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La próxima semana, el nuevo directorio estratégico europeo denominado E-5 (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia) de la Alianza Atlántica se reunirá en Berlín. Este núcleo duro de toma de decisiones está conformado, además de por Merz (Alemania), por el primer ministro británico Keir Starmer -o quien lo sustituya ya que ha dimitido este lunes-, el presidente francés Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el mandatario polaco Donald Tusk.
El propósito de este encuentro al más alto nivel es coordinar posturas cruciales sobre la seguridad continental, la arquitectura de defensa comunitaria y la sostenibilidad del apoyo logístico y militar a Ucrania. Todo ello como paso previo indispensable a la trascendental Cumbre de la OTAN, que se celebrará en Ankara, Turquía, los días 7 y 8 de julio de 2026.
Al igual que ocurrió en los encuentros preparatorios previos a la Cumbre de La Haya, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido completamente excluido de la convocatoria en la capital alemana. Los principales socios de la Alianza han optado por dejar a España al margen de las conversaciones donde se dibuja el futuro geopolítico de Occidente.
Este veto explícito no es un hecho aislado, sino un síntoma inequívoco del nulo peso internacional que atesora la diplomacia española bajo el actual mandato de Sánchez. El Ejecutivo de P.S. es percibido en Bruselas y Washington como un actor secundario, nada fiable e incapaz de asumir liderazgos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Mientras el eje París-Londres-Berlín-Roma-Varsovia redefine la estrategia de contención global, Madrid observa desde la periferia política. La Cumbre de la OTAN en Ankara se desarrollará en el complejo presidencial de Beștepe y contará con la presencia confirmada del presidente estadounidense Donald Trump. La participación de la administración estadounidense llega tras notables exigencias de una mayor corresponsabilidad financiera a los socios transatlánticos.
Este encuentro de líderes marcará el inicio formal de la redefinición de una ‘OTAN más europea‘, un proyecto diseñado para dotar al viejo continente de una autonomía militar real e independiente. Sin embargo, en el diseño de este nuevo escudo defensivo, España no tiene voz ni voto.
El orden del día en Ankara es de una gravedad extrema y no admite fisuras internas. Se abordará con urgencia la voluntad de cohesión inquebrantable de la Alianza frente a las amenazas híbridas de la Federación Rusa y, de manera muy especial, los desafíos estratégicos, comerciales y tecnológicos que plantea la República Popular China.
Los aliados buscan blindar el mantenimiento del apoyo a Ucrania a largo plazo y ratificar un compromiso sin precedentes para reforzar la infraestructura de defensa. Esto pasa necesariamente por un aumento drástico del gasto militar, la expansión de las capacidades industriales y logísticas, y una protección avanzada de infraestructuras críticas frente a la guerra cibernética.
Para los planificadores euroatlánticos, la tibieza no es una opción en un escenario de preguerra global. La modernización de los ejércitos requiere un esfuerzo macroeconómico coordinado que la mayoría de las potencias europeas ya han asumido con celeridad. La urgencia radica en establecer cadenas de suministro militar seguras y desvinculadas de regímenes autocráticos. En este diseño de resistencia a largo plazo, la falta de sintonía doctrinal de España respecto a los peligros del expansionismo de Pekín genera un cortocircuito en la necesaria unanimidad de la organización.
Fuentes diplomáticas cercanas a la OTAN destacan la enorme insistencia que habrá en Ankara respecto a los conceptos de unidad política y suficiencia financiera. La propuesta impulsada por EEUU y respaldada por los socios del norte y este de Europa exige elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) con el horizonte puesto en 2035.
Esta exigencia ha chocado frontalmente con la resistencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Moncloa ha emitido comunicados donde rechaza de plano dicha cifra, comprometiéndose únicamente a alcanzar un exiguo 2,1% del PIB, alegando un cálculo basado en «capacidades teóricas» en lugar de aportaciones netas.
Esta tacañería presupuestaria ha colmado la paciencia de Bruselas. Respecto a la ausencia de Sánchez en Berlín, fuentes comunitarias admiten que el hecho ni siquiera ha llamado la atención. «No tiene sentido invitar a Pedro Sánchez a este tipo de reuniones preparatorias.
España es el país que menos gasta en defensa en proporción a su economía y sus capacidades militares aportadas son severamente limitadas«, señalan de forma categórica. Las mismas fuentes advierten a este medio de que, a partir de la Cumbre de Turquía, la OTAN examinará anualmente el gasto real y el incumplimiento acarreará severas «consecuencias políticas». Bajo la doctrina atlántica actual, no es admisible beneficiarse del paraguas de seguridad común sin abonar la cuota correspondiente.
El verdadero motivo de la defenestración de España de los núcleos duros de la Alianza va mucho más allá del debate presupuestario; responde a un problema de alineamiento estratégico y desconfianza ideológica. El directorio E-5 está diseñando una estructura de seguridad donde España no cuenta para el gobierno político ni militar.
Diplomáticos españoles de carrera muestran una honda preocupación por el aislamiento institucional y recuerdan que, aunque la diplomacia oficial se aferre al principio de solidaridad del Tratado, la estrategia de «confrontación directa» adoptada por Pedro Sánchez contra las directrices de la Casa Real transatlántica penaliza gravemente al país.
El posicionamiento abiertamente proChina del presidente del Gobierno español ha encendido todas las alarmas en el cuartel general de la OTAN. Mientras la Alianza define a Pekín como un «facilitador decisivo» de la agresión rusa y una amenaza sistémica para la seguridad occidental, Sánchez ha mantenido una agenda de aproximación bilateral y complacencia comercial con el régimen de Xi Jinping.
Este desmarque de la doctrina común es interpretado por los aliados como una vulnerabilidad grave dentro del flanco sur de Europa, fracturando el principio inquebrantable de que la discrepancia es tolerable, pero desmarcarse del consenso geoestratégico frente a grandes potencias autocráticas resulta absolutamente inasumible.
A este problemático posicionamiento exterior de Sánchez se suma un factor interno también alarmante para los servicios de contrainteligencia aliados: la presencia de ministros del partido comunista de Sumar dentro del propio Consejo de Ministros de España.
La formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz mantiene una retórica abiertamente hostil hacia la OTAN, llegando a exigir en repetidas ocasiones la salida de España de la organización y calificándola de herramienta imperialista. El eco de esta postura se constató también en el ámbito del propio partido del presidente, cuando las Juventudes Socialistas plantearon propuestas de ruptura con la Alianza durante el 27.º Congreso del PSOE, tildando a la institución de instrumento de servilismo hacia Washington.
Esta esquizofrenia gubernamental provoca que compartir información sensible de inteligencia con Madrid sea evaluado como un riesgo operativo de primer orden en Bruselas. Fuentes de la Alianza confirman que existe un temor fundado y explícito de que los datos de alto secreto sobre despliegues, vulnerabilidades tecnológicas o estrategias de contraespionaje puedan acabar filtrados o comprometidos por miembros de un Ejecutivo donde cohabitan fuerzas políticas alineadas con postulados antioccidentales.
La presencia de la extrema izquierda en ministerios clave y comisiones delegadas inhabilita a España como un custodio fiable de secretos militares compartidos.
Conviene disociar la realidad de las Fuerzas Armadas de la gestión de sus gobernantes. La diplomacia aliada es tajante al respecto: «Una cosa es ser tácticamente fiable y otra muy distinta ser estratégicamente importante». En términos de influencia política real, España ha pasado voluntariamente a un humilde segundo plano.
La parálisis presupuestaria contrasta con la aceleración que han emprendido el resto de socios euroatlánticos tras las lecciones de las cumbres de Gales y La Haya. «Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, España ha quedado completamente descolgada de la corriente central.
Antes de 2022, casi ningún país cumplía el objetivo del 2%, pero la diferencia radica en que los demás socios han pisado el acelerador ante las amenazas actuales, mientras que España ha decidido estancarse«, apuntan fuentes diplomáticas. El empecinamiento en no comprometer recursos financieros reales y el desafío político a las tesis de líderes como Donald Trump o el secretario general Mark Rutte han sellado el aislamiento de España en la periferia de la toma de decisiones.
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