Teresa Peramato inicia: misión Begoña Gómez

La Fiscalía General del Estado con Teresa Peramato a la cabeza ha puesto en marcha una red nacional de fiscales especialistas en jurado popular, una medida largamente planteada pero que se activa ahora en un momento especialmente sensible.

Se trata, de la confirmación de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, será juzgada por un tribunal del jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

La decisión llega apenas unos días después de que la Audiencia Provincial de Madrid ratificara que el procedimiento contra Gómez debe celebrarse ante ciudadanos legos, un formato reservado para delitos graves y que exige una preparación técnica específica por parte de los fiscales.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha respondido firmando la Instrucción 1/2026, su primera desde que asumió el cargo en diciembre.

Una red estatal para un modelo complejo

La instrucción crea una estructura nacional de coordinación para los fiscales que intervienen en procedimientos de jurado popular. Aunque la idea ya había sido planteada por su predecesor, Álvaro García Ortiz, en septiembre de 2025, no se había materializado hasta ahora.

Los fiscales especializados reclamaban desde hace tiempo formación técnica adicional y criterios homogéneos para afrontar procedimientos que califican de “complejos”, tanto por la participación de ciudadanos sin formación jurídica como por la necesidad de adaptar la estrategia procesal a un formato más pedagógico.

El papel de la Secretaría Técnica

La instrucción establece que será la Secretaría General Técnica —órgano dependiente directamente de Peramato— la encargada de coordinar la red y emitir observaciones jurídicas en los casos que las fiscalías territoriales consideren de “especial relevancia”.

Estas observaciones, recalca el documento, no serán vinculantes. Su función será aclarar dudas procesales, nunca dirigir la actuación de los fiscales ni interferir en decisiones preprocesales o procesales. En caso de dudas, se abrirá un “expediente de seguimiento” para canalizar el asesoramiento técnico.

Cada fiscalía territorial deberá designar un punto de contacto con la red, pudiendo asignar más de un fiscal si la carga de trabajo lo exige.

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Un movimiento con lectura política inevitable

Aunque la instrucción tiene alcance general, su publicación coincide con un caso que ha generado enorme atención mediática y política: el procedimiento contra Begoña Gómez. La Fiscalía Provincial de Madrid, que actúa en la causa, pide la absolución al no apreciar indicios delictivos en su conducta.

La Audiencia Provincial, sin embargo, ha ordenado que sea juzgada por dos delitos:

• Tráfico de influencias, por presunta presión moral sobre responsables de la Universidad Complutense para crear una cátedra y nombrarla directora.
• Malversación, vinculada al desarrollo del software de la cátedra y a supuestas tareas personales realizadas por su asistente en Moncloa.

Los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios han quedado descartados.

Las acusaciones populares han rebajado recientemente su petición de pena de 24 a 13 años de prisión, mientras que las defensas y la Fiscalía mantienen su solicitud de absolución.

Un juicio con jurado que marcará un precedente

El juicio a la esposa del presidente será uno de los procesos con jurado más mediáticos de la historia reciente de España. La instrucción de Peramato, aunque de alcance general, se interpreta como un intento de blindar la actuación del Ministerio Fiscal en un escenario donde cada decisión será examinada al detalle.

La Fiscalía General y Peramato insisten en que la red no supone control jerárquico adicional, sino coordinación técnica para garantizar coherencia y calidad en procedimientos especialmente sensibles.

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