligado a votar con carácter de urgencia, a través de una llamada telefónica, y sin informes de los letrados de la Cámara, a los nueve miembros de la Mesa las enmiendas de PP y Junts que pretendían que el Parlamento exigiera a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. Según han confirmado fuentes del órgano de gobierno de la Cámara, han recurrido a un procedimiento «que sólo se utiliza para cuestiones que no comportan controversia».
De acuerdo con la versión de las fuentes consultadas, alrededor de las 14:00 horas, un letrado de la Cámara Baja llamaba uno a uno a los miembros de la Mesa, mandatado por Armengol, para pedirles simplemente que votaran a favor o en contra de admitir a trámite las enmiendas que exigían el adelanto de elecciones a Sánchez.
Cuando algunos de los miembros de la mesa han solicitado el informe preceptivo, para que se lo enviasen, el letrado, al otro lado del teléfono, les informaba de que no iban a recibir informe alguno y que votasen en ese momento en función de sus conocimientos, la jurisprudencia y su convicción.
Fuentes del cuerpo de letrados han explicado a este periódico que los cinco miembros de la Mesa que han impedido la admisión a trámite de las enmiendas en cuestión «han dicho digo donde hace tan solo un año dijeron Diego». Se refieren a la iniciativa por la que Junts solicitaba al presidente del Gobierno que se sometiera a una moción de confianza, en 2025. Esa moción, tras un periodo inicial de bloqueo, contó con los votos favorables de Sumar y PSOE, que tienen la mayoría en la Mesa.
En esta ocasión, la fórmula que hace sólo un año fue válida para ser admitida a trámite, tras el pacto alcanzado entre Junts y el Gobierno, se ha desechado. Los motivos se desconocen, porque no hay informe técnico de los letrados y porque todo se ha tramitado deprisa y corriendo para poder bloquear la exigencia de convocatoria electoral cuanto antes. Los de Carles Puigdemont han empleado prácticamente la misma fórmula que entonces, pero la respuesta de PSOE y Sumar ha sido exactamente lo contrario: donde dije digo, digo Diego.
En 2025, la Proposición no de Ley de Junts decía textualmente: «El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa».
En esta ocasión, la enmienda se ha resuelto de este modo: «Instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa».
La misma fórmula que desbloqueó en 2025 la tramitación de la solicitud de moción de confianza ha sido bloqueada en esta ocasión, con lo que fuentes jurídicas de la Cámara Baja aseguran que «han ido en contra de su propia jurisprudencia».
Por todo ello, el PP ya ha presentado una queja, además de dirigir a la Mesa del Congreso de los Diputados un escrito de reconsideración, para que modifiquen lo que consideran una decisión cuando menos arbitraria.
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