Impacto España Noticias
La investigación que instruye el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid ha incorporado un nuevo bloque de documentación procedente de cuentas corporativas de Red.es que, según el atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recoge comunicaciones internas mantenidas durante la evaluación de varios contratos públicos de formación digital financiados con fondos europeos.
Los investigadores sostienen que los correos electrónicos permiten reconstruir el funcionamiento interno de las valoraciones técnicas realizadas en los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED, ambos adjudicados a la unión temporal de empresas formada por Innova Next, compañía integrada en el Grupo Barrabés, y The Valley Business School.
La documentación fue obtenida tras la autorización del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que permitió acceder a las cuentas de correo de trece empleados de Red.es. Posteriormente, agentes de la UCO realizaron la extracción de la información para incorporarla al procedimiento judicial.
Según el informe policial, las valoraciones técnicas se desarrollaban dentro de la Dirección de Economía Digital de Red.es mediante una estructura jerarquizada.
En la parte superior figuraban Luis Prieto, director de Economía Digital, responsable de firmar los informes finales, y José Ignacio Sánchez, director adjunto del departamento. Bajo ambos trabajaba un grupo de coordinadoras encargadas de supervisar la labor de las evaluadoras que analizaban las ofertas presentadas por las empresas licitadoras.
La UCO sostiene que buena parte de los intercambios de correos muestran cómo las puntuaciones eran revisadas y modificadas antes de la aprobación definitiva de los informes técnicos.
Entre las comunicaciones incorporadas al atestado aparecen conversaciones mantenidas durante enero de 2021, cuando todavía se encontraban en elaboración las valoraciones preliminares.
Según recoge la investigación, una evaluadora escribió a otra indicando que debía tener presente que "Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí", añadiendo posteriormente que la situación le parecía "muy injusta", aunque consideraba que las mejores ofertas correspondían a Everis y Barrabés.
La Guardia Civil interpreta estos mensajes como un indicio de que algunos técnicos percibían que existían criterios previamente definidos sobre el resultado de las evaluaciones. No obstante, será el órgano judicial quien determine el valor probatorio de dichas comunicaciones.
Otro de los aspectos destacados en el informe hace referencia a la empresa Everis, actualmente integrada en NTT DATA.
Según el atestado, tras una reunión celebrada el 15 de marzo de 2021 se ordenó revisar las puntuaciones otorgadas a esta compañía en determinados criterios de evaluación.
Los investigadores citan varios correos atribuidos a José Ignacio Sánchez, en los que trasladaba instrucciones para adaptar las calificaciones siguiendo las indicaciones de Luis Prieto. En uno de ellos señalaba que el informe sería firmado por Prieto y que, si este había solicitado rebajar la nota hasta siete puntos, debía efectuarse ese cambio. En otro mensaje indicaba que posteriormente debía modificarse la redacción del informe para justificar la nueva puntuación.
La documentación también recoge mensajes en los que algunas evaluadoras expresaban su desacuerdo con esas modificaciones y manifestaban que las ofertas les parecían técnicamente mejores que la calificación finalmente asignada.
La empresa más perjudicada por esta dinámica fue Everis, segunda mejor clasificada en las valoraciones y licitadora a los mismos lotes que la UTE favorecida. La UCO ha acreditado que Luis Prieto intervino personalmente para reducir de forma drástica la puntuación de Everis en los criterios 1 y 3, después de una reunión celebrada el 15 de marzo de 2021.
Las instrucciones que siguieron a esa reunión quedaron por escrito. Sánchez escribió a una subalterna: «A ver, el informe lo firma Luis, si ha pedido que se baje a 7 hay que bajarlo». Y en otro correo del mismo día remachó: «Simplemente hay que destacar ligeramente los aspectos negativos que indicó Luis ayer y cascarte un 7».
El malestar entre las evaluadoras quedó igualmente documentado: «No lo entiendo, con la que está cayendo y nosotras echando numeritos para que los superjefazos señalen con sus dedazos».
Otra reconoció en un correo que intentaba bajar puntuaciones «pero es que realmente me parecen buenas». La respuesta que recibió fue diáfana: «Ya me apaño en la redacción».
La investigación analiza igualmente el expediente 044/20-ED, correspondiente al programa Acelera Pyme, adjudicado a la unión temporal formada por Innova Next y KPMG.
Según la UCO, uno de los evaluadores propuso por correo que no se hiciera constar expresamente en el informe que la oferta adjudicataria no incorporaba un libro blanco en los términos previstos en los pliegos de la licitación.
Los investigadores destacan que otras empresas que, según su análisis, tampoco presentaron completamente ese documento obtuvieron puntuaciones considerablemente inferiores en el mismo criterio de valoración.
La investigación también hace referencia al contexto de estas adjudicaciones debido a que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, firmó cartas de recomendación en apoyo de la candidatura presentada por la empresa del Grupo Barrabés durante el proceso de licitación.
Ese aspecto forma parte de las diligencias abiertas y está siendo valorado junto con el resto de la documentación incorporada al procedimiento.
El atestado, integrado por 182 folios y diversos anexos documentales, ha sido remitido al juzgado que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado, encargado de la instrucción de la causa.
Será el juez quien determine, tras el análisis de todas las pruebas y de las alegaciones de las partes, si el contenido de los correos electrónicos constituye un indicio suficiente de la posible comisión de delitos o si, por el contrario, las actuaciones investigadas no tienen relevancia penal.
Mientras la instrucción continúa, todas las personas investigadas mantienen la presunción de inocencia hasta que exista, en su caso, una sentencia firme.
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