La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto al descubierto la connivencia directa entre las más altas esferas del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la 'trama Leire' para forzar el rescate con fondos públicos de la siderúrgica Tubos Reunidos. El plan supuso un desembolso de 112,8 millones de euros de las arcas del Estado y sirvió, además, para que los intermediarios se embolsaran suculentas comisiones ilegales a espaldas del erario público.
Según se desprende de un demoledor informe del Instituto Armado la organización criminal utilizó su profunda "capacidad de acceso" a la cúpula vasca para desatascar la inyección económica.
Los investigadores han trazado la hoja de ruta de los conseguidores, documentando cómo la red limitó a facilitar la lluvia de millones inicial en 2021 y volvió a movilizarse años más tarde para lograr que la Moncloa concediera a la empresa moratorias a la carta en la devolución de la deuda.
A cambio de aceitar esta maquinaria burocrática y política, el trío mediador se embolsó un primer soborno de 114.950 euros, canalizado de forma opaca a través de Mediaciones Martínez SL, una empresa pantalla radicada en Zaragoza que también figura en otras piezas separadas por el amaño de obra pública.
Después, la red 'Hirurok' encontró una nueva vía de enriquecimiento entre 2024 y 2025. Tras vender un inmueble en Sestao por 15 millones de euros, Tubos Reunidos debía destinar ese capital a amortizar su deuda con el Estado. Sin embargo, la dirección de la empresa recurrió de nuevo a Díez, Fernández y Alonso para eludir ese compromiso y conservar la liquidez.
La trama escaló las negociaciones hasta la madrileña calle Ferraz. Según los indicios recabados por el juzgado que dirige Santiago Pedraz, representantes de la siderúrgica llegaron a despachar sobre este asunto en la misma sede del PSOE con Santos Cerdán, por entonces secretario de Organización.
La presión surtió efecto en un tiempo récord. El 14 de marzo de 2025, la compañía solicitó formalmente el aplazamiento. En apenas dos semanas, superando todos los filtros legales de la SEPI, la presidenta Belén Gualda delegó la firma que validaba la moratoria. Por este segundo favor, la red cobró otros 40.000 euros.
El saldo de estas operaciones evidencia un fraude sistémico en la gestión de los fondos de rescate. Mientras los conseguidores acumulaban, según los cálculos de la UCO, más de 730.000 euros en mordidas derivadas de cinco adjudicaciones públicas distintas, las arcas del Estado sufrían un revés definitivo.
Pero Tubos Reunidos nunca devolvió el préstamo. Es más, el pasado mes de mayo de 2026, la compañía vasca se declaró oficialmente en concurso de acreedores, certificando la pérdida de los 112,8 millones de euros.
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