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Dos guardias civiles resultaron heridos después de que una furgoneta utilizada por presuntos narcotraficantes embistiera a una patrulla durante un operativo contra un desembarco de combustible para una narcolancha en la playa de Las Palmerillas, en Roquetas de Mar. El suceso se produjo sobre las 04:05 horas de la madrugada y terminó con el conductor detenido tras una persecución a pie.
Siempre según el relato de Jucil, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los guardias civiles, aceleró realizando maniobras en zigzag y terminó embistiendo frontalmente al vehículo policial para abrirse paso y facilitar la huida del grupo.
Pese a la violencia del impacto, los agentes consiguieron continuar la intervención. El conductor abandonó la furgoneta e intentó escapar a pie, aunque finalmente fue reducido y detenido.
Como consecuencia de la embestida, los dos guardias civiles sufrieron heridas de diversa consideración. El subsecretario nacional de Jucil y portavoz provincial, Rafael Maldonado, aseguró que las lesiones son "graves, pero sin peligro para su vida". Ambos fueron atendidos de urgencia y permanecen de baja para el servicio.
La asociación señala además que la furgoneta empleada por el detenido habría sido sustraída días antes en Sevilla. En su interior, según Jucil, había un fuerte olor a gasolina y charcos de combustible, lo que reforzaría su presunta utilización en las labores de abastecimiento de la narcolancha.
Rafael Maldonado deseó una pronta recuperación a los dos agentes heridos y aseguró que Jucil seguirá defendiendo a los guardias civiles frente a "esta lacra del narcotráfico". Además, aprovechó para denunciar la situación que atraviesa la plantilla del cuartel de Roquetas de Mar tras el anunciado cierre de estas instalaciones.
Según explicó, alrededor de 180 agentes serán redistribuidos a otros puestos de la provincia de Almería, principalmente a la primera y la tercera compañía, con destinos como Adra, Laujar de Andarax y Fiñana. A su juicio, esta reorganización supondrá desplazamientos de más de una hora desde sus domicilios, jornadas laborales de hasta diez horas, un aumento del gasto en combustible y mayores dificultades para conciliar la vida familiar.
El portavoz también cuestionó los plazos previstos para la apertura del futuro cuartel de Vícar, cuya puesta en funcionamiento se sitúa entre dos y tres años, y sostuvo que esas instalaciones tampoco podrían absorber a la totalidad de los cerca de 180 agentes afectados.
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