Un juez ordena activar la devolución de inmigrantes en Canarias aplicando el Pacto Europeo de Migración

La resolución judicial reactiva el protocolo de repatriaciones ante el aumento de pateras gracias a la entrada en vigor del Pacto Europeo y Asilo
Inmigración Ilegal27 de junio de 2026Impacto España NoticiasImpacto España Noticias

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El juez de El Hierro ha ordenado la activación inmediata del protocolo de devolución de inmigrantes tras la llegada de una nueva embarcación con más de cien personas a La Restinga. En concreto se devolverán a sus países de origen a 85 de los 119 ocupantes del cayuco que llegó este martes.

La decisión judicial se produce en un contexto de creciente presión migratoria sobre las costas canarias y de saturación en los centros de acogida, donde el flujo de llegadas ha superado las previsiones del Ministerio del Interior.

Tras escuchar a estas 85 personas tras cumplirse el máximo tiempo de detención policial, el juez ha autorizado que todas ellas sean trasladadas a un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), a la espera de que se ejecute su expulsión.

Mientras, seguirán en el Centro de Atención Temporal de San Andrés, en El Hierro, hasta que la Policía pueda gestionar su traslado a un centro de internamiento no penitenciario.

Devolver a un migrante a su país, sin embargo, no es sencillo. El procedimiento es largo y muchas veces queda a medias, casi siempre porque el Estado de origen pone trabas para aceptar el retorno forzoso. Según Eurostat, la oficina estadística europea, España expulsó a 5.705 personas en 2025. En esa cuenta entran tanto los rescatados en el mar como quienes llegaron con visado de turista y se quedaron una vez caducado. Solo a Canarias arribaron el año pasado 17.788 personas en pateras y cayucos.

Y es que su situación legal ya ha cambiado, puesto el juez ha autorizado que permanezcan bajo situación de internamiento o detención 60 días (el tiempo máximo que permite la ley en España).

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Pacto Europeo de Migración y Asilo

El pasado 12 de junio, con el papa León XIV visitando el centro de primera acogida de inmigrantes de Las Raíces, en Tenerife, comenzó a aplicarse el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que endurece las condiciones para quienes entran irregularmente en la UE, autoriza a prolongar los tiempos de detención y prioriza las devoluciones.

Desde entonces, este es el mayor expediente de internamiento de inmigrantes en un CIE con vistas a su expulsión de España que se pone en marcha en Canarias.

A bordo del cayuco que arribó el pasado martes a La Restinga viajaban ciudadanos de Gambia, Guinea, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Senegal y Mali, que habían salido hacia Canarias nueve días antes desde la localidad de Barra, en Gambia, según la información recabada por los servicios de emergencia de El Hierro.

Acuerdos bilaterales con Mauritania y Senegal

Asimismo, la resolución establece que los inmigrantes que no acrediten circunstancias de protección internacional o arraigo deberán ser repatriados conforme a los acuerdos bilaterales vigentes, especialmente con Mauritania y Senegal. El juez argumenta que la falta de capacidad de acogida y la reiteración de entradas irregulares justifican la aplicación estricta de la normativa de extranjería.

Fuentes judiciales señalan que la medida busca restablecer el equilibrio entre el control fronterizo y la atención humanitaria, después de semanas en las que las llegadas se han multiplicado.

1.200 inmigrantes solo en junio

Por otro lado, solo en junio, más de 1.200 personas han alcanzado las costas canarias en embarcaciones precarias, muchas de ellas rescatadas por Salvamento Marítimo en condiciones extremas.

El auto judicial también insta a reforzar la coordinación entre Interior y Exteriores para agilizar los trámites de identificación y retorno, evitando que los inmigrantes permanezcan durante semanas en instalaciones improvisadas. La decisión ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional, encargada de ejecutar las devoluciones.

Con esta orden, el juez reactiva un mecanismo que llevaba meses paralizado y que, según fuentes jurídicas, pretende frenar el efecto llamada que se ha intensificado en los últimos meses en la ruta atlántica hacia Canarias.

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