Impacto España Noticias
La asociación Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para reclamar la devolución de los salarios percibidos por David Sánchez Pérez-Castejón durante su etapa como alto cargo de la Diputación de Badajoz. La iniciativa se produce después de que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa en el conocido como caso del «hermanísimo».
La acción también se dirige contra Luis María Carrero, considerado por la sentencia como beneficiario de otro nombramiento irregular y vinculado profesionalmente a David Sánchez. La asociación sostiene que ambos deberían reintegrar las cantidades percibidas con cargo a fondos públicos, una posibilidad que, según recuerda, la propia Audiencia dejó en manos de la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas.
En el escrito presentado, Iustitia Europa cifra en 340.572,60 euros las retribuciones brutas abonadas a David Sánchez entre 2017 y 2025, periodo durante el cual ocupó distintos puestos en la Diputación de Badajoz hasta su dimisión.
A esta cantidad se suman 86.988,76 euros correspondientes a los salarios percibidos por Luis María Carrero entre enero de 2024 y junio de 2025. En conjunto, la reclamación alcanza 427.561,12 euros, aunque la asociación solicita al Tribunal de Cuentas que requiera toda la documentación salarial y administrativa para verificar las cifras exactas.
Entre la documentación solicitada figuran nóminas, certificados de haberes, cotizaciones sociales, contratos, nombramientos, resoluciones administrativas y todos los expedientes relacionados con los pagos efectuados.
La Audiencia Provincial de Badajoz ya había señalado en su resolución que la devolución de los salarios no podía acordarse en la vía penal, sino que debía resolverse mediante un procedimiento específico ante el Tribunal de Cuentas.
Los magistrados indicaron que esa reclamación únicamente podía ser impulsada por la institución pagadora —la Diputación de Badajoz— o por el Ministerio Fiscal si hubiera ejercido la correspondiente acusación. Al no producirse ninguna de esas actuaciones, Iustitia Europa sostiene que la acción pública contable constituye el cauce legal para exigir la eventual responsabilidad patrimonial derivada de los pagos efectuados.
Uno de los aspectos en los que insiste la denuncia es el contenido de la sentencia condenatoria respecto a la actividad laboral desarrollada por David Sánchez.
Según recuerda la asociación, la resolución judicial concluyó que el hermano del presidente del Gobierno «apenas acudió a su puesto de trabajo», que sus contactos con los responsables de los conservatorios provinciales fueron cada vez más escasos y que terminó sin desempeñar de forma efectiva las obligaciones inherentes al cargo.
A juicio de Iustitia Europa, estos hechos podrían ir más allá de una mera irregularidad administrativa en la creación del puesto y abrir la puerta a la existencia de pagos públicos realizados sin una prestación efectiva de servicios.
Por ello, solicita que se determine qué funciones desempeñó realmente durante cada etapa, quién certificó el cumplimiento de sus obligaciones laborales, qué controles existieron sobre su actividad y qué autoridades autorizaron los pagos.
La denuncia extiende esas dudas al nombramiento de Luis María Carrero, cuya plaza fue igualmente considerada por la sentencia como un puesto creado para un destinatario concreto.
La asociación solicita que se investiguen las funciones que desarrolló realmente, su utilidad para la Administración provincial y la actuación de los responsables políticos y funcionarios que intervinieron tanto en su contratación como en la autorización de las retribuciones.
Entre las personas cuya actuación considera necesario analizar figura el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, además de otros cargos de confianza y responsables administrativos implicados en la gestión de los expedientes.
Además de reclamar la devolución de las cantidades percibidas, Iustitia Europa pide al Tribunal de Cuentas que requiera a los presuntos responsables el depósito o afianzamiento de las cantidades que puedan resultar provisionalmente liquidadas y que, en caso de no hacerlo, acuerde las medidas de embargo previstas en la legislación.
La asociación también solicita que se investigue el expediente económico correspondiente a la producción teatral «La Paz Perpetua», dirigida por David Sánchez, cuyo coste para la Diputación ascendió a 128.000 euros, mientras que la recaudación en taquilla habría rondado los 2.000 euros, según recoge la denuncia presentada ante el órgano fiscalizador.
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