La Policía denuncia trabas para expulsar a extranjeros reincidentes

Agentes de la Policía Nacional denuncian,  que sus mandos les impiden iniciar expedientes de expulsión contra delincuentes extranjeros reincidentes cuando estos ya han solicitado la regularización antes de ser detenidos.

 Las instrucciones, siempre verbales para no dejar rastro escrito, se justificarían por el ahorro de trámites ante la práctica certeza de que el extranjero acabará regularizado pese a sus antecedentes. El Ministerio del Interior no ha respondido a estas acusaciones.

Órdenes verbales para no dejar constancia

Según fuentes policiales, los mandos trasladan estas órdenes de manera exclusivamente verbal, evitando así dejar constancia por escrito. La justificación sería, según estas fuentes, la eficiencia administrativa: si el detenido ya ha pedido la regularización, es probable que la obtenga antes de que se resuelva su expediente de expulsión, lo que dejaría sin efecto todo el proceso.

El truco de cambiar de nacionalidad para evitar la expulsión

Las mismas fuentes apuntan a un patrón entre los detenidos: el uso de identidades y nacionalidades distintas para dificultar su expulsión. Argelia, señalan, ha empezado a reconocer a sus ciudadanos detenidos en España, aunque de forma limitada, lo que habría llevado a delincuentes con doble nacionalidad marroquí y argelina a identificarse como argelinos con la esperanza de que la devolución a su país resulte inviable.

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Años de espera mientras el delincuente sigue en la calle

La legislación española permite que un expediente de expulsión se prolongue durante años, un plazo en el que, según denuncian los agentes, el delincuente extranjero puede seguir en libertad y, en algunos casos, reincidiendo. Mientras tanto, el detenido puede pasar por un Centro de Internamiento de Extranjeros a la espera de que su país de origen reconozca su identidad y autorice la devolución.

El caso de Gerona que ejemplifica el problema

Un ejemplo de esta demora es el de un hombre de 45 años, de origen senegalés y en situación irregular, investigado en Figueras por robos con violencia, hurtos, amenazas graves, atentado contra agentes de la autoridad y una presunta tentativa de homicidio. Según la Policía Nacional, la Subdelegación del Gobierno en Gerona tardó dos años en resolver su expulsión, un proceso abierto en 2024 y que, según los agentes, se vio entorpecido por trabas burocráticas del país de origen.

Una denuncia sin respuesta oficial

Ni el Ministerio del Interior ni la Delegación del Gobierno han hecho declaraciones públicas sobre estas acusaciones, que hasta el momento se sostienen únicamente en testimonios anónimos de agentes de la Policía Nacional. De confirmarse, la denuncia apunta a un problema de fondo en la gestión de la expulsión de extranjeros reincidentes que enfrenta a los agentes sobre el terreno con las instrucciones de sus superiores.

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