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Pedro Sánchez se deshizo de cuatro aviones antiincendios CL-215T en 2023 al considerar que habían llegado al final de su vida útil. Aquella decisión redujo de 18 a 14 aeronaves la flota del Grupo 43 del Ejército del Aire, aunque la situación actual es aún más limitada, ya que únicamente siete aparatos pueden intervenir de forma efectiva en las labores de extinción de incendios.
La disminución de medios coincide además con el retraso en la llegada de los nuevos hidroaviones adquiridos por el Ejecutivo. Las siete aeronaves DHC-515, compradas en 2024 en colaboración con la Unión Europea, no comenzarán a incorporarse al servicio hasta, al menos, 2028, lo que prolongará durante varios años la escasez de recursos aéreos disponibles.
Los cuatro CL-215T retirados por el Ministerio para la Transición Ecológica no acabaron desguazados. Tras ser declarados obsoletos y sacados a subasta, fueron adquiridos por la empresa estadounidense Bridger Aerospace Group Holdings Inc., que presentó una oferta de 40,3 millones de euros por el conjunto de las aeronaves.
La compañía norteamericana creó posteriormente una filial en España, denominada Albacete Aero SL, con el objetivo de restaurar los aparatos y devolverlos al servicio. Los trabajos se desarrollaron en un hangar del aeropuerto de Albacete y permitieron recuperar progresivamente unos aviones que, pese a haber sido retirados por España, conservaban una elevada capacidad operativa para combatir incendios.
Según la información comunicada por la propia empresa a sus accionistas, dos de esos antiguos aviones españoles ya estaban plenamente operativos durante la pasada primavera y los otros dos se encontraban en la fase final de puesta a punto. Cada uno de ellos puede descargar más de 5.300 litros de agua por pasada, una capacidad inferior a la de los modelos más modernos, pero todavía competitiva para las campañas de extinción.
De hecho, esos aparatos ya vuelan este verano, aunque no lo hacen bajo bandera española. Portugal ha incorporado dos de esos CL-215T a su dispositivo contra incendios mediante un contrato de alquiler con Bridger Aerospace, vigente hasta mediados de octubre. La empresa sostiene que su incorporación permite reforzar la capacidad de respuesta y facilita la rotación de tripulaciones y las labores de mantenimiento sin reducir el número de medios disponibles.
La situación resulta especialmente llamativa porque pocos días después de conocerse ese acuerdo, el Gobierno de España solicitó ayuda internacional para hacer frente a los grandes incendios registrados en Ávila, Madrid y Toledo. Portugal envió efectivos terrestres, mientras que Italia y Grecia desplazaron dos hidroaviones cada uno para colaborar en las tareas de extinción, a la espera de nuevas aportaciones por parte de Turquía.
Los datos económicos difundidos por Bridger Aerospace apuntan a que la recuperación de los cuatro CL-215T habría requerido una inversión inferior a 56 millones de euros en total, una cantidad que, según esos cálculos, habría permitido mantener operativa toda la flota española hasta la llegada de los nuevos modelos adquiridos a De Havilland.
A esta reducción estructural de medios se añaden las averías y los problemas de mantenimiento que afectan actualmente a varios hidroaviones del Grupo 43. Aunque el presidente del Gobierno anunció meses atrás que la campaña de este verano contaría con diez aeronaves disponibles, finalmente solo siete han podido prestar servicio, dejando a España con la menor capacidad aérea de lucha contra incendios registrada en varias décadas.
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