Impacto España Noticias
La invasión de Ceuta por decenas de miles de marroquíes, perpetrada con la complicidad del Gobierno español y del régimen de Marruecos, ha seguido unos pasos bien delimitados y unos claros objetivos estratégicos que buscan desmantelar nuestra soberanía en la frontera sur.
Lejos de responder a un fenómeno migratorio espontáneo, esta crisis escenifica una operación coordinada de presión geopolítica y dejación de funciones institucional que allana el camino hacia la desprotección definitiva de las ciudades autónomas.
Estamos ante una operación de guerra híbrida perfectamente ejecutada por el reino de Marruecos con el beneplácito de EEUU e Israel y consentida de forma deliberada por el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez ejecuta paso a paso el desmantelamiento de nuestras fronteras en un ejercicio de sumisión intolerable. Veamos a continuación cómo se ha ejecutado paso a paso está entregando deliberadamente el territorio nacional.
El presidente del Gobierno conocía perfectamente los planes del país vecino pero decidió mirar hacia otro lado. Moncloa rechazó el despliegue de las Fuerzas Armadas hasta doce horas después de iniciarse la avalancha en el perímetro fronterizo. Esta alarmante pasividad institucional desarmó de facto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que carecían de los medios necesarios para contener semejante masa humana.
La falta de reflejos deliberada del Ejecutivo esconde una intencionalidad política evidente porque nadie puede alegar sorpresa cuando los servicios de inteligencia ya advertían de los movimientos al otro lado de la valla. Sánchez desprotegió la ciudad autónoma a sabiendas de las consecuencias.
El plan de desprotección fronteriza viene de lejos y cuenta con una estrategia de ocultación muy precisa en los documentos oficiales. El equipo de Sánchez borró de forma fulminante la inmigración ilegal de la lista de riesgos principales para la seguridad nacional en el informe sectorial.
El Gobierno ejecutó este cambio drástico en la clasificación de amenazas estratégicas a pesar de que las llegadas a Ceuta experimentaban un incremento superior al 150%. Al eliminar este peligro del foco prioritario del Estado, el Ejecutivo justificó la falta de inversiones en las vallas, la escasez de agentes en Melilla y la total ausencia de un plan de contingencia militar efectivo.
Pedro Sánchez prepara su salida inminente del poder y busca un retiro dorado lejos de la política española para esquivar las consecuencias judiciales de sus actos. El líder socialista pretende marcharse sin rendir cuentas ante los tribunales por sus numerosas fechorías de corrupción y sus cesiones ante los enemigos de la nación.
Sus verdaderos jefes en los foros globales exigen ahora el último acto de vasallaje antes del relevo: la entrega definitiva de Ceuta y Melilla al control alauita. Este comportamiento calcado recuerda la salida exprés de Teresa Ribera hacia Europa, quien abandonó sus responsabilidades tras la catastrófica gestión de la DANA.
Los mandatos de Pedro Sánchez acumulan una serie de catástrofes que funcionan como auténticos rituales de sumisión colectiva para doblegar la resistencia del pueblo español. El secuestro de libertades durante el confinamiento inconstitucional del Covid, la más que negligente gestión de las inundaciones de la DANA, el descontrol del sistema eléctrico en el apagón o el accidente ferroviario de Adamuz configuran un paisaje de demolición nacional.
El fomento de la inmigración masiva e ilegal así como su legalización masiva con la Ley de Nietos representa el penúltimo eslabón de esta cadena de cesiones obligadas. La entrega de la soberanía en el norte de África culmina el proceso de sumisión ante las potencias extranjeras que manejan los hilos del presidente.
La historia de España repite sus capítulos más oscuros debido a la debilidad de sus instituciones más altas. Si en el año 1975 el entonces príncipe Juan Carlos firmó la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos aprovechando la agonía de Franco durante la Marcha Verde, hoy el panorama resulta similar. El silencio del Palacio de la Zarzuela sitúa al actual monarca Felipe VI en una posición de complicidad implícita con las políticas de Moncloa.
Todo este proceso cuenta además en ambos casos con el visto bueno de los Estados Unidos, que priorizan sus acuerdos bilaterales y militares con Marruecos antes que la integridad territorial de su socio histórico en la OTAN.
La entrega de las ciudades autónomas españolas forma parte de una ofensiva global coordinada por los centros de poder transnacionales. La izquierda política globalista y el régimen bipartidista a nivel nacional actúan como brazos ejecutores de una agenda que busca triturar la identidad, la cultura y la seguridad de las naciones occidentales.
La entrada descontrolada de miles de jóvenes marroquíes no constituye un hecho aislado, sino una herramienta demográfica planificada. Los laboratorios de ingeniería social promueven estas oleadas para sustituir la población local, minar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras y transformar por completo el mapa electoral del continente europeo.
La consumación de la entrega de Ceuta y Melilla asesta el golpe definitivo a la presencia geopolítica de España, provocando la pérdida total de su influencia histórica en el Estrecho de Gibraltar. Al ceder el control de las ciudades autónomas y consolidar el abandono de la soberanía sobre el Peñón, el Estado español renuncia voluntariamente a su posición como guardián del Mediterráneo. Esta alarmante dejación de funciones por parte de la Moncloa transfiere de facto todo el poder estratégico a la alianza entre el Reino Unido y el reino de Marruecos, socios geopolíticos de EEUU.
Ambas potencias controlarán en régimen de exclusividad la llave de entrada y salida de las rutas comerciales y militares del Mediterráneo, debilitando la seguridad nacional y dejando a España en una situación de absoluta irrelevancia internacional.
P.D.: El Gobierno asegura que 37.500 de los marroquíes que entraron de forma ilegal ya han regresado a Marruecos. Si este dato resulta cierto, se debe considerar este episodio como una auténtica prueba piloto para calibrar la velocidad de respuesta antes de ejecutar la invasión definitiva.
Además, esta agresión fronteriza ha demostrado una realidad institucional alarmante: ni los partidos políticos tradicionales, ni la monarquía con su silencio cómplice, ni las Fuerzas Armadas atadas de pies y manos por orden de la Moncloa, han actuado para defender el territorio.
La total inacción de todos los estamentos del Estado evidencia la debilidad extrema de un Gobierno sumiso y deja al descubierto la indefensión absoluta en la que se encuentra el pueblo español ante los planes de sus enemigos estratégicos.
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