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España se ha convertido en el país de la Unión Europea que más ha incrementado la presión fiscal durante la última década, según los datos recogidos en el Informe Anual sobre Fiscalidad 2026 de la Comisión Europea. El aumento de los impuestos y cotizaciones sociales ha situado al país a la cabeza del bloque comunitario en crecimiento de la carga tributaria sobre la economía.
El informe de la Comisión Europea revela que la presión fiscal en España aumentó 2,9 puntos porcentuales del PIB al comparar la media del periodo 2015-2019 con la correspondiente a 2020-2024. Este incremento coloca a España por delante de otros países europeos como Lituania, que registró una subida de 2,3 puntos, y Luxemburgo, con un aumento de 2,2 puntos.
Los datos publicados por Datosmacro respaldan esta evolución. En 2015, la presión fiscal española representaba el 34,2% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en 2024 alcanzó el 37,1%, consolidando un incremento de 2,9 puntos porcentuales en menos de una década.
El crecimiento de la presión fiscal también se refleja en la recaudación tributaria. Durante 2024, las administraciones públicas ingresaron 591.679 millones de euros mediante impuestos y cotizaciones, una cifra que equivale a 12.051 euros por habitante.
Este aumento de los ingresos públicos se ha visto impulsado principalmente por la tributación relacionada con el empleo, tanto a través del IRPF como de las cotizaciones sociales, que representan una parte esencial del sistema fiscal español.
Según el análisis difundido, el principal motor del aumento de la presión fiscal en España ha sido el crecimiento de la recaudación procedente de las rentas del trabajo y de las cotizaciones sociales.
En cambio, la tributación sobre el capital apenas ha experimentado variaciones durante el mismo periodo, mientras que el peso relativo de los impuestos vinculados al consumo se ha reducido dentro del conjunto de ingresos tributarios.
De acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales, las cotizaciones sociales representan aproximadamente el 35% de toda la recaudación tributaria si se aplica la metodología utilizada por las instituciones europeas.
El incremento de la fiscalidad sobre el empleo tiene un impacto directo tanto en los trabajadores como en las empresas. Por un lado, influye en la renta disponible de los asalariados mediante los impuestos aplicados sobre los salarios y, por otro, incrementa el coste de contratación que deben asumir las empresas a través de las cotizaciones sociales.
Este factor convierte la carga fiscal sobre el trabajo en uno de los elementos más relevantes para analizar la competitividad empresarial y el mercado laboral español.
El informe de la Comisión Europea también destaca una característica diferencial del modelo tributario español. España figura, junto con Alemania, Bélgica y Austria, entre los países de la Unión Europea donde las administraciones regionales cuentan con una capacidad tributaria especialmente significativa.
En el caso español, las comunidades autónomas gestionan aproximadamente el 16,9% del total de los ingresos tributarios, una proporción que sitúa al sistema fiscal español entre los más descentralizados del ámbito comunitario.
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