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Pedro Sánchez había consumido prácticamente la totalidad del Fondo de Contingencia antes de iniciarse la fase de mayor riesgo de incendios forestales. Según los datos oficiales, el Consejo de Ministros autorizó hasta la pasada semana la utilización de cerca de 4.300 millones de euros, una cifra que dejó la reserva presupuestaria con un margen muy reducido antes de los incendios registrados en provincias como Ávila, Madrid y Toledo.
Las cifras publicadas muestran que aproximadamente tres cuartas partes de los recursos movilizados durante 2026 se emplearon en actuaciones que no estaban relacionadas con catástrofes naturales ni con situaciones de emergencia sobrevenidas.
El Fondo de Contingencia fue creado para hacer frente a acontecimientos imprevisibles y necesidades urgentes que no pueden planificarse con antelación. Sin embargo, en los últimos años su utilización se ha ampliado a diferentes tipos de gasto, algunos de ellos vinculados a políticas públicas que diversos organismos consideran previsibles.
La situación coincide con el bloqueo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Al continuar prorrogadas las cuentas públicas desde 2023, la dotación inicial del Fondo de Contingencia permanece fijada en algo menos de 4.000 millones de euros.
Ante el elevado ritmo de utilización de esta reserva durante el ejercicio, el Ministerio de Hacienda tuvo que incrementar la partida en torno a 1.000 millones de euros para evitar que el fondo quedara completamente agotado antes de finalizar el año.
Diversos análisis económicos apuntan a que el recurso frecuente al Fondo de Contingencia responde, en parte, a las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante nuevas iniciativas de gasto en un Congreso donde no dispone de mayoría suficiente.
Al depender directamente del Consejo de Ministros, este mecanismo permite financiar determinadas actuaciones sin necesidad de incorporarlas previamente a unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, agilizando así la disponibilidad de recursos.
El ritmo de disposición del Fondo de Contingencia también se ha acelerado durante 2026. Antes incluso de finalizar el verano, el Gobierno ya había autorizado más operaciones con cargo a esta reserva que durante todo el ejercicio anterior.
Esta circunstancia resulta especialmente relevante porque coincide con los meses de mayor riesgo de incendios forestales y precede al periodo otoñal, cuando suelen incrementarse los episodios de lluvias torrenciales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos adversos.
Con el fondo prácticamente agotado, el margen presupuestario para responder a nuevas emergencias mediante este instrumento se reduce considerablemente.
Si fuera necesario aprobar ayudas extraordinarias para afrontar incendios, inundaciones u otras catástrofes, el Gobierno tendría que recurrir a ampliaciones de crédito, reasignar recursos procedentes de otras partidas presupuestarias o solicitar el respaldo del Congreso para determinadas medidas económicas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya advirtió en informes publicados durante 2025 y reiterados en 2026 de que una parte significativa del gasto financiado con cargo al Fondo de Contingencia no respondía a necesidades realmente imprevisibles o inaplazables.
Según el organismo fiscalizador, esta práctica puede incrementar el riesgo de desviaciones presupuestarias y reducir la transparencia en la gestión de las cuentas públicas.
La AIReF también señaló que utilizar una parte importante de esta reserva para cubrir gastos previsibles limita la capacidad de reacción del Estado cuando se producen auténticas situaciones de emergencia. Pese a estas advertencias, el recurso a este mecanismo ha continuado mientras, en los dos últimos años, el Congreso ha autorizado cerca de 10.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la dana que afectó a la Comunidad Valenciana.
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