El panorama político español ha entrado en una dimensión desconocida tras las últimas decisiones judiciales. Pedro Sánchez ya ha activado de forma definitiva su maquinaria de propaganda para implantar la estrategia del lawfare y el plebiscito emocional o victimismo alrededor de su mujer.
Lejos de asumir responsabilidades políticas o de respetar la independencia del poder judicial, la factoría de Sánchez y Moncloa han diseñado un plan de supervivencia basado en el ruido defensivo y la polarización. La hoja de ruta está trazada: no se trata de defender la inocencia en los tribunales, sino de instrumentalizar los autos judiciales para presentarse como víctimas de una supuesta persecución política.
La gravedad de la situación institucional actual emana directamente del auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado. El magistrado ha acordado enviar a juicio a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, imponiéndole además medidas cautelares completamente inéditas para la esposa de un presidente del Gobierno en ejercicio.
Este escenario sitúa a Pedro Sánchez ante un espejo incómodo, convirtiéndolo formalmente en el primer presidente de la historia de la democracia española cuya cónyuge es enviada al banquillo de los acusados en el marco de una investigación por corrupción sistémica.
El pormenorizado auto judicial, que consta de 84 páginas, describe con precisión indiciaria lo que diversos analistas y comunicadores definen como una alarmante «concepción patrimonial del poder» por parte del matrimonio presidencial desde su llegada al Palacio de la Moncloa.
Entre los hechos que fundamentan la apertura del juicio oral se detallan la captación de fondos privados procedentes de empresas reguladas de forma directa por el propio Consejo de Ministros, la firma de polémicas cartas de recomendación para la adjudicación de contratos públicos y, de manera especialmente llamativa, el registro a nombre propio de una plataforma de software valorada en 150.000 euros, cuyo desarrollo había sido donado de forma gratuita por grandes compañías tecnológicas del país para un máster universitario.
Ante la contundencia de los hechos descritos en sede judicial, la respuesta del entorno del líder socialista no ha sido la transparencia, sino una agresiva vuelta de tuerca al argumento peronista del lawfare.
La estrategia de Moncloa pasa por desplegar una campaña coordinada de descrédito y ataque frontal contra los jueces instructores, los fiscales díscolos, las fuerzas de seguridad implicadas en los informes de la UCO y los periodistas que investigan el caso. El objetivo prioritario de esta táctica es deslegitimar cualquier resolución judicial desfavorable argumentando que existe una «mafia político-judicial» destinada a derrocar a un gobierno legítimo de izquierdas.
El plan central consiste en atizar un victimismo preelectoral sin cuartel. Pedro Sánchez pretende convertir el proceso judicial de su esposa en un plebiscito emocional de cara a los próximos comicios generales, utilizando a Begoña Gómez bajo la narrativa de una «mártir intocable».
Esta maniobra busca confundir deliberadamente a la opinión pública, diluyendo los indicios de criminalidad y las pruebas documentales en un debate puramente ideológico. Se trata, en definitiva, de presentar las resoluciones de los tribunales como una supuesta embestida de «fachas con toga» y elementos reaccionarios del Estado, apelando al miedo de su electorado potencial para movilizar el voto útil de la izquierda y rascar más escaños de los previstos originalmente.
La instrumentalización de los tribunales con fines electorales supone un serio desafío para los equilibrios institucionales en España. En lugar de dejar actuar a los jueces con la neutralidad que exige el Estado de Derecho, el presidente del Gobierno parece dispuesto a utilizar cada notificación judicial como munición de campaña para arañar votos.
Al transformar un presunto caso de corrupción económica y de tráfico de influencias en una cruzada ideológica, el sanchismo busca blindarse políticamente a costa de desgastar el prestigio y la credibilidad de la judicatura española ante la ciudadanía.
Esta hoja de ruta implica, de manera implícita, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. La maquinaria gubernamental busca aturdir a la sociedad y desmoralizar a la oposición a base de generar un ruido constante, teorías de la paranoia colectiva y dinámicas de bloques enfrentados. Al polarizar el debate entre «el gobierno de progreso» y una supuesta «conspiración judicial-mediática de la extrema derecha», el Ejecutivo reduce la fiscalización penal a un mero enfrentamiento de trincheras partidistas.
El sanchismo da el primer paso en su ofensiva contra la judicatura tras la decisión de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactado por PSOE y PP , ha propuesto abrir un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado por una supuesta falta grave de consideración a la Policía Nacional.
La controversia surge a raíz del auto de 84 páginas dictado por el magistrado el pasado sábado, en el cual abría juicio oral contra Begoña Gómez por cuatro delitos de corrupción y le retiraba el pasaporte como medida cautelar al sugerir que la esposa de Pedro Sánchez podría intentar huir de España con la colaboración de su propia escolta oficial.
Este movimiento del órgano de gobierno de los jueces no es fortuito, sino que se integra de forma milimétrica en el plan de victimización de Begoña Gómez diseñado por la factoría de Moncloa para su estrategia electoral. Al instrumentalizar la reacción institucional ante las palabras del juez Peinado, el aparato de propaganda sanchista busca construir a marchas forzadas el relato de una esposa presidencial injustamente acosada por un sistema judicial «desbocado», transformando una investigación penal por graves delitos de corrupción en una campaña de martirio político.
De esta manera, el expediente al magistrado sirve como el pretexto perfecto para alimentar ante la opinión pública la narrativa del lawfare y de los «fachas con toga», una maniobra de distracción masiva orientada a movilizar emocionalmente al electorado de izquierdas.
Las implicaciones de esta estrategia del plebiscito emocional marcarán de manera decisiva los próximos meses de la legislatura. Si los tribunales prosiguen el camino procesal hacia la vista oral, cada sesión del juicio contra Begoña Gómez será utilizada por Moncloa como un mitin político de resistencia.
Para los estrategas de Sánchez, la culpabilidad o inocencia jurídica pasa a un segundo plano; lo crucial es mantener viva la narrativa del agravio y la persecución ideológica para cohesionar a sus socios de coalición parlamentaria y presentarse ante las urnas como un dique de contención frente a las instituciones del Estado.
Sin embargo, esta táctica de tensión institucional permanente comporta serios riesgos de desgaste a medio plazo. La insistencia en señalar a los jueces por cumplir con su deber constitucional erosiona la separación de poderes y debilita la confianza en las reglas del juego democrático.
Mientras el sanchismo fía su futuro electoral a la victimización de la figura de la cónyuge del presidente, la realidad del sumario judicial sigue su curso ajena a la propaganda, amenazando con transformar el pretendido éxito de su movilización emocional en un duro y definitivo revés ante los tribunales de justicia.
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