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Hay decisiones políticas que pueden explicarse con argumentos jurídicos, diplomáticos o administrativos. Y hay decisiones que, aunque puedan tener una explicación formal, dejan una pregunta política imposible de esquivar.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de establecer controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia pertenece a la segunda categoría.
España ha respondido a Giorgia Meloni con contundencia. El Ejecutivo de Sánchez exigió a Roma que retirase sus controles y, ante la negativa italiana, decidió establecer controles propios en puertos y aeropuertos para quienes lleguen desde Italia. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la medida alegando la presión migratoria irregular y la actividad de las redes de inmigración.
Hasta aquí, la posición del Gobierno puede defenderse.
Lo difícil de entender es por qué esa contundencia aparece cuando el interlocutor es Italia y no con la misma intensidad cuando el problema afecta directamente a Ceuta y tiene su origen en la frontera con Marruecos.
Porque mientras Pedro Sánchez intercambia ultimátums con Giorgia Meloni, Ceuta vuelve a estar en primera línea.
Y los ciudadanos de Ceuta tienen derecho a preguntarse quién está defendiendo sus intereses.
Giorgia Meloni decidió mantener los controles sobre los viajeros procedentes de España después de la crisis migratoria de Ceuta.
El Gobierno italiano ha justificado su posición desde la perspectiva de la seguridad y el control de sus fronteras. El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, ha resumido la posición de Roma con una frase que debería hacer reflexionar al Ejecutivo español: Italia, dijo, no está contra España, sino que protege sus fronteras.
Sánchez no lo ha aceptado.
José Manuel Albares, desde Exteriores, ha respaldado la posición española, mientras Interior ha ejecutado la respuesta mediante el restablecimiento temporal de controles.
La cuestión política es sencilla: España ha demostrado que sabe utilizar sus instrumentos fronterizos cuando considera que otro Estado europeo perjudica sus intereses.
Perfecto.
Pero entonces llega la pregunta inevitable.
Ceuta no está en Roma.
Está frente a Marruecos.
Y durante los últimos días la presión migratoria sobre la ciudad autónoma ha alcanzado niveles extraordinarios.
Más de 72.500 personas llegaron a Ceuta a nado durante la última crisis de finales de julio. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, llegó a hablar de una situación de “colapso” y reclamó al Gobierno central una respuesta “contundente y sin dilación”.
No estamos hablando de una discusión académica sobre política migratoria.
Estamos hablando de una frontera española.
De policías.
De guardias civiles.
De servicios sanitarios.
De instalaciones de acogida.
De menores.
De vecinos.
De una ciudad de poco más de 80.000 habitantes que tiene que absorber en cuestión de días una presión extraordinaria.
Y, sobre todo, estamos hablando de españoles.
Los españoles de Ceuta no necesitan que Madrid les explique durante horas la importancia de la cooperación internacional.
Necesitan saber que el Estado está con ellos.
Si Marruecos quiere ser un socio estratégico de España, debe asumir también las obligaciones que corresponden a un socio estratégico. La cooperación no puede ser un cheque en blanco.
España debería revisar de manera inmediata todos los instrumentos de cooperación económica y financiera con Marruecos y establecer una condición inequívoca: ninguna ayuda, subvención o programa de cooperación adicional mientras Marruecos no garantice una colaboración efectiva para impedir las entradas irregulares en territorio español.
La seguridad de las fronteras españolas no puede ser una cuestión secundaria frente a los intereses comerciales.
Si la frontera de Ceuta vuelve a estar sometida a una presión migratoria extraordinaria, el Gobierno español debe utilizar todos los instrumentos políticos, diplomáticos y económicos que tenga a su alcance para exigir resultados.
Durante años se ha presentado la cooperación con Marruecos como una necesidad estratégica. Es cierto que Marruecos es un vecino imprescindible y que la colaboración policial y migratoria puede resultar beneficiosa para ambos países.
Pero una relación estratégica debe funcionar en las dos direcciones.
España comercia con Marruecos.
España facilita la entrada de productos marroquíes en el mercado europeo.
España es una vía logística fundamental para mercancías procedentes del norte de África.
España aporta recursos y cooperación.
Y, al mismo tiempo, España debe proteger una frontera exterior de la Unión Europea.
Por tanto, la cooperación no puede consistir únicamente en que España entregue recursos mientras espera resultados que nunca llegan con suficiente contundencia.
Si Marruecos incumple reiteradamente sus compromisos en materia de control fronterizo, España debería defender que la Unión Europea revise las condiciones comerciales aplicables a los productos marroquíes.
En particular, debería estudiarse la imposición de aranceles o medidas comerciales equivalentes a aquellas mercancías marroquíes que entren en el mercado europeo mientras persista un incumplimiento grave y verificable de las obligaciones de cooperación fronteriza.
No se trata de castigar al consumidor español.
Se trata de introducir una lógica elemental en las relaciones internacionales:
si quieres beneficiarte del mercado europeo, también debes asumir responsabilidades hacia la seguridad de ese espacio europeo.
Y España debería llevar esta propuesta a Bruselas.
Porque una cuestión fundamental debe quedar clara: Marruecos no comercia únicamente con España; comercia con la Unión Europea.
Por eso, si se considera necesario adoptar medidas comerciales, el Gobierno español debe plantearlas en las instituciones europeas y buscar el respaldo de otros Estados miembros.
Lo mismo debería aplicarse a la cooperación financiera.
Cada euro de dinero público destinado a programas de cooperación con Marruecos debería estar vinculado a objetivos concretos, medibles y verificables.
No más fondos sin condiciones.
No más acuerdos cuyo cumplimiento sea imposible de evaluar.
No más cooperación basada exclusivamente en declaraciones diplomáticas.
España debe exigir resultados.
¿Cuántas entradas irregulares se han evitado?
¿Cuántas redes de tráfico de personas se han desmantelado?
¿Cuántas operaciones de vigilancia se han realizado?
¿Cuántas personas han sido readmitidas conforme a los acuerdos vigentes?
¿Qué mecanismos existen para impedir que miles de personas vuelvan a concentrarse junto a la frontera de Ceuta?
Son preguntas perfectamente legítimas.
Y si Marruecos cumple, España coopera.
Si Marruecos no cumple, España revisa sus condiciones.
Así funciona una relación entre Estados soberanos.
El Gobierno de Pedro Sánchez debería establecer una auténtica línea roja alrededor de Ceuta.
No una línea roja retórica.
Una línea roja política.
Una entrada masiva y organizada en territorio español no puede considerarse simplemente un problema humanitario que España debe gestionar en solitario.
Debe considerarse también un problema de seguridad fronteriza.
Y la respuesta debe ser proporcional a la dimensión del problema.
Fernando Grande-Marlaska debe disponer de todos los medios necesarios para proteger la frontera.
José Manuel Albares debe utilizar la diplomacia española para exigir a Rabat resultados concretos.
Y Pedro Sánchez debe asumir personalmente la responsabilidad de establecer las condiciones políticas de esa relación.
Porque si el Gobierno considera que Italia puede ser objeto de medidas españolas cuando existen discrepancias sobre controles fronterizos, también debería estar dispuesto a utilizar todos los instrumentos legítimos disponibles cuando el problema afecta directamente a una frontera española.
Defender esta posición no significa pedir una ruptura con Marruecos.
Al contrario.
Significa defender una relación más equilibrada.
España no necesita enemigos al otro lado del Estrecho.
Necesita socios fiables.
Y la mejor forma de construir una relación estable es que ambas partes sepan exactamente cuáles son sus responsabilidades.
Marruecos debe controlar eficazmente su territorio y colaborar para impedir las entradas irregulares en España.
España debe garantizar sus propias fronteras.
Y la Unión Europea debe respaldar a los Estados miembros que protegen sus fronteras exteriores.
Pero si un socio incumple sistemáticamente sus compromisos, la respuesta no puede ser aumentar indefinidamente la cooperación y esperar que algún día los resultados aparezcan.
La cooperación debe tener condiciones.
El Gobierno de Sánchez debería trasladar a Rabat un mensaje sencillo:
España quiere seguir siendo un socio económico, político y estratégico de Marruecos.
España quiere seguir comerciando.
España quiere seguir cooperando.
España quiere seguir trabajando conjuntamente contra las mafias de tráfico de personas.
Pero existe una condición irrenunciable:
la frontera española debe ser respetada y las entradas irregulares deben ser impedidas.
Si Marruecos coopera, España coopera.
Si Marruecos obtiene resultados, España mantiene y profundiza la cooperación.
Pero si la presión sobre Ceuta continúa y los mecanismos de control fronterizo fracasan, España debe revisar las ayudas, los acuerdos y las condiciones económicas de la relación y reclamar a la Unión Europea medidas comerciales proporcionales y legalmente viables.
Porque una cosa es tener un socio estratégico.
Y otra muy distinta es financiar a un socio que no cumple con sus responsabilidades.
España no puede seguir pidiendo a los ciudadanos de Ceuta que soporten el coste de una política exterior que nunca termina de exigir responsabilidades a quien está al otro lado de la frontera.
La defensa de la frontera española no debería tener precio.
Y la cooperación con Marruecos tampoco debería ser gratuita: debe estar vinculada a resultados.
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, no es precisamente un dirigente político marginal.
Es el presidente de una ciudad española que conoce de primera mano lo que significa vivir junto a una frontera exterior de la Unión Europea.
Cuando Vivas advierte de que Ceuta está al límite y reclama una respuesta contundente, Sánchez debería escuchar.
No porque Vivas tenga siempre razón.
Sino porque él está allí.
Mientras buena parte de la política nacional observa Ceuta desde Madrid, Vivas tiene que gestionar directamente las consecuencias de cada crisis fronteriza.
Y aquí aparece otra cuestión incómoda para el Gobierno.
¿Quién está definiendo realmente la política española para Ceuta?
¿Pedro Sánchez?
¿Fernando Grande-Marlaska?
¿José Manuel Albares?
¿O depende en buena medida de cómo decida actuar Marruecos?
Porque si cada verano España necesita la cooperación marroquí para evitar una crisis fronteriza, España debe preguntarse si su política de seguridad está suficientemente preparada para funcionar incluso cuando esa cooperación falle.
Nadie sensato propone romper las relaciones con Marruecos.
España necesita a Marruecos.
Marruecos necesita a España.
La cooperación policial es necesaria. La lucha contra las mafias migratorias es necesaria. La colaboración en seguridad es necesaria.
Pero una cosa es cooperar y otra muy distinta es depender.
Y ahí es donde el Gobierno de Sánchez debería ofrecer explicaciones.
Una frontera española no puede estar sometida a la lógica de “si Rabat coopera, todo funciona; si Rabat no coopera, llega la crisis”.
La responsabilidad última sobre una frontera española corresponde a España.
No a Marruecos.
No a la Comisión Europea.
No a Italia.
Y tampoco a las circunstancias.
Fernando Grande-Marlaska tiene ahora mismo un argumento difícil de pasar por alto.
El ministro del Interior ha defendido los controles con Italia por la presión migratoria irregular y por la actividad de las redes de inmigración.
Es decir: el Gobierno considera legítimo reforzar los controles cuando existe una presión migratoria que puede afectar a España.
De acuerdo.
Pero entonces la pregunta es inmediata:
¿por qué esa misma filosofía no ocupa el primer lugar en Ceuta?
Si las redes de inmigración irregular son una amenaza, hay que combatirlas allí donde operan.
Si las fronteras deben protegerse, hay que protegerlas allí donde se producen las entradas.
Si el control fronterizo es una herramienta de seguridad, debe aplicarse con máxima eficacia en la frontera exterior española.
Y si existe una presión migratoria extraordinaria, el Estado debe anticiparse.
No esperar al colapso.
José Manuel Albares ha convertido la relación con Marruecos en uno de los asuntos más delicados de la política exterior española.
Y precisamente por eso debería responder a una pregunta esencial:
¿Qué obtiene España a cambio de su política de máxima cooperación con Rabat?
La respuesta no puede limitarse a decir que la relación bilateral es buena.
Una buena relación diplomática debe traducirse en resultados.
Y uno de esos resultados debería ser una frontera estable.
Una frontera donde no sea posible que miles de personas se lancen al mar para intentar llegar a territorio español.
Una frontera en la que las redes de tráfico de personas sean perseguidas.
Una frontera donde los ciudadanos de Ceuta tengan la certeza de que España controla su territorio.
Pedro Sánchez tiene una responsabilidad que va más allá de las relaciones con Marruecos.
Es presidente del Gobierno de España.
Eso significa que debe responder ante los ciudadanos españoles.
También ante los de Ceuta.
También ante los guardias civiles destinados en el Tarajal.
También ante los policías.
También ante los trabajadores de los servicios de acogida.
También ante las familias que viven junto a una frontera sometida periódicamente a una presión extraordinaria.
Por eso resulta tan llamativo contemplar al Gobierno desplegar una enorme energía política contra Giorgia Meloni mientras Ceuta reclama ayuda.
Sánchez puede tener una batalla diplomática con Meloni.
Pero Ceuta tiene un problema real.
Y una batalla diplomática puede esperar unas horas.
Una frontera sometida a presión no siempre.
Puede gustar o no Giorgia Meloni.
Puede gustar o no su política migratoria.
Puede gustar o no su forma de gobernar.
Pero Meloni ha entendido una regla básica de la política europea contemporánea: un Gobierno que no controla sus fronteras termina perdiendo capacidad para decidir quién entra y quién sale de su territorio.
Italia ha actuado.
Sánchez ha respondido.
Bien.
Pero España también debería actuar.
Y debería hacerlo precisamente donde tiene la responsabilidad directa: en Ceuta.
No tiene sentido convertir el control de los pasajeros italianos en un símbolo de firmeza mientras los ciudadanos de Ceuta contemplan cada semana nuevos intentos de entrada irregular.
La firmeza no se demuestra con comunicados.
Se demuestra en la frontera.
Hay algo profundamente injusto en la situación.
Cuando ocurre una crisis en Ceuta, Madrid habla de “cooperación con Marruecos”.
Cuando Italia adopta controles, Madrid habla de “reciprocidad”.
Cuando Marruecos está implicado, el lenguaje se vuelve diplomático.
Cuando Italia lo está, aparece el ultimátum.
¿Por qué?
Esta es la pregunta que Sánchez, Marlaska y Albares deberían responder.
No para justificar una ruptura con Marruecos.
Sino para explicar a los españoles de Ceuta por qué su frontera no merece exactamente el mismo nivel de firmeza política que el Gobierno está demostrando frente a Roma.
Hay que decirlo claramente.
Defender la frontera no significa cerrar Ceuta.
No significa impedir el tránsito legal.
No significa romper con Marruecos.
No significa tratar a todos los inmigrantes como delincuentes.
Significa algo mucho más elemental:
quien entra en España debe hacerlo conforme a la ley.
Y quien intenta entrar ilegalmente debe encontrar una frontera eficaz.
Eso es lo que cualquier Estado europeo razonablemente espera de sus propias instituciones.
La política migratoria de Sánchez ha cometido, a juicio de sus críticos, un error recurrente: actuar después de que la crisis haya comenzado.
En Ceuta ese error es especialmente peligroso.
Porque cada nueva crisis pone a prueba la capacidad de una ciudad pequeña.
Los datos de finales de julio fueron suficientemente contundentes como para que Juan Vivas hablase de colapso migratorio.
La respuesta debería haber sido inmediata.
Más medios.
Más planificación.
Más vigilancia.
Más Guardia Civil.
Más Policía Nacional.
Más capacidad de acogida.
Más coordinación con las autoridades locales.
Y una conversación mucho más firme con Marruecos.
No una conversación hostil.
Una conversación firme.
Porque ser firme no significa ser enemigo de nadie.
Significa defender los intereses propios.
Pedro Sánchez puede enfrentarse políticamente a Giorgia Meloni.
Puede exigirle que retire sus controles.
Puede defender la libre circulación.
Puede recurrir a los mecanismos europeos que considere oportunos.
Todo eso forma parte de la política exterior de cualquier Gobierno.
Pero hay una prioridad que debería estar por encima de cualquier pulso diplomático:
los españoles de Ceuta.
Si una ciudad española está bajo presión migratoria extraordinaria, el Gobierno debe situarla en el primer lugar de su agenda.
Si la frontera está sometida a una presión excepcional, debe reforzarla.
Si Marruecos es un socio estratégico, debe exigírsele también responsabilidad.
Y si Italia decide proteger sus fronteras, España puede discrepar, pero debería preguntarse por qué resulta tan difícil aplicar en Ceuta una parte de esa misma determinación.
Pedro Sánchez tiene ahora una oportunidad.
Puede seguir convirtiendo el enfrentamiento con Meloni en el centro del debate.
O puede mirar hacia el sur y preguntarse qué está ocurriendo en Ceuta.
Puede seguir hablando de Schengen.
O puede hablar de los ciudadanos españoles que viven junto a una frontera exterior sometida a una presión extraordinaria.
Puede seguir reivindicando la cooperación con Marruecos.
O puede demostrar que la cooperación no significa dependencia.
Puede seguir defendiendo la respuesta de Marlaska y Albares.
O puede exigirles algo más sencillo: resultados.
Porque la cuestión no es si Sánchez debe ser duro con Italia.
La cuestión es por qué no parece igual de duro cuando tiene que defender a los españoles de Ceuta.
Y esa diferencia de trato merece una explicación.
Italia tiene a Giorgia Meloni defendiendo sus intereses.
Marruecos tiene a su Gobierno defendiendo los suyos.
Ceuta tiene a Juan Jesús Vivas reclamando ayuda.
Y España tiene a Pedro Sánchez.
Ahora le toca demostrar a Sánchez de qué lado está cuando se trata de proteger una frontera española.
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