La asociación profesional JUCIL ha elevado el tono de sus críticas contra la dirección de la Guardia Civil y ha reclamado la destitución inmediata del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. Todo después de conocerse que durante el pasado año un total de 64 guardias civiles fueron suspendidos cautelarmente de sus funciones, una cifra que la organización considera incompatible con el mantenimiento del máximo responsable operativo del cuerpo en su puesto.
La organización, una de las asociaciones con mayor representación dentro de la Guardia Civil, solicita la apertura urgente de un expediente disciplinario contra el DAO y su separación inmediata de funciones tras su imputación judicial en el denominado «caso Leire». Del mismo modo, reclama el cese de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, al entender que ambos han perdido la confianza necesaria para continuar al frente de la institución.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por JUCIL se centra en el diferente trato que, a su juicio, reciben los mandos y los agentes de base.
La asociación sostiene que mientras decenas de guardias civiles fueron apartados cautelarmente de sus funciones durante el pasado ejercicio al verse inmersos en procedimientos judiciales o disciplinarios, el DAO continúa ejerciendo plenamente sus responsabilidades pese a encontrarse investigado judicialmente.
Para JUCIL, esta situación transmite un mensaje de desigualdad dentro de la institución y erosiona la confianza de los propios agentes en los mecanismos internos de responsabilidad.
La petición de la asociación se produce en pleno desarrollo de la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre las presuntas maniobras para desacreditar y presionar a miembros de la Unidad Central Operativa (UCO).
En esa causa figura como investigado el director adjunto operativo, Manuel Llamas, cuya actuación está siendo examinada por el juez instructor en relación con la apertura de diversas informaciones reservadas dirigidas contra agentes de la UCO.
Según las informaciones conocidas en los últimos días, el propio DAO ha defendido tanto ante el juez como en sede parlamentaria que dichos expedientes constituyen un mecanismo ordinario de control interno y ha rechazado cualquier actuación destinada a obstaculizar investigaciones judiciales. Asimismo, ha manifestado públicamente que no tiene intención de presentar su dimisión mientras no exista una resolución judicial firme en su contra.
JUCIL extiende sus críticas a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, cuya gestión también cuestiona por los acontecimientos relacionados con la investigación abierta en la Audiencia Nacional.
La asociación considera que la actual dirección del Instituto Armado atraviesa una grave crisis de credibilidad y sostiene que resulta imprescindible renovar la cúpula para preservar el prestigio y la independencia de la Guardia Civil.
La organización insiste en que su reclamación no responde únicamente a la situación procesal del DAO, sino al principio de igualdad que, a su juicio, debe regir el funcionamiento interno del cuerpo.
En este sentido, recuerda que numerosos agentes han sido suspendidos cautelarmente en circunstancias similares o incluso menos graves, por lo que considera que mantener al máximo responsable operativo en el ejercicio de sus funciones genera un agravio comparativo y perjudica la imagen de imparcialidad de la institución.
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